'Fact check': las 5 tareas pendientes del Gobierno del PSOE y Podemos a 11 meses de las elecciones

El calendario aprieta. Al Gobierno de coalición le queda menos de un año de legislatura, pero aún bastantes compromisos que cumplir. Aunque la actividad legislativa impulsada por el Ejecutivo de coalición ha sido frenética desde el principio, en especial durante estos últimos meses, a PSOE y Unidas Podemos se le han ido atascando por el camino algunas de las promesas estrella que acordaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019 y otras obligaciones que el Gobierno ha ido adquiriendo. Ahora, con un calendario electoral que pondrá más difícil el alcanzar pacto en las Cortes, socialistas y morados deben pisar el acelerador para llegar a las urnas con los deberes hechos. Según los cálculos de la Moncloa, el Ejecutivo ya habría cumplido el 66,7% de todos sus compromisos adquiridos desde la investidura de Sánchez.

Fortalecimiento democrático

El Ejecutivo de coalición arrancó la legislatura con el firme compromiso de reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', que aprobó el PP en 2015. La modificación se iba a hacer "a la mayor brevedad", prometieron en el acuerdo de coalición. Hasta el momento, la norma sigue tal como se promulgó hace siete años y socialistas, morados y el resto de aliados parlamentarios no han sido capaces de pactar un texto alternativo. No obstante, en las últimas semanas se ha producido algún que otro entendimiento que podría permitir que se derogara la norma en los primeros meses de 2023.

Hay otros compromisos que, a todas luces, no correrán la misma suerte. Aún no se han empezado a trabajar en la ley de libertad de conciencia que prometió el Gobierno y la ley de secretos oficiales, de la que el Ejecutivo dio algunas pinceladas este verano, no se ha terminado de redactar. En un punto muy similar se encuentran la reformar el sistema electoral para que este resulte más proporcional.

Salario mínimo y Trabajo

En los próximos días, el Gobierno podría cumplir uno de sus principales compromisos de la legislatura: subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.046 euros mensuales como mínimo y los 1.082 euros como máximo, lo que supondría alcanzar el 60% del salario medio en España. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleva semanas reuniéndose con sindicatos y patronal para lograr un acuerdo y este podría ratificarse en las próximas semanas, aunque tendría carácter retroactivo al 1 de enero.

La ministra de Trabajo también tiene muy avanzadas las negociaciones para aprobar el estatuto del becario. No ocurre lo mismo con la actualización del estatuto de los trabajadores que está en una fase muy incipiente. El Gobierno vincula a esta futura norma algunas de las medidas pendientes que no se incluyeron en la reforma laboral, como endurecer las causas de despido, limitar la capacidad de las empresas para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo o establecer que el descuelgue salarial debe ser por causas económicas graves.

Educación y sanidad

Con los Presupuestos Generales del Estado para 2023 aprobados, el Gobierno ha reforzado, otro año más, las partidas destinadas a sanidad -la cifra récord de 7.000 millones de euros- y educación -un 6,6% más que en 2022-, pero aún están pendientes varias medidas que el Gobierno incluyó en su acuerdo de coalición. Socialistas y morados se comprometieron a eliminar el copago de medicamentos y blindar el sistema de salud ante futuras privatizaciones. Ambas iniciativas se recogen en un proyecto de ley que lleva meses bloqueado en el Congreso y que está provocando tiranteces entre los socios, ya que los morados denuncian la laxitud de la norma.

En materia de educación, está pendiente implementar un plan para universalizar la educación de 0 a 3 años. El Gobierno, por lo pronto, está transfiriendo una mayor dotación presupuestaria a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha esta medida. En el apartado cultural, también queda pendiente la elaboración del estatuto del artista.

Competencias y financiación

Desde el arranque de la legislatura, la relación con el Govern de Catalunya ha sido otro de los deberes principales del Gobierno de coalición. Tras acordar con ERC la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, delitos por los que están condenados los líderes del 'procés', al Ejecutivo aún le queda pendiente el traspaso de competencias a la Generalitat de la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la gestión de las becas y ayudas al estudio.

Otro de los retos a nivel territorial que tendrá que encarar el Ejecutivo es acordar con las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica que reemplace al actual, que lleva siete años caducado. En diciembre de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envió a las comunidades una propuesta y les dio hasta finales de enero de 2022 para presentar alegaciones, desde entonces han pasado 11 meses y no se han producido avances significativos.

Derechos sociales

Si hay una norma que está trayendo quebraderos de cabeza al Gobierno de coalición es la ley de vivienda para regular el precio de los alquileres. Desde octubre de 2020 lleva siendo motivo de fricción entre PSOE y Unidas Podemos y, aunque lograra un acuerdo en torno a un texto que aprobó el Consejo de Ministros en octubre de 2021 con carácter de urgencia, lleva meses bloqueada en el Congreso. La intención es intentar desatascar las negociaciones en los próximos meses.

También está pendiente la ley de familias que aprobó el Consejo de Ministros a mediados de diciembre. La norma, que incorpora ayudas y permisos para facilitar la conciliación y reconoce la diversidad familiar, establece dos bajas laborales retribuidas de nueve días y una de ocho semanas sin sueldo y, como sorpresa de última hora, prohíbe el 'pin parental'.

Por último, queda pendiente que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos y que este sea remitido al Congreso para iniciarse la tramitación.

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