Las 7 preguntas que Carles Puigdemont quiere que el Tribunal Supremo haga a la justicia europea

El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su abogado, Gonzalo Boye, llevan tiempo pensando en el regreso a España del líder del 'procés', declarado en rebeldía desde que en 2017 huyó de la justicia española. Pendientes aún de la decisión que adopte el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de la que goza por ser parlamentario europeo, no pierden oportunidad alguna para tratar de abrir nuevos frentes judiciales. Ahora, en el recurso con el que queman el último cartucho que tienen en España para anular la orden de detención nacional que pesa contra él, plantean la necesidad de elevar siete nuevas preguntas a la justicia europea.

¿Es equiparable su inmunidad a la de los diputados y senadores españoles?

En su recurso contra la confirmación de su procesamiento, Puigdemont alega que las cuestiones prejudiciales son de obligada interposición cuando tratan de asuntos del Derecho de la Unión sobre el que aún no se ha pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En este caso, intenta desmontar el principal argumento del instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, que siempre se remite a la inmunidad de los parlamentarios españoles (diputados y senadores) para defender su actuación contra Puigdemont, procesado por desobediencia y malversación en su modalidad más grave, y con una orden de detención nacional en su contra en vigor.

¿Es obligatorio volver a pedir autorización a la Cámara?

El juez sostiene que no tiene que volver a cursar un nuevo suplicatorio y pedir autorización al Parlamento Europeo para ajustar el procesamiento de Puigdemont a la nueva redacción del Código Penal, porque esa medida se pensó para evitar que se pueda alterar el funcionamiento de la Cámara, no para huir de procedimientos penales anteriores. Como a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se les procesó en marzo de 2018 y no adquirieron la condición de europarlamentarios hasta junio del 2019 -Ponsatí en enero de 2020-, Llarena entiende que no es necesario volver a solicitar autorización para cambiar la acusación a la que se enfrentan en España.

La defensa sostiene, en cambio, que la inmunidad que les confiere el escaño hace obligatoria la petición de una nueva autorización al modificarse los delitos por los que están procesados. Y dos de las preguntas que propone dirigir al TJUE se refieren a esta cuestión, aunque la última respuesta del tribunal europeo sobre euroórdenes fuera contraria a los intereses de los huidos, porque estableció que no se puede rechazar una entrega sin vulneraciones sistémicas de derechos en el país que hace la reclamación.

¿Una orden nacional de detención viola su inmunidad?

La discrepancia entre los argumentos del juez y la defensa en relación con la orden nacional de detención llevan a esta a pedir aclaraciones al TJUE en tres preguntas. Puigdemont sostiene que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2002 sobre Bélgica y el Congo determinó que "la mera emisión o libramiento de una orden de detención respecto de una persona que goza de inmunidad vulnera dicha inmunidad, con independencia de que la orden emitida llegue o no a ejecutarse".

No obstante, el recurso obvia que precisamente el alcance del privilegio del que goza Puigdemont en este sentido está pendiente de ser resuelto en cuestión de semanas por el TGUE. El propio 'expresident' demandó al Parlamento Europeo por no haberle defendido suficientemente al conceder el suplicatorio cursado contra él por Llarena y la sentencia que se dicte será clave para su regreso a España.

¿Vulnera el principio 'non bis in idem' el procedimiento del Tribunal de Cuentas?

La séptima pregunta para la justicia europea que plantea Puigdemont se refiere al procedimiento por responsabilidad contable que tiene abierto el Tribunal de Cuentas contra él y otras 34 personas por el perjuicio económico que su actuación en el 1-O y con la acción exterior de la Generalitat pudo generar a la administración catalana. Boye ya argumentó sin éxito ante el órgano contable y ante Llarena que compaginar ambos proyectos supone vulnerar el principio "non bis in idem", que impide juzgar y condenar a una persona dos veces por los mismos hechos.

En su último auto, el magistrado argumentó que ambos procedimientos se complementan. Explicó que el de responsabilidad contable únicamente analiza los supuestos en los que el encargado de unos fondos públicos está obligado a retornarlos, sin derivarse de ello ningún castigo penal o, en su caso, disciplinario. La sentencia dictada en octubre de 2019 por la Sala de lo Penal del Supremo contra los líderes del 'proces' que permanecieron en España derivó al Tribunal de Cuentas el establecimiento de la responsabilidad civil por la que también debían responder por su actuación.

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