El yonqui del dinero revela que la fiscalización al "call center" provocó la filtración de las grabaciones del caso Taula

Los problemas surgidos en el "call center" o centro de llamadas tributarias de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia, fueron el detonante para que el empresario de Xàtiva, Mariano López, entregara las grabaciones que originaron el caso Taula a la entonces diputada provincial de EU, Rosa Pérez Garijo, según declaró ayer el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que ayer declaró ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia. 

Según Benavent, que se autodefinió como un "yonqui del dinero", aseguró que su exsuegro filtró las grabaciones de presuntas prácticas corruptas cuando Imelsa amenazó a Servimun con rescindir el contrato de atención telefónica que tenía adjudicado. En 2014 habían comenzaron a fiscalizar a la empresa Servimun, para la que Mariano López trabajaba como "asesor externo", según la declaración del empresario, también juzgado en esta causa. 

Benavent admitió que se detectaron "deficiencias en el servicio [del call center]. Y eso creó tensión a nivel interno. Pedimos explicaciones a Servimun e informes externos". En medio de esa "tensión", el exgerente de Imelsa relató que "teníamos a Rosa Pérez Garijo [que había votado en contra], preguntando por el servicio. Se tuvo que dar respuesta. Y vino todo lo que vino. Para amortiguar esa tensión, Mariano López le llevó las grabaciones", que originaron el caso Taula. Supuestamente a cambio de que no "apretara" con el call center y sólo se fijara en las presuntas irregularidades que revelaban las grabaciones.  

Sobre la relación con su exsuegro, Benavent sostuvo que "no existía". De hecho, puntualizó que "la separación con mi exmujer fue normal, no hubo tensión. Pero con este señor (en referencia a su exsuegro) no sé que le pasó, al haber tensiones en el servicio [del call center] y que se le podía desmontar lo que tenía montado, no sé lo que le pasó, pero se volvió loco y tiró por la calle del medio. Este hombre se lo llevó a todo a Rosa Pérez y así estamos", justificó. 

Reniega de sus declaraciones

El yonqui del dinero también se desdijo de sus cinco declaraciones anteriores, realizadas cuando colaboraba con los investigadores del caso Taula, en las que confirmó que la adjudicación del contrato del call center estuvo amañada para que recayera en la empresa Servimun.

Benavent, que sólo contestó a las defensas, aseguró que confesó este supuesto amaño porque "la intención de mi exdefensa era incluir a la mayor parte de gente, como Alfonso Rus, el Partido Popular y todo lo que pudiéramos meter", respondió al letrado que defiende al exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia. 

En respuesta a su nuevo abogado, Benavent quiso distanciarse de la adjudicación del call center. "Yo no estoy en la mesa de contratación ni tengo que ver con la contratación ni la adjudicación". También aseguró desconocer cualquier detalle anterior. "De la fase previa no conozco nada. Sólo sé que se nos encomienda la gestión de crear un call center. Pero no tengo nada que ver con la encomienda de gestión". Igualmente desmintió que recibiera en su despacho a los empresarios Fernando Palomares (propietario de Servimun) y a Mariano López (su exsuegro) antes de la adjudicación del contrato. "Me entero cuando se les adjudica", que iban a ser los que ponían en marcha el centro de llamadas de atención tributaria. 

Ante la evidente contradicción con sus anteriores declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se leyeran o visionaran los fragmentos de sus confesiones ante la UCO de la Guardia Civil o el Juzgado de Instrucción 18 en las que confesaba el amaño. Así, Benavent pudo escuchar en la voz de la presidenta del tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València o en su propia voz, cómo en una grabación del 8 de marzo de 2016 "admitió que no asistía a las mesas de contratación de Imelsa porque "estaban todas amañadas".

De hecho, sobre Servimun, Benavent declaró el 1 de junio de 2015 que "el contrato se adjudicó a dedo". Y que su exsuegro "actuó de intermediario ante Rus para que la adjudicación fuera a Servimun". Un proceso en el que "se valieron de Deusa [funcionario de la Diputación], que confeccionó los pliegos". Además de admitir que "ejerció presiones en los directivos" y "firmaba la facturas de Servimun antes de que se manifestaran los servicios".

Un servicio que, según sus confesiones iniciales, fue un desastre. "La infraestructura, el gasto y el soporte técnico lo asumió Imelsa. Incluso el personal de informática para mantener el funcionamiento del call center. También se dieron nombres de personas para ser contratados en el centro de llamadas", como el excuñado de Benavent. "Servimun solo ponía el personal y no podía cumplir con el objeto del contrato". El contrato se mantuvo durante tres años, desde 2013 a 2015, porque la adjudicación a Servimun fue "un favor" a su exsuegro. "Fue una adjudicación amañada porque Salvador Deusa es íntimo de Mariano López. Servimun era una empresa sin experiencia de gestion tributaria". El proceso de licitación provocó "grandes tensiones porque se presentaban empresas con gran experiencia. Pero Deusa forzó el procedimiento", según las declaraciones de Benavent de las que ahora reniega.

Cuando la diputada provincial de EU, Rosa Pérez Garijo, solicitó el expediente, el nerviosismo se extendió en Imelsa porque, según declaró Benavent en 2016, "el expediente era muy deficitario. Con los nombres de los técnicos escritos a bolígrafo. La situación provocó muchas tensiones. Surgieron comentarios de ir a la Fiscalía. Y de ahí surgió el acuerdo de Rosa [Pérez Garijo] con Mariano [López, su exsuegro] de no denunciar [el call center] a cambio de las grabaciones". 

Al ser interrogado por la presidenta del tribunal de la sección quinta que lo juzga por estas evidentes contradicciones, Benavent se limitó al guión que repite desde octubre de 2021. "He dicho muchas cosas como estrategia de defensa para perjudicar a todo el mundo, Y Mariano era pieza para perjudicarlo. Mi intención era perjudicar a todo el mundo. Y en este caso [mi objetivo] era perjudicar a mi exsuegro. Aunque me supo mal que salpicara a mi exsuegra. Provoqué para dañar a Mariano Lopez, tenia que perjudicar a todos: a Mariano, a Rus y al PP porque era mi estrategia de defensa". Y lamentó "el daño que ha provocado [su exuegro] por no haber consentido que me dejara coger mi disco duro" donde estaban las grabaciones que originaron el caso Taula. Y, la coletilla que introduce sin que nadie le pregunte, "el registro ilegal del despacho de mi exabogado" y que desencadenó el inicio del caso Erial, al encontrar la primera hoja de ruta que implicaba a Eduardo Zaplana.

Ayer también declaró otro funcionario de la diputación juzgado en esta causa que negó el presunto amaño. El juicio continúa hoy con la declaración de los dos agentes de la UCO de la Guardia Civil que elaboraron el primer informe sobre el call center. 

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