El PP dará la batalla en Europa si la nueva ley es idéntica a las enmiendas paralizadas por el TC

El PP está evitando el tono triunfalista tras la victoria jurídica que le dio el Tribunal Constitucional paralizando las dos enmiendas judiciales que el Gobierno incluyó en su reforma del Código Penal y que buscaban acelerar los nuevos nombramientos en el propio tribunal de garantías. En Génova critican duramente la “sobreactuación” del Ejecutivo en las horas posteriores a la decisión, cuando el ministro Félix Bolaños habló de “consecuencias impredecibles” y alertó de peligros para la democracia por la congelación de un trámite parlamentario vivo casi de madrugada.

En el entorno de Feijóo creen que se han producido situaciones “absurdas” e incluso “patéticas” estos días y, por eso, evitan las alharacas por su triunfo. “No hace falta. El TC lo que ha dicho es que el procedimiento no se podía hacer así. Es inconstitucional la forma en la que pretendía actuar el Gobierno y punto”, zanjan. Sin embargo, los planes del PP siguen estando en tener la lupa puesta en la ley que el Ejecutivo impulsará. La dirección conservadora se plantea ampliar los recursos cuando conozca el nuevo texto.

Dependerá, reconocen en el equipo de Feijóo, de cómo quede redactado. Pero ya avanzan que si la norma “es idéntica a las enmiendas paralizadas”, en su opinión, será “ilegal”. 

Todavía está por ver qué decisiones tomarán de cara al Tribunal Constitucional (las medidas cautelarísimas las registraron por haber utilizado la fórmula de las enmiendas, es decir, por el procedimiento utilizado, y basándose en la jurisprudencia existente que apunta a que no se pueden unir dos cuestiones tan distintas en una misma ley vía enmienda). El PP deja la puerta abierta a recurrir de nuevo el texto una vez se apruebe. Solo lo harán, eso sí, si realmente optan a una victoria, huyendo del “recurrir todo” como creen que hace Vox.

Pero lo que parece que está claro ya es que llevarán el asunto a las instancias europeas, sobre todo teniendo en cuenta que el portavoz de la Comisión de Justicia comunitario, Christian Wigand, se pronunció hace días advirtiendo que cualquier reforma de este tipo sobre la cuestión judicial, debe contar con consultas e informes preceptivos. En concreto, que ese tipo de normas en cualquier país europeo requiere una consulta a los órganos de jueces, fiscales, e incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en según qué ocasiones.

También el comisario de Justicia, Didier Reynders, que visitó España en el mes de septiembre con la esperanza (en el caso del Gobierno) de que mediara entre los dos partidos para avanzar en la renovación del CGPJ, sin tener éxito, repitió esta semana que urge acometer esa renovación del órgano de gobierno de los jueces. Como ocurre desde hace meses, en el Ejecutivo lo interpretan como un toque al PP, mientras que los populares aseguran estar alineados con las tesis europeas en materia de independencia judicial

Si no hay informes ni consultas

La realidad es que el Gobierno no hizo consultas al meter sus reformas en el Código Penal que eliminan el delito de sedición y cambia el de malversación. Pero tampoco planea contar con informes de los órganos consultivos en este nuevo proceso, que será a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios de la coalición en el Congreso. Si lo hubieran hecho con un proyecto de ley sería necesario contar con muchos de esos informes preceptivos: del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de otros. Las proposiciones de ley están exentas de tener que contar con esas consultas previas. 

El Senado da el aval definitivo a la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación

Por eso, el PP cree que si Bruselas se ha pronunciado ya sobre eso, el Ejecutivo se equivoca saltándose de nuevo el procedimiento. Aunque Feijóo no ha concretado, en su entorno sí confirman que cuando conozcan el texto no dudarán en establecer contactos a nivel europeo para dar la batalla.

Lo que hizo frenar al Gobierno

El convencimiento entre los conservadores es que el toque de atención comunitario es lo que hizo el otro día que el Gobierno pisara el freno y se abriera a hacer una proposición de ley horas después de que Pedro Sánchez volviera a elevar el tono diciendo que tomaría “las medidas precisas” para renovar el TC y el propio CGPJ. De lo segundo, el Ejecutivo no dio más señales y su anuncio se ciñó a una nueva norma para poder hacer sus nombramientos en el tribunal de garantías.

De la comparecencia del presidente dio la impresión de que también se proponía retomar la ley para rebajar las mayorías del CGPJ. Algo que ya impulsaron PSOE y UP en 2020 y que tuvieron que meter en un cajón por el rechazo de Bruselas.