Conde-Pumpido acelera el paso del TC y en febrero se estudiarán los recursos contra las leyes de aborto y eutanasia

La llegada a la presidencia del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido se deja notar y, tras primer Pleno celebrado este martes, de carácter gubernativo, ya se ha dado a conocer un ambicioso calendario que sitúa la discusión sobre el recurso contra la vigente ley del aborto -pendiente desde que el PP la recurrió en 2010- para el Pleno que se celebrará entre los días 7 y 9 del próximo mes de agosto.

También ha anunciado al resto de magistrados que tiene previsto acelerar otros asuntos pendientes de importante impacto social, pues los recursos contra la Ley de Eutanasia se incluirán en el orden del día de los días 21, 22 y 23 de febrero y para principios de marzo se sitúa la deliberación de las ponencias contra contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, -también conocida como Ley Celaá -.

Su intención, según ha explicado al resto de magistrados, es la de acelerar la resolución de asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como los que revisten una mayor repercusión social y política. La reunión también ha abordado la nueva configuración interna del órgano y se han repartido las ponencias de asuntos que estaban en manos de los magistrados que salieron el pasado 9 de enero, y que ahora corresponderán a uno de los cuatro nuevos miembros que entonces tomaron posesión. 

Reparto de ponencias

Los magistrados más veteranos, que no son los de la última renovación, conservarán las ponencias asignadas cualquiera que sea la clase y fase en la que se encuentre el proceso. De este modo, el recurso sobre el aborto sigue siendo cosa del magistrado Enrique Arnaldo, que es uno de los cuatro que conforman la minoría conservadora en esta nueva etapa del órgano de garantías.

En cuanto a las que correspondían a magistrados que han dejado ya de formar parte del tribunal, como son el que fuera presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol o los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, se han repartido entre los actuales miembros del Tribunal.

Así, las que tenía repartidas Martínez-Vares corresponderán a la magistrada del sector mayoritario María Luis Segoviano, y entre ellas se encuentra uno recursos de amparo presentados por el que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez concretamente la impugnación de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por dar una patada a un policía durante una protesta.

Por otra parte, las ponencias que tenía Xiol serán ahora cosa del magistrado del sector minoritario César Tolosa, y entre ellas está el recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de marzo de 2021 que impide desde entonces realizar nombramientos a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra aún a falta de renovación. La magistrada progresista María Luisa Balaguer mantiene la ponencia de la impugnación de la misma norma por parte de Vox.

Campo analizará el fondo ara cubrir gastos del procés

También se ha repartido el trabajo pendiente que tenía el expresidente González-Trevijano, que ahora será cosa del exministro de Trabajo Juan Carlos Campo. Entre sus encargos de pnencia, la que fundamentará la sentencia para responder al recurso de inconstitucinalidad instado por el PP contra el Decreto-Ley de julio de 2021 por el que la Generalitat de Cataluña un fondo para cubrir las fianzas de más de cinco millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a varios ex altos cargos y funcionarios independentistas, por su implicación en la internacionalización del proceso independentista.

Finalmente, las ponencias en las que estaba trabajando Narváez las asumirá la exasesora en Moncloa Laura Díez, entre otras el recurso presentado por el PP contra la Ley Celaá, los presentados por el PP y Ciudadanos por el que se revisan los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la impugnación de la norma catalana del pasado junio sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes. El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto.