Tramitación parlamentaria

El PSOE echa el cerrojo a la ley de vivienda y el Congreso la aprobará sin más cambios

Es extraño que un grupo quiera cambiar una ley sobre la base de una propuesta de otro grupo

Patxi López.

Patxi López.

Ángel Alonso Giménez

Estos días de espera antes de la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, lo que tendrá lugar este jueves, se han caracterizado por una “no maniobra”. Unidas Podemos retiró todas sus enmiendas a la norma la semana pasada con el fin de agilizar la votación final, pues se habían acumulado cientos de enmiendas pendientes de sus respectivos votos. Unos días después, anunció que está intentando incluir un precepto para limitar el número de pisos turísticosen las futuras zonas tensionadas del país (mucha demanda, poca oferta, precios altos de compra y alquiler).

Para hacerlo, tenía que apoyarse en enmiendas de grupos diferentes. Es extraño que un grupo quiera cambiar una ley sobre la base de una propuesta de otro grupo. Por regla general, se toma como referencia la propuesta propia. El caso es que Unidas Podemos buscó entre las enmiendas vivas un punto de partida. No lo ha tenido fácil.

Porque también retiraron las suyas ERC y EH Bildu, los grupos con los que más sintonía ha tenido la confluencia de la que es portavoz Pablo Echenique. Hubo de bucear, por tanto, entre las enmiendas de formaciones como Más País, Compromís y BNG. No hay más variedad porque las que el pleno votará este jueves provienen de formaciones como el PP, Cs, PNV o PDeCAT, que son completamente reacias a aprobar una norma como la que el Gobierno ha impulsado, por no decir disconformes.

"Polémica desenfocada"

Este martes, el propio Echenique, en la tradicional rueda de prensa de los martes, confirmó que se habían dirigido al PSOE para informarles sobre sus intenciones: introducir “una limitación a las plazas turísticas en zonas tensionadas”, y con ello, “evitar que se conviertan en una vía de escape para la regularización de los alquileres residenciales”. Explicó el portavoz de Unidas Podemos que en las zonas “masificadas”, en las que los precios están subiendo más, el número de pisos destinados a alquiler turístico es “alto”. No ayuda algo así a contener la escalada. 

Previamente, el diputado de EH Bildu Oskar Matute, uno de los negociadores más destacados de la ley de vivienda, preguntado por la pretensión de los “morados”, recordó que no quedaban enmiendas de la confluencia que discutir. Echenique, cuando se le recordó esta observación, contestó: “No será un problema de técnica legislativa, sino de voluntad política”.

Pues voluntad política no ha habido. El PSOE ha echado el cerrojo a la norma y no quiere más cambios. La secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Isaura Leal, subrayó este martes que lo que iba a analizar el pleno, antes de proceder a la votación, era el dictamen enviado por la Comisión. A ese texto había que ceñir la discusión. Traspasar sus contornos no era buena idea. “Hemos llegado a los máximos que podíamos alcanzar en una ley estatal”, enfatizó acto seguido.

Leal dejó entrever la complejidad de la negociación sobre la ley de vivienda, y no sólo por los frecuentes choques entre PSOE y los demás aliados de izquierdas que se produjeron durante su desarrollo, sino además por la fina ingeniería que han tenido que efectuar los interlocutores para intentar no vulnerar los marcos competenciales de las autonomías y de los ayuntamientos. Al final, como casi siempre, todo queda sujeto a interpretación. El PNV cree que hay invasión competencial. El PDeCAT, también. Y el BNG, que es más de izquierdas que las dos organizaciones citadas.

Leal, en definitiva, dijo que controlar los pisos turísticos no es un ámbito en el que pueda entrar el Congreso. La competencia la tienen las comunidades y los consistorios. Matute fue cristalino. Tras acusar al PNV de causar “una polémica desenfocada”, señaló que la regulación al respecto sólo pueden efectuarla los gobiernos autonómicos mediante normativas de ordenación del territorio, o los propios ayuntamientos a través de planes de regulación urbana y/o planes de actuación urbanística. Puso ejemplos.

Donosti, en marzo de este año, decidió suspender la concesión de licencias para pisos turísticos durante un año, prorrogable. Bilbao, en cambio, ha establecido que no podrá haber pisos para alquilar a turistas por encima de la primera planta y nunca podrá haber más de uno por bloque. Aunque en el grupo socialista reconocieron la conveniencia de la aportación, optaron por repeler cualquier cambios. Aceptar uno podría haber envalentonado a Unidas Podemos. 

Intentarlo hasta el final

Fuentes parlamentarias indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que incluso durante este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales insistió en su empeño. Añaden que el PSOE se negó de plano. El departamento de Ione Belarra ha asumido que el texto está absolutamente blindado. Mejor retirar cualquier iniciativa al respecto, como se barajó, que presentarla en el plazo fijado para que se votara en el pleno, 24 horas antes, y arriesgarse a una derrota. 

Por negarse, el PSOE hasta ha negado correcciones técnicas. Hay una enmienda para modificar los artículos relacionados con el aumento de viviendas protegidas dentro de las nuevas promociones, de manera que se ciñera sólo a estas, a las nuevas, no a las que estén ya planificadas administrativamente. No entrará.

Como tampoco entrarán las dos que Más País transaccionó a última hora para intentar la regulación de los pisos que se alquilan por temporadas, ya que aquí ve “una grieta” la formación de Íñigo Errejón por la que pueden colarse los grandes propietarios y escapar, en consecuencia, de la regulación general del alquiler. También va a defender una propuesta para que el Sindicato de Inquilinos esté representado en las negociaciones con las empresas propietarias de los inmuebles. 

El Congreso, por tanto, tras una votación que se prevé larga, porque quedan decenas y decenas de enmiendas vivas, votará el dictamen. Lo hará sin novedades. El PSOE lo ha impedido.

Y lo hará con votos suficientes, los del grupo socialista, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe. Cabe reparar en las abstenciones de BNG y previsiblemente del PNV, pues son siete escaños que no engordarán el sector del "no" a la ley. El proyecto viajará entonces al Senado, en donde habrá un trámite exprés con una finalidad evidente: la aprobación de la norma antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.