No se ha hecho en 44 años

España abre una crisis de Estado al paralizar el TC por primera vez una ley del Congreso

El bloqueo del CGPJ es el embrión de esta crisis institucional que abre un tiempo distinto en la política española

España abre una crisis de Estado al paralizar el TC por primera vez una ley del Congreso.

España abre una crisis de Estado al paralizar el TC por primera vez una ley del Congreso. / David Castro

Marisol Hernández

España ha vivido en la última década tantos cambios en el reinado de la política bipartidista tradicional que ha llegado a abusarse del calificativo de histórico. Este adjetivo resulta ahora escaso para explicar la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar por primera vez una ley mientras se está tramitando en el Congreso. Es excepcional porque no ha sucedido nunca en 44 años, pero sobre todo porque precipita a este país a una crisis de Estado.

En apenas unos días los pilares que sostenían a la democracia española han acabado cediendo. Se han ido carcomiendo poco a poco, por la erosión que sobre ellos han ejercido agentes diversos. Y ahora ya no tiene arreglo. La suspensión de la tramitación de la reforma del Código Penal sobre los delitos de malversación y sedición sobre los que el grupo socialista y el de Unidas Podemos decidieron colgar varias enmiendas sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial abre una nueva fase en el funcionamiento del sistema político, cuyos efectos son todavía imposibles de calibrar.

Inviolabilidad y autonomía

Porque el debate ya no es qué sucede con esa reforma, si ahora se puede o no votar en el Senado con esas enmiendas arrancadas o si ese texto ya no se puede tramitar, sino qué nueva relación se ha establecido entre la potestad legislativa de las Cortes Generales y la acción de intérprete de la Constitución del Alto Tribunal.

Por eso ahora todo es incierto y por eso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado, por detrás del Rey y del presidente del Gobierno, hizo anoche una declaración, en la que expresó su "honda preocupación" ante una resolución que pone en jaque la "autonomía parlamentaria". Se posibilita que "la interrupción de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado con la interposición de un recurso de amparo", dijo.

Una reflexión que también hizo el presidente del Senado, Ander Gil, en otra declaración solemne en la que defendió que la "inviolabilidad" de las Cámaras queda de este modo "seriamente comprometida".

La discusión jurídica que ha generado esta crisis institucional no es si los grupos que sostienen al Gobierno están retorciendo la ley o actuando de manera irregular al cambiar las condiciones para que el CGPJ elija a los magistrados que le corresponden en el TC (se rebaja la mayoría de tres quintos a mayoría simple) o la eliminación del trámite de "verificación previa" en el propio tribunal de los candidatos propuestos, sino el hecho de que se haya incluido a través de enmiendas que nada tienen que ver con el asunto de la proposición de ley para rebajar la malversación y la sedición.

El Ejecutivo censura al TC

Algo que tanto PP como PSOE han hecho a lo largo de los años y que el Constitucional siempre ha censurado. De hecho, es altamente probable que una vez que el tribunal dirimiera sobre ello se declarara inconstitucional -la fórmula de las enmiendas no necesariamente el fondo de los cambios-.

La novedad es que nunca un recurso de amparo se ha presentado antes de la aprobación definitiva de la norma en el Congreso y el Senado. En esta ocasión los populares lo han hecho en medio de la tramitación, con la solicitud de que se adopten medidas cautelarísimas -no se da audiencia a las partes- y se suspenda el proceso. Esto es lo que el TC hizo poco después de las 22 horas de este lunes, tras todo un día de deliberaciones.

El Gobierno, el Congreso y el Senado acatan su dictamen. No cabría otra respuesta. Pero eso no ha evitado los reproches. Tras Batet y Gil, se pronunció también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que apuntó a que se trata de "la decisión más grave del Constitucional que ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua, seis votos frente a cinco". La ley, sostuvo, "no confiere al TC la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales". "Esa facultad existía y en 1985 se derogó", añadió.

Crisis de la Justicia

Pero la crisis de Estado tiene además otra derivada, donde radica la raíz del problema, y que ha provocado este inaudito choque institucional. Desde hace cuatro años el PP mantiene bloqueada la renovación del CGPJ -consagrada también en la Constitución- para no perder en el órgano de los jueces la mayoría conservadora y por extensión en el TC.

Durante este tiempo se han producido varias negociaciones, pero los populares han acabado siempre frustrándolas. Parecía que iba a solucionarse con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, pero con el acuerdo cerrado se echó atrás ante la convicción de que Pedro Sánchez iba a rebajar el delito de sedición.

El bloqueo del CGPJ ha desgastado los pilares democráticos hasta llegar al punto en que nos encontramos. El Gobierno ha ido aprobando distintas reformas para sortear esta situación e imponer una mayoría progresista en el CGPJ y en el TC.

Primero dejó al órgano de los jueces sin potestad en los nombramientos y luego levantó ese veto sobre los miembros del Constitucional para forzar su elección y poner fin al periodo de hegemonía conservadora.

El perfil ideológico de este tribunal varía cada nueve años cuando al Gobierno de turno le corresponde nombrar a dos magistrados. Esta actualización llegó el pasado 13 de junio. Al cambiar de nuevo la ley se impuso al CGPJ una fecha límite para elegir a sus dos representantes -13 de septiembre-. Pero el sector conservador, declarado en rebeldía, lo ha impedido.

El bloque del CGPJ

Este martes vuelven a reunirse los magistrados del Poder Judicial, acuciados ahora por la nueva reforma del Gobierno que limita su poder al imponer una mayoría simple. Aunque tras la decisión del TC ya no hay tanta premura. Hasta ahora la negativa del PP al pacto y su propia resistencia ha propiciado que lleven cuatro años con el cargo caducado y que no se pueda actualizar el Constitucional.

Ha sido, precisamente, la hegemonía del bloque conservador lo que permitido que se paralice la tramitación del proyecto de ley. Seis frente a cinco progresistas. Entre los primeros, dos, el propio presidente, Pedro José González-Trevijano, y Antonio Narváez, han tomado una decisión que afecta a su futuro inmediato, ya que deben abandonar el TC porque su mandato terminó en junio. PSOE y Unidas Podemos les habían recusado, pero esta petición, con el dominio de los conservadores, también ha fracasado.

La visión del PP es que el TC ha hecho que "triunfe" el Estado de Derecho tras el intento del Gobierno "de sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios". "Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución".

La realidad es que nada de esto habría pasado si el Ejecutivo, en lugar de plantear estos cambios a través de la reforma de la malversación y la sedición, lo hubiera hecho en otra proposición de ley. De hecho, lo lógico es que lo haga así ahora.

Pero esto no cambia la erosión que acumula la democracia española y la suma de irresponsabilidades acumuladas, que emanan de la ausencia del diálogo institucional entre PP y PSOE, de la falta de aceptación del Gobierno de socialistas y Unidas Podemos por una parte del establishment, de la ruptura de muchas líneas rojas -como el nombramiento de una exministra de Justicia como fiscal general del Estado- por parte de estos dos partidos y del poder arbitrario que ejerce en España el sector conservador del CGPJ. En medio de todo, una crisis de Estado. Y barro, mucho barro.