Caso Cuarteles

El empresario imputado en el 'caso Cuarteles' admitió al juez la existencia de facturas falsas

Ángel Ramón Tejera de León, imputado por las reformas sospechosas en cuarteles de la Guardia Civil, reconoció haber justificado con facturas falsas fechadas en Ávila el pago de unas obras en Badajoz

El teniente general Jarava jura bandera por última vez antes de su retiro, en un acto en Valdemoro, en diciembre de 2017.

El teniente general Jarava jura bandera por última vez antes de su retiro, en un acto en Valdemoro, en diciembre de 2017.

Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Juan José Fernández

El constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', cuyas empresas recibieron al menos 3,3 millones de euros en adjudicaciones presuntamente irregulares para obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil, confirmó en una declaración en sede judicial "la existencia de importes de facturas que no se correspondían con lo que realmente fue ejecutado", según un auto de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 20 de febrero, al que tuvo acceso este diario.

Tejera de León admitió, en relación a las obras de los acuartelamientos de Las Navas del Marqués y de Sotillo de la Adrada (Ávila), que "en lugar de abonar a S. unas obras realizadas en Badajoz, se hizo mediante dichas facturas en Ávila". El obrero que hizo los trabajos afirmó que Tejera de León le pidió sus datos para hacer él mismo las facturas y enviarlas a dicha Comandancia: "Y que lo hizo así, ya que Ángel Ramón le debía un dinero y, según le dijo, era una forma rápida para que se lo pagara", se destaca en el mencionado auto.

Sin embargo, en una entrevista concedida al diario La Provincia, editado como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por Grupo Prensa Ibérica, 'Mon' negó estos hechos: "A mí no me han llamado de los juzgados y nunca he ido a declarar ante un juez. A mí me enseñaron que si tienes un problema te llama el juzgado. [...] Hablan del caso Mediador pero nunca me ha llamado nadie. Y en este caso, hay una investigación abierta para mirar si las obras en los cuarteles están hechas o no están hechas. Yo estoy aquí, trabajo en Canarias, y el día que quieran verme, que me llamen de los juzgados", dijo al diario.

Facturas sin obras

En la mencionada resolución de 20 de febrero, el magistrado Juan Bautista Delgado Cánovas destaca que una agente dijo tener noticia de que su puesto policial se iba a beneficiar de una descentralización de crédito, es decir, que la Comandancia iba a destinarles determinados fondos. Esta decisión le "sorprendió", pues no habían reclamado esas cantidades de dinero.

La testigo fue informada de que Tejera de León iba a acudir a su cuartel porque se le había encomendado pintar el edificio y que, en ocasiones, entregaba "los presupuestos y las facturas" a la vez. Estas últimas se reenviaban "directamente" para que las visara el teniente coronel Carlos Alonso, máximo responsable de la Comandancia de Ávila, y uno de los cuatro imputados en la causa. Finalmente, la agente confirmó que se pagaron facturas "sin que se hubiesen realizado las obras".

También un informe de Asuntos Internos del año 2020, que obra en el Juzgado de Madrid que investiga los hechos, pone de manifiesto que un cabo primero de la Guardia Civil, comandante del Puesto de Navarredonda de Gredos, declaró que los operarios que realizaron las obras se trasladaron al cuartel "

", y que los propios guardias civiles les tuvieron que explicar dónde debían ir para comprar el material y "alquilar la maquinaria", dado que tampoco llevaban las herramientas necesarias.

Reconoció su firma

Las pesquisas llevadas hasta el momento constatan la existencia de 12 facturas de trabajos de pintura emitidas por Angrasurcor, S.L. y Solocorcho, S.L., empresas administradas por Tejera de León. Estos recibos aluden a supuestas obras en los acuartelamientos de Arévalo, Candeleda, Piedrahita, Muñogalindo o Barco de Ávila, fechados el 8 y 9 de noviembre de 2016, y que fueron aceptados el 9 de noviembre de 2016. El propio teniente coronel Carlos Alonso reconoció su firma en los documentos durante su declaración ante el juez.

Además, un informe pericial encargado desde el juzgado de Ávila, que inicio la investigación sobre los cuarteles antes de que fuera traspasada a Madrid, alertó de "desviaciones entre lo facturado y abonado, y lo ejecutado en muchas de las obras" hechas por las sociedades de 'Mon'. Esas obras fueron certificadas por el teniente coronel Alonso, a quien el Jefe de la Unidad de Gestión Económica atribuye la autoría de estas operaciones, que podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y de malversación.

Por correo electrónico

El testigo que responde a las iniciales M. L. F. también apuntó a Carlos Alonso cuando aseguró que fue este teniente coronel quien informó de que disponían de un crédito para realizar las obras. El agente confesó que se habían hecho facturas "sin haberse ejecutado las obras contratadas" y que el oficial le dijo que tenían que ser facturadas en pequeñas cantidades. Este 'modus operandi' debía de ser conocido por el constructor canario, dado que siempre acudía al puesto con facturas inferiores a esta cifra.

El agente A. M. R. relató, por su parte, que de la contratación de las obras de Ávila se encargaba Carlos Alonso y que le extrañó que estuvieran adjudicadas siempre al mismo empresario. Tampoco consideraba normal que coincidiendo con la llegada de final de año (relevante para cerrar el ejercicio de facturación) se liberase una cantidad de crédito como la que se realizó, que fue de 120.000 euros. También en este caso las facturas las firmaba Alonso, porque le llegaban directamente a él.

"La inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro, así como la discordancia entre los trabajos realizados y su contenido, sustenta, con la provisionalidad propia del momento procesal, el mantenimiento de la condición de investigado del apelante", concluyeron los magistrados de la Audiencia madrileña, que rechazaron la pretensión de Alonso, imputado en Madrid, de que se archivara la causa.

El empresario canario es uno de los cuatro encausados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid en el marco del 'caso cuarteles' que investiga presuntas irregularidades en obras de reforma y reparación en edificios de la Benemérita en 13 comandancias españolas.