Choque institucional

El Constitucional paraliza en el Senado la reforma dirigida a acelerar su renovación

Es la primera vez que el TC paraliza una votación en las Cortes, lo que provoca un enfrentamiento entres instituciones | Fracasa el intento de Unidas Podemos y del PSOE de apartar a González-Trevijano y Narváez

El Constitucional suspende la votación de la reforma del poder judicial del Gobierno por seis votos contra cinco

Agencia ATLAS | Foto : David Castro

Cristina Gallardo, Ángeles Vázquez

La batalla en el Tribunal Constitucional se ha saldado con una decisión inédita, que supone un choque con el Congreso y el Senado que aún no se había vivido en democracia: ha acordado, por seis a cinco votos, paralizar en el Senado la reforma legal que acelera su propia renovación, sin escuchar al Gobierno, como solicitaba el PP en su recurso, informaron a este diario fuentes del alto tribunal. Al término de la reunión, el secretario de Justicia del pleno, Alfonso Pérez Camino, se trasladó en persona a las dos Cámaras para notificar la decisión. 

Durante la sesión matutina los magistrados solo acordaron, por siete votos a cuatro, que debía ser el pleno quien decida si se admite a trámite o no el recurso del PP contra la reforma exprés del Gobierno, mientras que ya por la tarde admitieron a trámite la impugnación, decisión que también se adoptó por seis votos a cinco, misma proporción en que se descartó estudiar en este momento procesal las recusaciones del presidente, Pedro González-Trevijano, y de Antonio Narváez, por lo que ambos continuaron participando en las deliberaciones, lo que inclinó la balanza a favor de la paralización de la tramitación parlamentaria.

El debate se prolongó durante todo el día y se centró en las cautelarísimas una vez aclarados esos puntos, pasadas las 19.30 horas. Por la mañana solo se resolvió algo que la semana pasada se daba por hecho: que el recurso del PP iba a ser resuelto por el pleno. En la Sala Segunda se produjo un empate, ya que su presidente, el vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, de tendencia progresista, coincidió con los conservadores en que debían ser los 11 magistrados que componen el tribunal los que decidan sobre la impugnación del PP contra la reforma exprés del Gobierno.

No es el momento

Por la tarde el pleno se volvió a reunir para decidir la admisión y pronunciarse sobre el quiz de la cuestión: las medidas cautelarísimas, con las que el PP pretende la paralización parlamentaria de la modificación legislativa e impedir que se vote este jueves en el Senado, sin pedir alegaciones al Gobierno o las Cortes. Para ello resultaba clave saber qué pasaba con las recusaciones presentadas por Unidas Podemos y el PSOE, porque de admitirse cambiaba la sensibilidad mayoritaria del pleno del Constitucional.

El intento de apartar de González-Trevijano y Narváez fracasó, al entender la mayoría conservadora, con sus seis votos, frente a los cinco e los progresistas, que no era el momento procesal oportuno para estudiarlas, por lo que ambos siguieron presentes en las deliberaciones encaminadas a determinar si debe suspenderse la tramitación parlamentaria que ahora continúa en el Senado. Mientras se pronuncia el tribunal continúa: este lunes el PP, Junts, Vox, UPN y Ciudadanos registraron en el Senado vetos (enmiendas a la totalidad), a la reforma.

Más de una veintena de escritos

Una vez rechazada en la práctica la recusación, los magistrados votaron aceptar la personación del PSOE y de Unidas Podemos en el recurso del PP, teniendo en cuenta que desde el viernes han llegado al Constitucional hasta 19 escritos de diputados y senadores de ambas formaciones. También se recibió una ampliación del recurso del PP para extender su petición de paralización de la tramitación del Congreso al Senado y un recurso de Vox.

A los escritos del PSOE y Unidas Podemos contrarios a la paralización que pide el PP, se sumó uno presentado en el mismo sentido por Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, y miembro del grupo parlamentario socialista. Con él se buscaba asegurar que los intereses en el Congreso estén representados con independencia de que el tribunal de garantías termine aceptando o no la personación de los partidos políticos antes de adoptar cualquier medida de carácter cautelar. No lo ha conseguido.

Injerencia

Así, Silicia solicita concretamente que se le permita alegar en relación con la solicitud de medidas cautelares instadas por los de Núñez Feijóo, cuya aceptación, bastante probable dada la mayoría conservadora en el tribunal, supondría a juicio de los partidos que sustentan el gobierno una injerencia sin precedentes en el poder legislativo. Pide también a los magistrados que le tenga por opuesto "a cualquier medida cautelar solicitada" que afecte al procedimiento legislativo en curso y se adhiere a las recusaciones ya formuladas. Lo hace en calidad de diputado y presidente de la Comisión de Justicia, por entender que ha sido parte personalmente en el procedimiento legislativo objeto del recurso de amparo y autor de una de las enmiendas impugnadas.

Tan solo unas horas antes de comenzar a estudiar el inédito recurso planteado por el PP, el Constitucional contaba con otro de Unidas Podemos, para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dirima sobre la presunta falta de imparcialidad de dos de los magistrados antes de abordar este asunto. Son los que serán sustituidos por los nombrados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora en Moncloa Laura Díez. Con su entrada en el órgano supondrá un cambio de mayoría hacia posiciones progresistas.

Ambos socios de Gobierno veían fundamental que el asunto de las recusaciones de estos dos miembros del pleno se discutiera antes de que se empiece a abordar la medida cautelar solicitada por el PP. Las enmiendas impugnadas por el PP reforman dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial (LOPJ) y la que regula el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional (LOTC), pero han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita estos días para modificar, entre otros delitos, la malversación y derogar la sedición. Por esta razón, el PP considera que el procedimiento legislativo elegido es inconstitucional y pide al TC que lo paralice, algo que no ha ocurrido jamás con ningún procedimiento vivo en las Cortes Generales.

Recurso prematuro

En su petición el grupo parlamentario de Unidas Podemos consideraba que ambos debían abstenerse de las deliberaciones, porque "resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido", explica el texto.

También recordaba al Tribunal Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano. Añadía que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de impedir la votación en el Congreso y ya carece de objeto. También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, en un supuesto muy similar al actual.

Otros magistrados

Estos escritos se suman a los presentados en los últimos días, entre los que figura el del PP ampliando su petición inicial para que, una vez superado el trámite en el Congreso el pasado jueves -con un total de 184 votos a favor-, la paralización de la reforma se produzca antes de que el asunto se vote en el Senado el próximo jueves. Consideran los populares que el asunto no ha perdido objeto.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario discrepan de que solo se pueda hablar de afectación en el presidente y Narváez, pues la reforma también alude al papel del Consejo General del Poder Judicial, dado que le corresponde designar a otros dos magistrados. Por esta razón, creen que debería considerarse que también están directamente afectados el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares, pendientes de ser renovados desde el pasado mes de junio.