TRAGEDIA DE LA VALLA DE MELILLA

La Fiscalía exculpa a Interior y archiva la investigación sobre la tragedia de la valla de Melilla

El Ministerio Público afirma que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta

La Fiscalía archiva la investigación sobre lo ocurrido en Melilla el pasado verano

Agencia ATLAS

Cristina Gallardo

La Fiscalía acoge las tesis mantenidas hasta ahora por el ministro Fernando Grande-Marlaska y exculpa al Ministerio del Interior por la actuación de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la tragedia del salto a la valla de Melilladel pasado 24 de junio, que se saldó con al menos 23 personas muertas y decenas de heridos. No encuentra datos que permitan imputarles un delito de homicidio imprudente ni cualquier otro reproche penal.

La fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido este viernes un decreto de archivo de las diligencias de investigación que se abrieron con ocasión de lo sucedido. Concluye, en coincidencia con la "proporcionalidad" siempre defendida por el principal responsable del Ministerio del Interior, que se emplearon "los medios necesarios y la fuerza mínima imprescindible para reducir al grupo de extranjeros que de forma violenta pretendía entrar ilegalmente en territorio nacional". 

También afirma que los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí, si bien el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos, conforme a las grabaciones videográficas y teniendo en cuenta las consideraciones sobre la delimitación territorial realizadas. Por otro lado, la investigación permite concluir, según el Ministerio Público, que la actuación de los agentes españoles durante el desarrollo de la operativa de contención y rechazo de los migrantes que lograron acceder a territorio nacional, que se desarrolló íntegramente en territorio español.

La próxima semana, concretamente el 28 de diciembre, concluía el plazo de seis meses de duración de las diligencias abiertas tras producirse los hechos, y en este punto la fiscal tenía que decidir entre solicitar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, una prórroga de sus pesquisas, llevar el asunto ante un juez o bien archivarlo por falta de indicios, que es lo que ha terminado ocurriendo.

Tras analizar toda la prueba disponible, concluye que no se puede atribuir responsabilidad penal a los guardias civiles y se limita a dar traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de algunos de ellos que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si ello fuera constitutivo de infracción disciplinaria.

Según la Fiscalía, los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. por tanto, considera que son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios, como los cuerpos de los fallecidos, testigos o migrantes heridos, sin que el ministerio público español pueda avanzar más allá. por otro lado, destaca que resulta evidente la falta de jurisdicción española para conocer de la actuación desplegada por los agentes del orden público de Marruecos en su país actuación violenta de los migrantes.

Por otro lado, las pesquisas fiscales concluyeron que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. Por todo ello, subraya no puede concluirse según la Fiscalía que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.

Así, por ejemplo, la fiscal estima que no existen elementos que permitan afirmar que las lesiones de algunos de los migrantes fueran producto de la actuación policial española, dada las circunstancias concurrentes y lo arriesgado de su conducta, siendo así que para pasar a territorio español tuvieron que trepar y saltar desde una altura incluso de 6 metros.

Asimismo, señala que ninguno los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, no podrían habérselo prestado sin riesgo propio.

No se podían abrir las puertas

Aunque los agentes hubieran procedido en ese momento a la apertura total de las puertas fronterizas, la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente, dado el volumen y virulencia del grupo, así como por la propia infraestructura del puesto fronterizo, diseñado para la entrada y salida ordenada y no para una oleada incontrolada de personas, dice también la fiscal en su decreto. Además, ello habría puesto en peligro la integridad física y la vida de los agentes, que podrían haberse visto arrollados por la propia avalancha. Finalmente, debe tenerse en cuenta que en el espacio existente entre las puertas fracturadas y las instalaciones aduaneras no existen puertas laterales que permitan salir del mismo

Según la Fiscalía, tampoco los componentes de la tripulación del helicóptero fueron conscientes de la posibilidad de que el colapso que se produjo en la puerta pudiera provocar una situación lesiva para la integridad de los migrantes que necesitara de alguna acción por parte de los agentes que se hallaban en tierra, razón por la que no dieron aviso alguno a estos, pues, aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos. Además, en los momentos posteriores a la avalancha, al dejar de enfocar la zona por las causas ya señaladas, no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos y fallecidos. 

En cuanto a los rechazos en frontera, se llevaron a cabo 470 aunque, según la Fiscalía, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.

Pide favorecer el asilo

Por otro lado, la fiscal se dirige al Gobierno y le recuerda su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

En este punto, desde la Fiscalía se recuerda en su escrito que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional.

“Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”, asegura el documento.

Durante los seis meses que ha durado la investigación, la fiscal Sánchez ha practicado varias diligencias, que concreta en su decreto, de 36 páginas, tales como la inspección ocular en el lugar de los hechos la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los hechos del 24 de junio.