Anticorrupción pide más de 3 años de cárcel para el exembajador en Venezuela por delitos fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de tres años y medio de cárcel y una multa de 378.700 euros para el exembajador en Venezuela Raúl Morodo, y de ocho años y medio de prisión y multas millonarias para su hijo Alejo y la mujer de este último, Ana Varandas, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

Además, el Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, reclama a Raúl Morodo 126.222,23 euros en concepto de indemnización a Hacienda por "la defraudación cometida en la declaración del IRPF del ejercicio 2014".

Así, interesa las mayores penas para Alejo Morodo y Varandas. Además de los 8 años y 6 meses de cárcel, al primero le pide una mula de 3,7 millones de euros, "con arresto sustitutorio si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 años"; y a la segunda, de 3,8 millones de euros, igualmente con "arresto sustitutorio".

También pide a Alejo Morodo y a Varandas indemnizaciones al fisco por más de 932.000 y 435.970 euros, respectivamente. En el caso del hijo del ex embajador, solicita el decomiso de "las ganancias ilícitamente obtenidas" por valor de 342.787 euros, debido a "las cuotas dejadas de ingresar en la Hacienda Pública durante los años 2011 y 2012", y de un inmueble ubicado en Madrid.

"Cuantiosas rentas"

La Fiscalía pone el foco en su escrito entre los años 2007 y 2015, cuando Alejo Morodo habría centrado su "actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional", que le habrían generado "cuantiosas rentas".

Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de "relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España" para así iniciar "una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014".

"Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ?IRPF? le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades", sostiene el Ministerio Público.

En la "ejecución de esta ilícita actuación", indica Anticorrupción, "participaron Ana Varandas y Raúl Morodo". En el caso del exemabajador, añade la Fiscalía, "también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades".

Así las cosas, y "como consecuencia de esta ilícita actuación Alejo y Raúl Morodo superaron la cuota exigible para el delito fiscal ? 120.000 €? en los ejercicios fiscales de los años 2011 a 2014 el primero de ellos y en el ejercicio del año 2014 el segundo, si bien solo se dirige acusación por los ilícitos cometidos en los ejercicios 2013 y 2014 al ser los únicos no prescritos al tiempo de incoarse las presentes diligencias".

La Fiscalía explica que "en la defraudación cometida en el ejercicio 2013 participó Ana Varandas". "Por su parte en el ejercicio 2017 Varandas adquirió de sendas sociedades portuguesas dos inmuebles sitos en Madrid y en Lisboa por precios convenidos muy inferiores a su valor real, satisfechos en parte con fondos que fueron ocultados a la Hacienda Pública", incide.

La investigación en la Audiencia Nacional

El escrito de Anticorrupción llega unos días después de que el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal dictase el auto de pase a procedimiento abreviado y propusiera juzgar al exembajador, a su hijo y a la mujer de este último por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

Estos hechos se enmarcan en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, y que tiene su origen en la querella que la Fiscalía presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a ambos.

En aquel escrito se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.

Las pesquisas iniciales se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) "carentes de justificación real y lógica comercial".

El magistrado todavía mantiene una línea de investigación abierta después de dictar el mencionado pase a procedimiento abreviado en lo relativo al presunto fraude a Hacienda entre 2013 y 2017 que el juez desgajó y encuadró en una pieza separada a petición de la Fiscalía.