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Tribunales

Caso Cursach | El tribunal amplía la investigación a Penalva y Subirán y acusa a 17 testigos de mentir

La sentencia ordena abrir nuevas pesquisas por prevaricación, detención ilegal, coacciones, falso testimonio y obstrucción a la justicia

Bartolomé Cursach y su pareja, tras la última sesión del juicio en la Audiencia de Palma. B. Ramón

El tribunal cierra el caso Cursach con la exculpación de todos los acusados pero abre nuevos frentes contra investigadores, denunciantes y testigos. La sentencia, hecha pública ayer, absuelve por un lado a los dos últimos policías locales sobre los que pesaban imputaciones por parte de un empresario. Por otro, amplía los posibles delitos cometidos durante la instrucción por el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y la antigua inspectora de Blanqueo de la Policía Nacional, todos procesados ya en una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También aprecia indicios de que tanto esta agente como otros 16 testigos -entre ellos varios de los empresarios que ejercieron la acusación particular- mintieron en el juicio y ordena investigarlos por falso testimonio y obstrucción a la justicia.

La sentencia examina el papel de los investigadores en lo que se refiere a Gabriel Mayol y Josep Mayans, los dos únicos policías locales que seguían acusados de hostigar con inspecciones y sanciones sin motivo a un negocio nocturno. Afirman las magistradas que los informes elaborados por el grupo de Blanqueo sobre estas actuaciones tienen «una falta de rigor absoluto» y que «es incomprensible que llegaran a unas conclusiones incriminatorias sin examinar los expedientes administrativos» completos de este local, que según concluyen cometía infracciones de forma reiterada.

En este sentido, señalan que este era «el modo de trabajar» de los investigadores" y considera que estas irregularidades afectaban a buena parte de la causa. "Es absolutamente increíble y nada ortodoxo que el grupo de Blanqueo concluya que había un favorecimiento [de los negocios de Cursach] y que esta sea una de las causas de las detenciones y privaciones de libertad de los acusados», expone la sentencia.

La sentencia es especialmente dura con la antigua inspectora del grupo de Blanqueo, que en el juicio apenas dio detalles sobre sus pesquisas apelando una y otra vez a su falta de memoria por el tiempo transcurrido. El fallo califica de "sorprendente" esta amnesia y asegura que su declaración "no es verosímil, ni clara, ni suficiente y no aporta elemento incriminatorio alguno".

El tribunal de la sección primera de la Audiencia da por buenos los relatos de los testigos que, en el juicio, se desdijeron de sus declaraciones en la fase de instrucción en las que incriminaban a los encausados y las atribuyeron a presiones, amenazas y manipulaciones de Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo. Sin embargo, considera que otros que sí mantuvieron sus acusaciones podrían haber mentido u ocultaron información esencial en la vista oral, aunque ni en uno ni en otro caso la sentencia da explicaciones sobre estas conclusiones.

Con este andamiaje, el tribunal atiende la petición de la Fiscalía y las defensas para que se investigue si Penalva, Subirán, la inspectora de Blanqueo «u otras personas» cometieron delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos e investigados. Abre así una nueva vía judicial contra los investigadores del caso Cursach, precisando que solo deben ser incluidos en ella aquellos que no estén ya en la causa abierta en el TSJB.

La sala considera además que existen indicios de que 17 testigos habrían mentido u ocultado datos relevantes en sus declaraciones judiciales y ordena investigarlos por falso testimonio y obstrucción a la justicia. En la lista figuran tanto la antigua inspectora de Blanqueo como varios propietarios de locales que aseguraban haber sido acosados por la Patrulla Verde de la Policía Local, como ‘El Ico’, el hijo de ‘La Paca’.

También salen malparados los empresarios que se personaron en la causa como acusación particular, como Ángel Ávila, José Manuel Bover, Javier Pedreira y Gabriel Payeras, así como dos agentes de la Policía Local de Palma que desde el inicio de la investigación denunciaron irregularidades y delitos por parte de otros agentes. Todos acaban con deducciones de testimonio para que los juzgados resuelvan si mintieron en sus comparecencias.

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