El exdirector jurídico de Imelsa confirma los incumplimientos en el call center: "Todo el mundo callaba por miedo"

El exdirectivo de Imelsa que notificó y ejecutó el cierre del call center tributario pagado por la Diputación de Valencia aseguró ayer que este contrato era "un tema muy sensible en el que todo el mundo estaba muy callado por miedo". Se tata del jurista José Luis Vera, exdirector jurídico de Imelsa-Divalterra que ayer declaró como testigo en el juicio del caso Taula por el presunto amaño del call center ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia. 

Vera fue quien comunicó a la empresa adjudicataria Servimun que el contrato no se prorrogaría más allá del 31 de diciembre de 2015. Era una de las patatas calientes que se encontró el nuevo gobierno de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de Valencia cuando la coalición entre PSPV, Compromís y Podem-EU cogió las riendas de la institución provincial a partir de julio de 2015. Vera llegó el 8 de julio de 2015 a Imelsa. "Igual fue una mala decisión mí", se sinceró ante el tribunal. Encontró una empresa pública que era como un campo de minas. Y con "titulares con Imelsa como organización criminal. Y problemas de la empresa a nivel laboral y político". El caso Taula aún no había estallado (lo hizo el 26 de enero de 2016) pero sí habían trascendido las grabaciones que hizo Marcos Benavent, el yonqui del dinero.  

El exdirector jurídico de Imelsa explicó que fue la entonces directora de Recursos Humanos, María Escrihuela, juzgada en la pieza de los zombis del caso Taula que hoy declarará como testigo, quien le puso "en conocimiento del tema de Servimun y el call center: un contrato con un montón de incumplimientos, que había comunicado al gerente de Imelsa y con el presidente de la diputación [Marcos Benavent y Alfonso Rus]". Esta advertencia fue lo que llevó a los nuevos responsables de Imelsa a "estudiar más a fondo este contrato que finalizaba el 30 o 31 de diciembre de 2015, salvo que se prorrogara". Sobre el call center la conclusión a la que llegó Vera es que "Servimun no cumplió ni una sola de las cosas que había ofertado como mejoras. Todo lo hicieron trabajadores de Imelsa", declaró el jurista en calidad de testigo.  

Así que en septiembre de 2015 remitió una carta al responsable de Servimun, Fernando Palomares, para comunicarle con suficiente antelación que el servicio no iba a prorrogarse. La respuesta fue el silencio. Y advertencias desde su entorno. "Me vinieron a decir que tuviera cuidado con este tema porque Mariano López estaba colaborando con la Fiscalía. Existía tensión sobre la situación, porque el caso Imelsa entonces, y después Taula, podía afectar a cualquier partido", explicó Vera. El contrato finalmente se extinguió en diciembre de 2015. 

Al exdirector jurídico de Imelsa-Divalterra sí le constaba que el empresario de Xàtiva Mariano López, acusado en esta causa, "había ido a interceder con el diputado de Hacienda, con el jefe de gabinete del presidente, otros miembros del gabinete y hasta un consejero de Compromís. Me constaba porque ellos mismos me lo decían como para decirme: 'Mira a ver qué haces’".

El contrato finalmente se extinguió en diciembre de 2015. Aunque Vera ha explicado que como no obtenía ninguna respuesta por parte de Servimun a la carta que envió en septiembre de 2015 decidió personarse en la sede del call center. "Yo temí que si la carta no tenía un refrendo físico real, de presencia o cierre real, alguien provocara una prórroga de carácter tácito". De ahí que, ha explicado, "me personé en el centro, con el director financiero, pedí levantar acta de cierre del local y de retirada de los instrumentos. En ese momento hablé con Palomares. Mantenía que el acta no se iba a firmar. Y que hasta las doce de la noche no se acababa el plazo, por lo que intercambiamos unas palabras gruesas entre Palomares y yo". La empresa cesó su actividad el 31 de diciembre de 2015.

En la sesión de ayer también declaró como testigo otra teleoperadora del 'call center' que confirmó lo adelantado por sus compañeras, que trabajaba por las mañanas, que no organizaban citas previas con las personas que llamaban ni campañas masivas de información sobre el servicio, no hacían domiciliaciones bancarias. Otro de los testigos fue miembro de la mesa de contratación del 'call center' a petición de su jefe, Ricardo de Ángel, cuando ejercía de técnico y responsable de la oficina de Valencia del servicio de Gestión Tributaria. En las reuniones de la mesa de contratación, explicó, "corroborábamos informes y baremación y decidíamos si estábamos de acuerdo", explicó. Aunque confirmó que él no examinó la solvencia ni hizo valoraciones de las empresas: "A mí eso me venía grande. Me fié del criterio de quiénes estaban allí, como el responsable de Administración de Imelsa o el responsable económico", indicó. Preguntado por si la mesa de contratación era un 'paripé', respondió: "A veces he pensado que realmente si hubo algo, yo fui un idiota porque no me dí cuenta de nada. Para mí fue un proceso de lo más limpio, pero esa fue mi apreciación", puntualizó.

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