El Parlament, por 25 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones ha dado luz verde a las medidas urbanísticas que propugnan un frenazo sin precedentes a las nuevas urbanizaciones de Baleares. La cámara ha validado como ley el decreto 10/2022 que aplica duras restricciones a los ayuntamientos a la hora de permitir nuevos desarrollos urbanos. La norma, de medidas urgentes en materia urbanística, no permitirá que ningún municipio de las islas autorice nuevos crecimientos si en sus planeamientos territoriales cuenten con un 15% de suelo sin construir. Asimismo, limita las piscinas en suelo rústico a una por finca y a un máximo de 35 metros cuadrados.

Desde la oposición, especialmente el PP, han criticado que todas estas medidas provocarán un incremento del precio de la vivienda, en la misma línea que denunciaron los promotores en el día de ayer. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha asegurado que "es falso que la regulación territorial tenga nada que ver con el precio de la vivienda y en el caso de suelo rústico se ha utilizado de forma general para especular y darle usos turísticos". Mir ha incidido de que el decreto validado hoy pone las bases a la "contención urbanística".

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha replicado al titular de Medio Ambiente: "Es un decretazo que va en contra de la autonomía de los municipios y de los pequeños propietarios y agrava aún más el problema de la vivienda quitando de en medio suelo urbano que podía convertirse en viviendas, que es el principal problema de Balears".

El Pi ha sido el único partido de la oposición que se ha abstenido. Josep Melià, portavoz regionalista, ha explicado que están en contra de las medidas restrictivas, pero apoyan el decreto por las desclasificaciones. "Es contradictorio desclasificar suelo urbano y luego permitir desarrollos como los que contempla el Plan General de Palma", ha apuntado Melià.

Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO)

Por otra parte, La Cámara Autonómica está debatiendo en estos momentos la modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) para permitir al Govern declarar parques naturales de forma directa y sin una ley especifica mediante un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) previo. Esta modificación saldrá adelante al existir amplio consenso entre los partidos del Pacto.

Los cambios en la LECO que también impulsa la conselleria de Medio Ambiente otorgan al Ejecutivo, mediante un simple acuerdo de Consell de Govern, la posibilidad de suspender licencias de todo tipo y concesiones administrativas en zonas donde se piensa impulsar una protección ambiental del territorio. Es el caso de un parque natural, una Área Natural de Especial Interés (ANEI), una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) o Lugares de Interés Comunitario (LIC).