Ximo Puig considera “irrenunciable” el trasvase Tajo-Segura y reclama la suspensión cautelar del recorte

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcado el carácter “irrenunciable” del trasvase Tajo-Segura y ha reiterado que la Comunidad Valenciana va a defender “ahora y siempre los intereses de los regantes” con los mecanismos jurídicos que estén al alcance del Gobierno valenciano.

Puig, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación, ha confirmado que la Generalitat ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.

El escrito de apelación enviado hoy al alto tribunal pide que dictamine la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, por tratarse de una "decisión arbitraria" que no se fundamente en criterios técnicos.

Como ha indicado el presidente, el recurso se dirige hacia aquellos “aspectos lesivos a los intereses de la Comunidad Valenciana” que figuran en el real decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura y, en particular, contra la nueva disposición adicional novena, que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.

Puig ha pedido además establecer un marco de diálogo que garantice “agua para siempre”, que ofrezca “certidumbre” a un sector fundamental como es la agricultura” y que esté alejado de “aspavientos y guerras del agua que solo producen barro y fractura”.

En el recurso se pide al Supremo que suspenda cautelarmente la aplicación del escalonamiento previsto en la aplicación de los caudales ecológicos fijados por el apéndice V del real decreto en los tramos del eje del Tajo desde el embalse de Bolarque hasta Valdecañas para los ejercicios 2026 y 2027.

El Consell entiende que es necesario que el alto tribunal dictamine la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, por considerar que responden a decisión arbitraria que no se fundamenta en criterios técnicos.

En este sentido, el Gobierno valenciano solicita que los caudales ecológicos se establezcan, a partir de 2026, en función del estado ambiental que presenten las masas de agua, de tal manera que si ese estado ambiental es favorable no sea necesario incrementarlos.

Ximo Puig ha manifestado que, tal y como se puso de manifiesto en la reunión que mantuvo este martes con representantes de las comunidades de regantes, el Consell tiene acordada una “estrategia clara” con los regantes que pasa por esta “defensa irrenunciable” del trasvase en el ámbito jurídico, pero también por mantener “un espacio de diálogo a través de la comisión de seguimiento”, de manera que se apliquen las medidas positivas en inversiones que figuran en dicho real decreto, dado que realiza “una aportación importantísima de mejora sustancial para el Tajo y también para la cuenca del Segura”. 

“La defensa del agua para siempre es un elemento clave de nuestra economía”, ha remarcado el jefe del Consell, que ha recordado el “gran esfuerzo” que se viene realizando en la Comunidad Valenciana desde hace años en modernización de riegos y en depuración y reutilización de recursos hídricos.

También ha incidido en los avances del sector agrícola en modernización, reutilización y uso responsable del agua, y por eso es por lo que se apela a la defensa del Trasvase Tajo-Segura, tanto en el ámbito jurídico como en el de la negociación. 

Respuesta a las críticas

Respecto a las críticas surgidas por aceptar en el recurso los 7 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico en lugar de los 6 anteriores al real decreto, desde el Gobierno valenciano se ha querido puntualizar que la fuerza de la apelación se centra en evitar los recortes futuros fijados por el Plan del Tajo, que alcanzarán los 8 metros cúbicos/segundo en 2026 y los 8,65 metros cúbicos/segundo en 2027.

Fue el pasado 11 de febrero cuando entró en vigor el primer recorte de agua trasvasada de 7 metros cúbicos/segundo para destinarlo a caudal ecológico hasta el 31 de enero de 2025. Es una medida legal contemplada por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero que, según los estudios realizados en la propia cuenca, no supondrían ningún desequilibrio ambiental, social ni agrícola. De ahí que la Administración autonómica haya decidido centrar su estrategia legal en mantener los 7 metros cúbicos por segundo que, por otro lado, tampoco es una medida nueva. Ya fue propuesta por el Consell, como solución intermedia, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía fijar el caudal ecológico por encima de los 8 metros cúbicos/segundo.