Tribunales

La Audiencia Nacional rechaza la petición de Camps de aplazar el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel

La defensa del expresidente de la Generalitat alegaba que la documentación de toda la causa no está subida a la plataforma digital judicial

Francisco Camps atiende a los medios tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional.

Francisco Camps atiende a los medios tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional. / EFE

Laura Ballester / EP

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la defensa del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que había solicitado que se suspendiera el inicio del último juicio de la trama valenciana de la Gürtel por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 1,8 millones en contratos menores a 12.000 euros desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas de la Generalitat a la empresa Orange Market y otras mercantiles del empresario Francisco Correa. La defensa de Camps alegaba que haber detectado que en la plataforma digital donde debe constar toda la causa no estaba incluida la documentación en su integridad. El juicio comenzará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares el próximo 23 de enero y se sentarán en el banquillo Camps y veinticinco personas más.

Fuentes jurídicas, consultadas por la agencia EP, señalan que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha acordado por providencia de 11 de enero denegar la suspensión y emplazar a la defensa a reproducir su queja durante la celebración del juicio, en las cuestiones previas del mismo.

El 4 de enero la representación legal de Camps elevó escrito, al que ha tenido acceso EP, recordando que en octubre de 2022 se emplazó a las partes a indicar con la debida antelación los tomos y folios donde estaban los documentos que querían hacer valer en el juicio oral, y que estaban subidos a la plataforma 'Alfresco'.

Explican desde la defensa que, sin embargo, y a pesar de esta petición de la Sala de lo Penal, en la plataforma detectaron que según el día, "el orden y ubicación de los archivos cambia y es diferente", y que "la causa ni está archivada de forma cronológica ni se encuentra incorporada en su integridad".

Encontraban asimismo que existen carpetas vacías, que hay tomos que no están y otros que ni siquiera estaban foliados. Por eso, y teniendo en cuenta que se está ante una causa "de excesiva documentación y dilatada tramitación" consideraban que devenía en "imposible el cumplimiento del emplazamiento" a decir que documentación quieren incluir en la vista. Asimismo, indicaban que con este problema era imposible "el ejercicio del derecho de defensa con toda su virtualidad" porque resultaba "imposible la preparación del juicio".

Por todo ello, la defensa de Camps indicaba que debía suspenderse el inicio del juicio, programado para el lunes 23 de enero, "en tanto en cuanto no cambie la anterior circunstancia". Y pedía que, para no generar dilaciones indebidas, el letrado de la Administración de Justicia certificara que en la plataforma Alfresco donde obra la causa concurren las circunstancias descritas.

Pero ya en una diligencia de constancia, la letrada de la Administración de Justicia indicó que "examinadas las presentes actuaciones, así como la documentación elevada a la plataforma CLOUD, se comprueba que toda la documentación de que consta esta causa, así como la de todas las causas anteriores relacionadas con esta, se encuentran elevadas a dicha plataforma desde el momento de la incoación de las actuaciones".

El juicio ya sufrió un aplazamiento

 el inicio de este juicio ya se aplazó del 17 de enero al día 23 de enero por la falta de salas de vistas Fitur

El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que hay "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".

De acuerdo con el relato judicial, el líder de la Gürtel, Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes'; y el gerente de dicha empresa, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que este, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".

La Fiscalía Anticorrupción pide para Camps dos años y seis meses de cárcel, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración. La acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Entre los 26 acusados además del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, están tres exconsellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera), dieciséis técnicos o cargos intermedios de la Generalitat y seis miembros de la trama Gürtel. Entre siete y nueve años de inhabilitación para los tres exconsellers. Además de penas de 2 a 3 años de prisión para los técnicos y cargos intermedios de la Generalitat que, en algunos casos, han alcanzado una conformidad con la Fiscalía.