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Entrevista

El presidente del CSIF: "Los responsables de la lentitud burocrática en la Administración son los políticos"

"No hay uniformidad en la atención presencial, y el ciudadano se está encontrando dificultades para acceder a los servicios públicos", dice el economista Miguel Borra

Miguel Borra. Luisma Murias

Miguel Borra lleva al frente de CSIF, el tercer sindicato más importante del país desde hace más de ocho años. Este economista aragonés de 54 años jugó en su juventud al rugby, de ahí que lleve de serie eso de meter presión para ganar melés. Asegura que los empleados públicos en España están muy mal pagados y que hace falta una renovación en las plantillas, por razones biológicas, que las Administraciones no han planificado adecuadamente.

¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes que su sindicato detecta en Asturias?

Nos preocupa la implantación de la LOMLOE, que en Asturias genera muchos más problemas que en otras autonomías porque la falta de liderazgo de la Consejería de Educación se ha traducido en una formación escasa y tardía. Al final, los paganos son los docentes, que deben asumir una carga burocrática desproporcionada y nos tememos que repercuta en la docencia. Y la sanidad, que presenta en Asturias los mismos problemas que en el resto de España, con acuciantes necesidades de plantilla, la urgencia de un plan en Atención Primaria y de la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. También nos inquietan mucho las agresiones en los centros de salud, cuanto más pequeño es el centro, más riesgo hay, y en la enseñanza

El Principado tiene en marcha la elaboración de una nueva ley de Función Pública. ¿Es necesaria?

Mucho, porque la actual está anticuada, es de 1985, y la reforma está atascada en el parlamento. Es necesario un impulso. Exigimos a los gobiernos consensos con los demás partidos, son necesarios pactos para hacer partícipes a todos de los problemas y de las soluciones. Los políticos se olvidan muchas veces de que los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los gobernantes de turno. El CSIF lleva una propuesta a esta ley regional.

¿Cuál?

Planteamos crear una mesa de coordinación en la Administración local, que sirva para unificar criterios, desde bolsas de contratación a los distintos trámites. Sería buena una homogeneización para los 78 ayuntamientos para facilitar la vida y el acceso a los ciudadanos. Es algo que existe ya en otras comunidades autónomas y funciona bien. Por ejemplo, cada Ayuntamiento tiene un modelo de empadronamiento distinto, una forma de cobrar las multas diferente. Hace falta sentido común y coordinación.

¿Cómo van los procesos de estabilización para reducir la interinidad?

La norma marca que a 31 de diciembre deben estar convocados todos los procesos, pero el SESPA va muy lento. Hay también mucho atasco en las convocatorias que tiene pendientes el Principado, lo que genera gran intranquilidad en el colectivo de los interinos.

Cada vez se habla más de la lentitud de la burocracia en la Administración. ¿Tienen detectado este problema?

Hay muchos retrasos en el SEPE y en la Seguridad Social. Y hay motivos: el SEPE ha perdido 5.000 funcionarios, que supone casi el 40 por ciento de la plantilla en los últimos años, teniendo que asumir mayor cargo de trabajo con este déficit de personal tan importante. Los sistemas informáticos en algunos casos tienen una antigüedad de cuarenta años. Así es complicado dar al ciudadano la atención que se merece. El Ingreso Mínimo Vital ha generado una carga de trabajo en la Seguridad Social muy importante, sin que haya habido refuerzo de equipos. Si a eso sumamos el porcentaje de plantilla que ya cuenta con más de 50 años, están claras las dificultades con las que cada vez se encuentran más ciudadanos para poder acceder a la atención que necesitan. Este es también un problema general en todas las administraciones.

¿Esta lentitud de las Administraciones perjudicará la ejecución de los fondos europeos, los pondrá en riesgo?

No será por culpa de los empleados públicos. El Gobierno podía haber gestionado mejor los equipos y no ha utilizado bien el capital humano que tenía en los distintos ministerios. Pero los ciudadanos deben tener claro que no se va perder ni un euro por la labor de los empleados públicos.

¿Entonces a quién es achacable la responsabilidad de esa lentitud burocrática, de la que cada vez se quejan más los responsables políticos?

Los funcionarios hacemos y aplicamos lo que nos dictan nuestros jefes, y nuestros jefes son los políticos. Son los políticos quienes establecen los criterios y los que deciden cuestiones como, por ejemplo, las tasas de reposición abandonadas y bajo mínimos desde hace más de una década. Sin ir más lejos, fuera de España están trabajando 18.000 médicos, que es el equivalente a tres promociones enteras; y quienes deciden sus condiciones laborales, que han llevado a esos profesionales fuera del país, son los políticos. El empleado público no hace leyes, ni procedimientos, que vienen marcados por los políticos. Una queja permanente de CSIF es la creciente politización de la Administración, que tiene decenas de miles de asesores y cargos políticos mientras nos faltan médicos, maestros, policías, jueces y un largo etcétera.

¿Qué pasa con la atención presencial en la Administración central?

El acuerdo estatal sobre el teletrabajo de abril de 2021 establecía el derecho del ciudadano a ser atendido presencialmente siempre que lo requiriera en los centros de trabajo. Por encima de todo, debía primar la atención a nuestros ciudadanos, pero ese acuerdo, como tantos otros, está sin desarrollar. El Gobierno no hizo nada y lo que ocurre es que cada departamento y sus jefes, secretarios de Estado y subsecretarios, están aplicando los criterios que ellos creen convenientes. No hay uniformidad en la atención y, desde luego, el ciudadano está encontrando dificultades de acceder a servicios públicos. Faltan criterios y faltan también medios humanos.

¿Entonces no hay muchos funcionarios en España?

Eso es un tópico. Falta personal en todos los ámbitos de la Administración. España tiene el mismo número de empleados públicos, más o menos que Alemania, y muy inferior al de Francia. Hay una serie de servicios públicos donde falta personal.

¿Por qué votó CSIF en contra de la subida salarial a los empleados públicos que sí han aprobado UGT y CC OO?

Es una subida a tres años, 2022, 2023 y 2024, de un 6 por ciento fijo y un punto y medio variable. Es totalmente insuficiente hasta el punto de que el desfase de la inflación de 2022 ni siquiera quedará cubierta con la subida firmada para esos tres años. El acuerdo que firman CC OO y UGT nuevamente empobrece a los trabajadores públicos. En realidad, es una pérdida salarial.

Y se quejan de que todavía no han recuperado el terreno salarial perdido en la gran recesión.

Sufrimos una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde que en 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero rebajó nuestros sueldos entre el 5 y el 10 por ciento. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la pérdida acumulada equivale a que un funcionario del grupo A1 –es decir, un médico, un profesor de instituto o de universidad– ha trabajado gratis 18 meses en la última década; que un grupo A2 –una enfermera, una maestra o un cuerpo de gestión– ha trabajado gratis 15 meses en diez años y un grupo C1 –un policía, por ejemplo– ha trabajado 13 meses gratis en la última década. Los empleados públicos ya hemos pagado el pacto de rentas sobradamente.

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