REFORMA DE MALVERSACIÓN

El incendio político y judicial cimbrea el tablero autonómico y sacude a los barones socialistas

El PSOE contiene la tensión interna agravada por la sombra de un pacto con ERC para una consulta en Cataluña mientras que los barones del PP se crecen en su ofensiva contra Pedro Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España). / EP

Isabel Morillo

La grave crisis política y judicial desatada por las reformas legales impulsadas por el Gobierno, con su eco en un pulso sin precedentes librado desde el Tribunal Constitucional a instancias del PP, cimbrea todo el Estado, más allá del Congreso y Madrid, con fuerte eco en todas las comunidades autónomas. La jornada fue agónica en la Cámara Baja, pendientes de que el Constitucional decidiera, en un acto sin precedentes, si frenaba la votación de los diputados de las reformas legales impulsadas por el Gobierno para modificar malversación y sedición en el Código Penal y alterar las reglas de juego de la renovación de la cúpula judicial. Finalmente, el TC pospuso su decisión al lunes, pero en todas las comunidades el tablero político se tambaleaba mientras Pedro Sánchez participaba, a cientos de kilómetros del incendio, en el Consejo Europeo en Bruselas.

El PSOE digiere como puede la hoja de ruta impulsada por Sánchez de la mano de ERC, con rebajas en los delitos de sedición y malversación a la medida de los líderes responsables del 'procés' en Cataluña y el temor a una consulta en esa comunidad. La situación interna del partido es muy complicada. Ferraz sabía bien de antemano la arriesgada operación política que ponía en marcha, con agenda exprés en el Congreso, y había instrucciones a los territorios de cerrar filas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, número dos del PSOE, fue la encargada de hablar directamente con los líderes autonómicos para reclamar silencio y apoyo al Gobierno, además de para explicar las líneas maestras de una reforma que, avisó, no iba a afectar más allá del 'procés' a ningún condenado por corrupción. Con ese mensaje llamó uno a uno a todos los secretarios generales del PSOE, pero la crisis interna fue imposible de contener.

Illa, sofoca el fuego

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Aragón, Javier Lambán, han arremetido públicamente contra la decisión del Gobierno de rebajar las penas de malversación. El PSOE andaluz se ha alineado con Sánchez, el líder valenciano, Ximo Puig, como Francina Armengol (Baleares) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura) han optado por no generar ruido, pedir serenidad y ponerse de perfil en un debate muy incómodo a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales en mayo del 2023.

Mientras, el líder del PSC, Salvador Illa, trata de calmar los ánimos internos. Al malestar por las rebajas de penas en el delito de malversación para los condenados por haber organizado la consulta ilegal del 1-O se suma el temor a un acuerdo con ERC para una consulta en Cataluña. Un fantasma que amenaza con hacer estallar las costuras socialistas, ya muy tensas con la agenda política impulsada por Sánchez.

ERC dio un paso más al plantear un referéndum sobre la independencia en Cataluña pactado con el Estado, con un mínimo del 50 por ciento de participación y de un 55 por ciento de síes. El primer secretario del PSC fue el encargado de intercambiar varios mensajes con García-Page, el barón socialista que con más dureza ha calificado las reformas del Gobierno, para llamar a calma y tranquilizar sobre el papel de los socialistas en Cataluña.

Entre sus mensajes, Illa defendió la mejora de la convivencia en Cataluña, bajo la premisa de que lo que es bueno para esta comunidad “es bueno para España”. El PSC, trasladó luego Illa públicamente, “ha garantizado y garantizará el cumplimiento íntegro de la Constitución”.

Tanto Puig como Francina Armengol, ambos reunidos en una cumbre Baleares-Comunidad Valenciana, insistieron en pedir “serenidad” ante la reforma de malversación, que “en ningún caso puede suponer rebaja de penas para los corruptos”, marcaron como frontera, y apelaron a la calma ante el acuerdo con ERC.

El PP aviva las llamas

Entre los barones más templados tampoco la situación es fácil. Las tensiones internas en las federaciones existen y las dudas sobre la oportunidad de agenda política también. En Andalucía, el secretario general, Juan Espadas, maniobra para que el temor de los alcaldes a las consecuencias electorales de todo este ruido político no se verbalice en ninguna declaración contra Moncloa. Todos los líderes socialistas tienen enfrente a un PP crecido en los ataques al Gobierno, con duros reproches a los presidentes autonómicos que cierran filas con Pedro Sánchez.

La sesión de control al Gobierno en Andalucía dejó una buena muestra de esa situación, con el presidente Juan Manuel Moreno arreando al jefe de la oposición por haber convertido al PSOE andaluz en “el primero de la fila” para “aplaudir los desvaríos” del presidente del Gobierno. “El PSOE de Andalucía no tiene voz propia, esa personalidad y criterio propio que antaño tuvo”, reprochó el líder del PP andaluz. Espadas se reafirmó en defender a un Gobierno que ha traído “5.000 millones de euros” a Andalucía mientras gobierna y exigió a Moreno que deje de darle lecciones políticas y de estrategias de la oposición.

Otros líderes del PP, como el alcalde de Madrid o la presidente de esta comunidad, exigen a los barones críticos que den un paso más y echan más gasolina al fuego. José Luis Martínez-Almeida urgió a los barones y diputados socialistas críticos a “hacer gestos” que demuestren ese descontento con la política del Gobierno central y que no se queden en "lágrimas de cocodrilo". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó la jornada del “día más oscuro de la democracia y del mes". Acusó a los socialistas de estar “rompiendo las garantías democráticas, rescribiendo el código penal a la carta, a la orden de sus socios que han cometido grandes delitos”.