Nunca llegaron a cruzar el Atlántico, pero 626 kilos de cocaína tenían 'comprado' el billete de ida para cruzar el océano desde Colombia hasta Galicia. Desde allí, una red española de narcotráfico pretendía cortarla y moverla para inundar las calles de España con una droga que, a una media de 60 euros el gramo que puede llegar a costar en la calle, habría alcanzado un precio de mercado que rondaría los 2,3 millones de euros una vez cortada y vendida al por mayor, según cálculos de la propia Audiencia Nacional.

Antes de que todo eso sucediera, sin embargo, los 19 maletines en los que iban guardados los fardos de 'polvo blanco' fueron interceptados por una operación transnacional de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, y ahora, en la que ha sido la primera sentencia del 2023 en los juzgados españoles, se ha condenado a los diez integrantes de la red en nuestro país.

Las penas varían según el peso que tuvieran en la organización. En la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se condena a los dos cabecillas, gallegos ambos, a siete años de prisión y a una multa de 2 millones de euros cada uno como autores de un delito contra la salud pública. Uno de ellos, que cuenta con el agravante de reincidencia en delitos no computables, tiene seis meses extra de privación de libertad.

En una segunda escala de responsabilidad, siete personas más, cuatro gallegos y tres personas de nacidas en Colombia, han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel cada uno y al pago de una multa de 750.000 euros. El décimo implicado, al que la Fundación Jiménez Díaz reconoció un año después su "politoxicomanía crónica, un deterioro cognitivo ligero y dependencia diagnosticada de la cocaína, el alcohol y el cannabis" ha recibido una condena de un año y seis meses de prisión y una multa de 2.612,57 euros tras mostrarse "colaborador" con los agentes que le interrogaron.

Un anzuelo tendido en alta mar

Según el informe de la DEA, el principal jefe de la trama se reunió el 25 de febrero de 2018 con sus interlocutores colombianos en Ciudad de Barranquilla y, posteriormente, los días 12 y 14 de marzo en Cartagena de Indias para organizar el envío de la cocaína a España.

El 27 de septiembre de ese mismo año, los agentes encubiertos de la agencia antidrogas estadounidense interceptaron en aguas internacionales un barco con 19 maletines de color negro por parte de la organización criminal con unos 626 kilos de cocaína bruta. Los destinatarios, aseguran, eran los españoles con los que se habían reunido seis meses antes.

El 29 de octubre, una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía se desplazó hasta Miami para recoger 549 fardos de la sustancia intervenida y llevarlos hasta España (otros 10 se quedaron en EEUU a modo de prueba).

Los destinatarios de esos paquetes eran César (nombre ficticio utilizado para identificar al considerado 'jefe' de la operación) y Leandro (también ficticio y encargado de ser el conductor e intermediario en la operación). Este último, precisamente, fue el que, engañado por agentes encubiertos españoles, acudió a recuperar la supuesta carga perdida en alta mar el 27 de septiembre de ese mismo año.

Además, tres de los condenados por la sentencia de la Audiencia Nacional de este principio de año se ofrecieron a Leandro y a César para intentar conseguir ayuda y financiación en Colombia para recuperar la mercancía y también para almacenarla posteriormente cuando llegara a Galicia. Uno de ellos, por ejemplo, fue detenido en España un mes y medio después dentro de un garaje de Pontevedra mientras" cargaba los paquetes de cocaína en un habitáculo oculto entre los asientos de atrás y el maletero de un SEAT Exeo".

En el domicilio de Leandro en Madrid también se encontró todo el material necesario para cortar la droga que iba a llegar desde Colombia, desde las jarras para medir las cantidades de los productos químicos hasta la balanza marca Tanita para pesar las dosis. Además, la policía también se incautó de una bolsa con 2,45 gramos de MDMA valorada en "el mercado ilícito en 102,21 euros", un ordenador portátil, un teléfono móvil y tres hojas manuscritas con números de teléfono.

En otro domicilio, en este caso en Pontevedra, se encontraron 16.400 euros en una bolsa blanca en el salón, un sobre con 13.500 euros en la cocina y una caja fuerte con otros dos sobres en los que había 1.750 y 8.300 euros. No se ha conseguido, sin embargo, probar que proviniesen de "actividad delictiva alguna".