La Audiencia Nacional ha aplazado una semana el juicio que estaba previsto que comenzara este lunes al expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps por un fleco del caso Gürtel, la contratación del estand valenciano de la Feria de Turismo, Fitur, en 2009. El motivo del retraso en el inicio de la vista es que todas las partes tengan acceso a la documentación que conforma el procedimiento, después de que un par de abogados, entre ellos, el del propio Camps, señalaran que no habían podido ver determinados escritos.

Pese a las protestas de las defensas, reacias a aplazar las sesiones y más con el gran número de acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y aceptado la pena que pide para ellos, el presidente del tribunal, José Antonio Mora, se mantuvo inflexible para "evitar futuras nulidades" y asegurar que todas las partes conozcan la modificación de conclusiones presentada a última hora por la acusación que ejerce la Generalitat valenciana, contra la que Camps arremetió a su llegada a la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, donde auguró que será absuelto, como en las otras "nueve causas" que, según dijo, Anticorrupción abrió en su contra "en estos 14 años" para "destruir" su gestión al frente de la Comunitat Valenciana.

 

Camps, que ahora se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de prisión y 10, de inhabilitación por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, contestó afirmativamente a la pregunta de un periodista de que si todo sale como espera su intención es regresar a la primera línea política.

 

Insistió en que en este procedimiento "no hubo malversación, ni enriquecimiento injusto ni se destinó dinero al PP". Y aprovechó la expectación mediática para cargar contra el actual presidente valenciano, Ximo Puig, por ejercer la acusación en su contra. Además, sostuvo que en la causa de los trajes no solo fue absuelto, sino que el tribunal declaró que se los había pagado él y que también salió bien parado de otras causas, como la seguida por la visita del Papa a Valencia o la de la Fórmula 1.

 Aprovechar la relación con Camps

No obstante, Anticorrupción explica en su escrito de acusación que Francisco Correa decidió, "gracias a su red de influencias" y "la estrecha relación" que mantenía con cargos del PP, diversificar "la actividad de las empresas de su grupo empresarial "a Comunidades y municipios gobernados" por el partido. En 2003, con el objetivo de "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció el acusado Francisco Camps" para "la organización y ejecución de todos los actos del PP que se celebraran en la Comunitat Valenciana", creó Orange Market.

Con ella organizó la campaña electoral en las que Camps fue elegido presidente de la Generalitat valenciana y tuvo "una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma, particularmente, para las ediciones de Fitur".

Facilita el acceso a altos cargos

Al frente de Orange Market se situó a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', al que Camps facilitó "el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y de otras ferias, así como de otros eventos, quienes siguiendo instrucciones del entonces presidente valenciano posibilitaron que dicha mercantil obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat, en beneficio de su empresa", hechos juzgados en otros procedimientos.

Según Anticorrupción, en 2009, "con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha Comunidad Autónoma", sus responsables "se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario" para que resultara la adjudicataria del estand, aunque luego encargó el diseño y el montaje del estand a otra empresa: Juan Sanz SL.

El estand tuvo un costo de 366.529,09 euros, que asumieron el Consell Valencià de L’Esport, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana, varias fundaciones y entidades de participación pública, como el aeropuerto de Castellón. No obstante, no se llegaron a pagar apenas 40.000 euros, porque en febrero de 2009 estalló el caso y se detuvo a Correa, su lugarteniente, Pedro Crespo, y al propio 'Bigotes', lo que impidió que se abonaran las facturas.