La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha salido este martes a las calles de Barcelona para protestar contra la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno, en una manifestación que ha terminado con gritos de "Govern dimisión" y acusaciones de "colaboracionismo" al ejecutivo de Pere Aragonès.

La manifestación, que ha empezado en el Pla de Palau al mediodía, ha recorrido calles del casco antiguo de Barcelona hasta llegar a la Plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

"Nos han querido engañar y no lo han conseguido. El Estado quiere aumentar la represión contra nosotros y lo está haciendo con la connivencia del Govern. Estamos aquí para decir que no queremos que se apruebe la reforma del Código Penal y exigir que ningún partido independentista preste su apoyo", ha afirmado la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en el parlamento con el que ha concluido la movilización.

Reproches a ERC

En las pausas que ha hecho Feliu en su discurso, los manifestantes han entonado gritos de "Aragonès dimisión", "traidor" y "Puigdemont presidente".

"Queremos que cualquier acción del Govern se encamine a hacer la independencia, no a aumentar la represión contra nosotros", ha aseverado Feliu.

Junto a la presidenta de la ANC, también han cargado contra el Govern el resto de personas que han intervenido en los parlamentos finales de la movilización.

"No podemos dejar que negocien en Madrid nuestra libertad a cambio de unas migas", ha dicho el activista independentista y ex diputado de los comunes Albano Dante Fachín, que ha añadido: "No queremos pactar nada con el PSOE de los GAL y la cal viva".

Jordi Pesarrodona, el ex concejal de ERC y payaso que fue condenado por desobediencia por el 1-O, ha criticado que el ejecutivo de Aragonès haya dado apoyo al Gobierno en la reforma del Código Penal (votó a favor a su tramitación la semana pasada en el Congreso): "Es un Govern colaboracionista".

Un miembro de la plataforma Meridiana Resiste, que agrupa a los activistas que cortaban la avenida Meridiana de Barcelona en protesta contra el Estado español, ha acusado a ERC de querer solo modificar el delito de malversación para "salvar a los represaliados 'VIP'", los mandatarios de Esquerra Republicana acusados o condenados por este delito por organizar el referéndum del 1 de octubre en 2017.

"ES UNA TRAMPA"

Feliu ha insistido en que la reforma promovida por el Gobierno para eliminar la sedición del Código Penal y reformar el delito de desórdenes públicos es "una trampa" para el independentismo: "Si quieren derogar la sedición, muy bien, allí nos encontrarán. Pero que no hagan nada más, que no aprovechen esta reforma para aumentar la represión por la puerta de atrás".

La nueva redacción del delito de desórdenes que defiende el ejecutivo de Pedro Sánchez castigaría con penas de seis meses a tres años de cárcel a quienes, "con intención de atentar contra la paz pública, obstaculicen las vías públicas o ocupen edificios ocasionando un peligro para la salud y la vida de las personas".

"Cuando hablan de ocupar vías públicas o de ocupar edificios están haciendo un Código Penal para perseguirnos", ha defendido Feliu.

Los representantes de Meridiana Resiste, por su parte, han argumentado que si se aprueba la reforma, las protestas que llevan a cabo cortando calles serán perseguidas penalmente.

Dante Fachín ha conminado a la gente a seguir saliendo a la calle: "Quieren reprimir nuestro derecho a movilizarnos. Nos encontrarán de cara. El derecho a manifestarse se consigue manifestándose".

La presidenta de la plataforma soberanista catalana ha atacado de nuevo a ERC diciendo: "Que no nos vengan con excusas de enmiendas", en relación al anuncio que hicieron los republicanos hace unos días de su intención de intentar reformular la redacción provisional del delito en el trámite de enmiendas parciales, todavía abierto, para que no sea "más represivo".

En este sentido, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha manifestado al inicio de la manifestación que espera que todos los grupos parlamentarios independentistas en el Congreso logren la "unidad" para presentar una enmienda conjunta contra la formulación que el Gobierno ha propuesto para el delito de desórdenes públicos agravados.