El PSOE intenta frenar el Pleno del TC de este lunes incidiendo en los dos magistrados que deben apartarse

El PSOE ha puesto todo su empeño —y todos los recursos jurídicos a su alcance— en tratar de frenar la deliberación prevista este lunes en el Tribunal Constitucional (TC) que puede concluir con la paralización sin precedentes de una reforma en pleno trámite parlamentario, la dirigida precisamente a acelerar la renovación del propio órgano de garantías. Mediante cuatro escritos remitidos al Tribunal en la tarde de este domingo, alega que parar la reforma vulnera derechos políticos y se suma a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra dos de los magistrados.

Se trata del propio presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y del magistrado también designado a propuesta del PP Antonio Narváez, precisamente los que tendrán que abandonar el órgano si prospera la reforma y toman posesión sus dos sustitutos, designados hace unas semanas por el Ejecutivo. Estos dos nuevos magistrados son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex asesora en Moncloa Laura Díez, y su entrada en el órgano supondrá un cambio de mayorías en el mismo hacia sensibilidades progresistas.

Los documentos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, han sido presentados tres de ellos por la secretaria general del grupo parlamentario socialista en el Congreso y el último por el grupo de senadores socialistas. En ellos, los de Pedro Sánchez señalan expresamente que el recurso que presentó el PP, instando la paralización de la tramitación parlamentaria de forma cautelarísima, ha sido ampliado tras la aprobación el pasado jueves de las enmiendas cuestionadas por los de Nuñez Feijóo, que recibieron 184 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Ahora se solicita la suspensión de la reforma en la Cámara Alta, que se vota este jueves 22 de diciembre.

Las enmiendas reforman dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial (LOPJ) y la que regula el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional (LOTC), pero han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita estos días para modificar, entre otros delitos, la malversación y derogar la sedición. Por esta razón, el PP considera que el procedimiento legislativo elegido es inconstitucional y pide al TC que lo paralice, algo que no ha ocurrido jamás con ningún procedimiento vivo en el Congreso de los Diputados.

Como al PSOE no se le ha dado traslado ni siquiera de la primera petición realizada ni se les ha emplazado para comparecer ante el TC, y al considerar evidente su "interés legítimo", tanto diputados como senadores socialistas solicitan que se les tenga como personados y alegan en contra de las pretensiones del PP.

Interés legítimo

El PSOE incide en sus escritos en que el objeto de este procedimiento, y en concreto la adopción de medidas cautelares que afecten al proceso legislativo, "tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, de todos los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, de imposible reparación".

Añaden que este derecho "se vería violentado en el caso de no proseguir el procedimiento legislativo tal y como el mismo se ha previsto por el Congreso de los Diputados y por el Senado y por sus respectivos órganos de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos de las Cámaras". Subrayan, en relación con lo inédito del recurso del PP, que este partido "no ha agotado la vía parlamentaria previa, para interponer el presente recurso de amparo".

Primero, las recusaciones

De cara al Pleno de mañana, los escritos insisten en que el Pleno del TC de este lunes debería acordar en primer lugar la tramitación del asunto referido a los dos magistrados impugnados, de forma que el recurso y la medida cautelar solicitada quede suspendida "hasta que se resuelva sobre las recusaciones planteadas".

De lo contrario, argumenta el PSOE: "el procedimiento podría quedar viciado por incumplir lo dispuesto en el artículo 225 de la LOPJ, y vulnerar nuestro derecho a un juez imparcial y vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, al formar parte del órgano que debe adoptar las decisiones al respecto aquellos respecto de los que se plantea la recusación".

Los socialistas esgrimen que se ha mantenido la "normalidad reglamentaria" en la tramitación legislativa objeto de recurso y "respetado los derechos de todas las formaciones políticas y los principios de contradicción, debate y transparencia". Ahora se busca, sostienen, que el Constitucional emita un pronunciamiento "ignorando estos pilares básicos del Estado democrático". 

Perturbar el interés general

Inciden de nuevo en el que el tribunal no puede aceptar la solicitud de cautelarísimas porque "no hay una perturbación grave de los intereses generales". Al contrario, suspender la reforma antes de que esté definitivamente aprobada en el Senado supondría precisamente eso: "una de las más graves perturbaciones de los intereses generales". Significaría, subrayan, "paralizar la primera facultad que tienen las Cortes Generales atribuida en nuestra Constitución" que es la potestad legislativa. 

El PSOE aborda en esta ocasión la cuestión fundamental que ha dado lugar al recurso del PP -el hecho de que las enmiendas que afectan a cambios en el CGPJ y en el propio TC se hayan colgado de una modificación de los delitos de malversación y sedición. Lo que jurídicamente se llama falta de homogeneidad. La jurisprudencia, dicen, "no es constante" respecto a su importancia. Puede discutirse a posteriori, pero no en el procedimiento en curso. Sería un "precedente extremadamente grave" y significaría dar al Constitucional un "papel nuevo" e instaurar, a petición de un partido, "un auténtico control previo de constitucionalidad de una iniciativa legislativa".