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Denuncia colectiva

Precariedad del personal laboral de embajadas y consulados españoles

Sindicatos y Gobierno pactan un aumento salarial para el colectivo, que lo considera insuficiente para paliar pérdidas de hasta un 30% de poder adquisitivo | "Mi remuneración está 800 euros por debajo del salario medio mensual belga", explica un empleado de comunicación de la embajada española en Bélgica

La fachada de la embajada española en Caracas, en una imagen de archivo. EFE

El conflicto entre personal laboral en el servicio español exterior y el Gobierno viene de lejos. Los trabajadores locales de embajadas y consulados llevan años denunciando pérdidas de poder adquisitivo y una creciente precariedad. La guerra en Ucrania y la consecuente inflación -generada, en parte, por la crisis energética- llevan al límite a muchos de esos empleados, como denuncian en una campaña iniciada en redes sociales.

"Yo empecé a trabajar hace unos 30 años largos. Cuando me contrataron, mi sueldo estaba muy por encima del salario medio de Bélgica. En este momento, mi remuneración está 800 euros por debajo del salario medio mensual belga", explica a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, José Delfín Suárez, trabajador de la Oficina de Comunicación de la embajada española en Bruselas, donde ejerce como analista de medios y traductor, entre otras labores.

Él es uno de los firmantes de una carta abierta suscrita por empleados de las oficinas de comunicación de las embajadas de Bruselas, París, Berlín, Londres, Lisboa y Varsovia. "Denunciamos por esta vía nuestras precarias situaciones salariales y laborales fruto de más de 13 años de abandono por parte de Presidencia del Gobierno, que se desentiende sistemáticamente de todas las solicitudes de actualización salarial presentadas por los directores de Comunicación y los propios empleados", reza el comunicado.

Clases laborales

La base fundamental e histórica del conflicto es la existencia de tres clases laborales dentro de la Administración española en el exterior: el personal diplomático, los funcionarios destinados al extranjero y el personal laboral con contratos de empleados públicos. Estos últimos están sujetos, en parte, a la legislación laboral española -sobre todo, en lo que se refiere a la negociación de convenios colectivos- y, en parte, a la legislación laboral del país de destino -como, por ejemplo, en lo referente al respeto del salario mínimo o la normativa de seguridad laboral-.

Esa dualidad legal también ha sido fuente de conflictividad. Un ejemplo fue la votación para un comité de empresa organizada por un sindicato alemán a las puertas de la embajada española de Berlín en 2019: trabajadores del personal laboral tuvieron que ejercer su derecho a voto en una furgoneta ante la negativa del embajador español de permitir que la elección tuviese lugar dentro del edificio diplomático. Fue la forma de demandar que se reconociese el derecho del personal laboral en el servicio exterior -también conocido como PLEX- a la negociación colectiva con el Ministerio de Hacienda.

Esta última demanda fue finalmente atendida en la última ronda negociadora entre los sindicatos españoles mayoritarios y Hacienda: en un acuerdo firmado la pasada semana, el Gobierno español reconoció el pleno derecho a la negociación colectiva y a la actualización salarial del personal laboral en el exterior.

De esta forma, el PLEX -como el resto de funcionarios y trabajadores públicos- verá incrementados sus salarios un 3,5% en 2022, un 2,5% fijo -más un 1% variable- en 2023 y un 2% -más un 0,5% variable- en 2024. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no se sumó al acuerdo por considerarlo "ridículo" y una "congelación salarial" 'de facto' ante el aumento de los precios.

"Convocatorias desiertas"

Miembros del PLEX saludan la medida, pero la consideran insuficiente. "Que nos den un poco de oxígeno siempre es una noticia bienvenida, pero estamos hablando de una pérdida del 30% del poder adquisitivo", asegura José Delfín. "Este acuerdo no es para recuperar de manera retroactiva la capacidad salarial, sino una trasposición de un acuerdo estatal al colectivo del exterior", puntualiza a EL PERIÓDICO Sebastián Trenado, secretario general de la Federación del Exterior de UGT.

UGT y miembros del PLEX denuncian que la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante más de una década está generando graves problemas. Por una parte, actualmente hay trabajadores de embajadas y consulados con remuneraciones por debajo de salarios mínimos en un país como Australia, por ejemplo. Por otra, "hay convocatorias de empleo público de personal laboral en las embajadas que quedan desiertas. A nadie le interesa ir a trabajar para la Administración española como empleado local porque el mercado local ofrece mejores condiciones", asegura Sebastián Trenado, de UGT.

Hasta el cierre de esta edición fue imposible conseguir una posición oficial del Ministerio de Exteriores sobre el reciente acuerdo salarial alcanzado entre los sindicatos mayoritarios y el Ministerio de Hacienda, ni tampoco una respuesta oficial a las denuncias hechas públicas por el personal PLEX sobre su situación de precariedad.

Presidencia española de la UE

José Delfín, de la embajada de Bruselas, considera que se ha llegado a esta situación por dos motivos fundamentales: el "silencio administrativo" de sucesivos Gobiernos a las demandas del personal PLEX y la "tibieza" histórica de los sindicatos mayoritarios ante una situación que hace tiempo era "insostenible". "El personal laboral de embajadas y consulados está condenado a la precariedad más absoluta", resume el trabajador de la Oficina de Comunicación de la embajada española en Bélgica.

España asumirá la presidencia rotaria de la UE el segundo semestre de 2023, con el consiguiente trabajo adicional para la red diplomática del Estado en Europa, especialmente en Bruselas. "Si de aquí hasta esa fecha no se han atendido nuestras demandas, estoy seguro de que el personal de Bélgica tomará medidas al respecto", advierte José Delfín.

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