TRIBUNALES

La Audiencia de València autoriza a Zaplana a abrir una cuenta tras 5 años de bloqueos bancarios

El caso Erial cumple cinco años desde la detención del exministro de Trabajo con la fase preparatoria del juicio en pausa desde que el magistrado recusado abandonó la sección cuarta

Zaplana, durante la entrevista con 'Salvados'.

Zaplana, durante la entrevista con 'Salvados'.

Laura Ballester

La sección cuarta de la Audiencia de València ha autorizado al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria, según ha podido saber Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, de fuentes conocedoras de los hechos. Zaplana, como sucede con los principales procesados en el caso Erial, tienen todas las cuentas bloqueadas desde 2018, cuando estalló el caso Erial. Una efeméride de la que se cumplen cinco años el próximo lunes. 

El 22 de mayo de 2018, a las 8.40 horas de la mañana, el mundo se paró en seco para el expresidente de la Generalitat, cuando agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al exjefe del Consell en su vivienda de la calle Pascual y Genís de València. Junto a Zaplana fueron detenidos personas de su círculo más cercano de colaboradores y sus presuntos testaferros. 

Tras la instrucción, que se inició el 20 de noviembre de 2015 y finalizó en octubre de 2022, el Juzgado de Instrucción 8 ha mantenido amarrado el decomiso de las cuentas bancarias de 12 investigados (que acumulaban 5,2 millones) más otros 245.915 euros en efectivo que se intervinieron durante los registros. A estas cantidades se suman los 6.734.026,1 euros entregados por el supuesto testaferro uruguayo de Eduardo Zaplana, Fernando Belhot.

Y ha sido ahora, casi cinco años después de su detención, cuando la sección cuarta de la Audiencia de València ha autorizado al exministro Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria, que estará bajo supervisión judicial.  En un auto firmado por el presidente de la sección, Pedro Castellano, y las magistradas Isabel Sifres y Pilar Mur, la sala "autoriza al peticionario [Zaplana] la apertura de una cuenta corriente bancaria en (identifica un banco, que este periódico omite) o en cualquier otra entidad financiera ubicada en territorio nacional, destinada al ingreso de su pensión y otros haberes, domiciliación de recibos, tarjetas y pagos ordinarios". 

Una medida que la sección cuarta asegura que adopta "dada su compatibilidad con las medidas de aseguramiento de las responsabilidades civiles ya acordadas y su congruencia con la libertad de acción laboral y económica concedida al acusado hasta la fecha, sirviendo el presente proveído de documento de uso en la solicitud contractual". Un detalle este último importante ya que, al estar investigado Zaplana por presunto blanqueo de capitales, las entidades bancarias plantean problemas para abrir cuentas. De hecho, la providencia firmada por los tres magistrados advierte que "el peticionario deberá participar a este Tribunal inmediatamente los datos de la cuenta abierta, a fin de poder recabar de la entidad bancaria información mensual detallada sobre el contenido de sus movimientos".

Sin fecha para el juicio

Zaplana y las 14 personas procesadas en el caso Erial siguen pendientes de que se fije la fecha del juicio para ser juzgados por los presuntos delitos de "organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público". 

Aunque la fase preparatoria del juicio sigue prácticamente en pausa desde que la causa recayera en la sección cuarta a principios del pasado mes de febrero. Un retraso que supuestamente se debe a que en los primeros pasos de trámites previos a organizar el juicio, se produjo el incidente entre el ponente designado para el juicio, el magistrado José Manuel Megía Carmona, y el abogado Vicente Grima, enfrentados desde los años 90 por una denuncia de presunto cohecho contra el juez, que acabó archivada. 

Un culebrón que se prolongó durante mes y medio ya que el magistrado Megía Carmona se abstuvo, pero la sección cuarta rechazó que se apartara. Aunque finalmente fue recusado por el abogado Vicente Grima. El magistrado decidió no sólo apartarse del caso Erial, sino abandonar la sección cuarta de la Audiencia de València. El magistrado optó a un traslado y se le adjudicó provisionalmente el Juzgado de lo Penal 4 de València (curiosamente el que ocupó Pedro Castellano en los años 90). La vacante en la sección cuarta aún no ha sido ocupada. 

Unas vicisitudes que han provocado que las veinte defensas y la acusación aún no se hayan reunido con la sala para fijar un calendario de vistas o decidir las pruebas o testimonios que se admiten o rechazan. Como sí ha hecho, por ejemplo, la sección segunda de la Audiencia de València en el juicio de la pieza A del caso Taula que juzgará a Alfonso Grau y tres personas más. El ponente de este juicio, el presidente de la sección segunda, José Manuel Ortega, ya ha decidido la prueba testifical, pericial y documental y ha citado a las partes el 2 de junio para decidir el calendario, después de que recayera por reparto en esta sección el citado juicio el pasado mes de abril.  

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