Los barones esconden sus críticas hasta que el Gobierno aclare a quién afecta la rebaja de penas

Con España en una semana casi festiva, el Ejecutivo ha acabado de confirmar su implicación en una reforma del delito del malversación, en paralelo con la supresión de la sedición, para acabar de atemperar en los tribunales el problema catalán. Una modificación exigida por ERC que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca descartó. Pero, pese a la claridad de sus palabras, muchos en el PSOE, incluso algunos ministros, pensaban que finalmente lo aparcaría.

Esta convivencia con el sobresalto continuo, que ya se ha convertido en costumbre para los socialistas, mantiene a los barones a la espera de que Moncloa diga la última palabra sobre a quién afectará la rebaja de penas para los casos de malversación en que no exista lucro personal. Un cambio que ERC ha plasmado en una enmienda a la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos para sustituir la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados y que los socialistas pretenden retocar ahora para que, al reducir los años de cárcel, no suceda lo mismo que con la ley del sí es sí: que los culpables de malversación vean acortado el tiempo en prisión.

El propósito de ERC es ayudar a los condenados, procesados o investigados en el marco del 'procés', entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero la imposibilidad de acotar a este caso una reforma del Código Penal abre la puerta a reducir las penas de otros acusados por malversación. Desde el Gobierno se asegura que esto no va a suceder y se insta a comprobarlo este mismo lunes, cuando desvelarán la enmienda transaccional al texto de ERC.

"No beneficiar a los corruptos"

Esta fórmula mágica para que la modificación no se perciba como una rebaja general, sino sólo como un apaño hecho a medida de los independentistas, es lo que mantiene en relativo silencio a los barones socialistas. La premisa básica para la mayoría es que no suponga una concesión en la lucha contra la corrupción política. Con muchos de ellos, en viernes de puente, sin agenda pública, el presidente del Principado, Adrián Barbón, fue quien lo expresó públicamente con toda claridad. "Yo estaré de acuerdo con perseguir aun más la corrupción y castigarla con más dureza, pero lo que sea levantar la mano con respecto a corruptos nunca voy a estar de acuerdo", señaló.

Una declaración en la línea de lo expresado en los últimos días por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que pidió que cualquier cambio "debería hacerse sin beneficiar a los corruptos" o del sentir de autonomías como la Comunidad Valenciana, donde apuntan también a que la modificación de la malversación "no puede suponer un beneficio para la corrupción sino ser igual o más duros". Fuentes del socialismo canario defendieron también que no se dé "ni un paso atrás".

Cataluña, fuera del debate

Ahora todos están pendientes de la última palabra de Moncloa. Sólo la portavoz del Gobierno de Castila-La Mancha, Blanca Fernández, rechazó de plano la enmienda de ERC y que los independentistas se vean favorecidos por este cambio y recordó que su malversación se basó en "financiar con dinero público un referéndum ilegal con el que se pretendía legitimar un golpe constitucional", algo que "es corrupción, y de la grave". Algo que comparte el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha sostenido que "malversar es, en cualquiera de sus modalidades, corrupción", y en el caso de los separatistas, "de manera agravada".

Tanto él como Emiliano García-Page son quienes más claramente se han posicionado en contra de ayudar a los independentistas, también con la eliminación de la sedición. Pero el debate en el resto del partido pivota sobre cómo la propuesta de ERC puede beneficiar a otros condenados por corrupción. En Ferraz sostienen que si los barones no han alzado la voz es porque lo que se ha presentado en el Congreso "va en la línea que decían de no rebajar penas", en referencia a otra enmienda del PSOE que plantea la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos públicos que hayan obtenido un "incremento patrimonial no justificado" superior a los 250.000 euros.

Las líneas rojas del PSOE

Evidentemente esto no provoca ninguna discusión en el partido, sólo las consecuencias de tocar la malversación. Pero sobre eso en la dirección socialista se muestran tan tajantes como en Moncloa y sostienen que el portavoz parlamentario, Patxi López, ya ha explicado cuáles son las líneas rojas. López afirmó que no van a aceptar "ninguna propuesta que vaya en beneficio de condenados o procesados por corrupción" y que "todo uso irregular o arbitrario de fondos públicos" debe estar tipificado en el Código Penal. "No vamos a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción ni nada que tenga que ver con la despenalización del uso indebido de fondos públicos", recalcó.

La discusión interna queda, por tanto, congelada hasta este lunes. Los barones, a excepción de Page y Lambán, aceptaron sin apenas reparos la supresión de la sedición al creer que no tendrá coste electoral porque el marco de elecciones autonómicas y municipales será sólo económico y por la convicción de que la política de Sánchez en Cataluña, con el gran símbolo de la concesión de los indultos, está resultando positiva. Se revolvieron más tras la entrada en vigor de la ley del sí es sí y la rebaja de condenas que ha acarreado y clamaron por una rectificación. Ese malestar con los efectos del proyecto de Irene Montero permanece intacto, a la espera de que se realicen los retoques que recientemente, y por primera vez de manera clara, anunció el presidente.

Pero la malversación son palabras mayores. Algunos barones han conquistado sus autonomías con duras críticas a los desmanes del PP y cualquier concesión ante la corrupción es un tiro político en el pie. El Gobierno asume los beneficios al independentismo pero pide calma en el resto de casos. Al menos hasta el lunes. Sí dejan claro que ni siquiera ayudará al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a pesar de las dudas de algunos juristas.