El retraso con poca justificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden ha llevado al Gobierno a nombrar a los suyos sin esperar más en el Consejo de Ministros de este martes. Con su designación, la pelota ha pasado al tejado del propio tribunal de garantías, que debe decidir cómo afronta la situación inédita que vive, en la que solo se designará a la mitad de los magistrados que correspondería hacerlo en este tercio. De momento su decisión pasa por comunicar la designación del Ejecutivo al propio Consejo para forzarle a desbloquear los nombramientos que le corresponden, informaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del alto tribunal.

En el Constitucional, reunido en su primer día de pleno, que celebra cada dos semanas, la noticia se recibió con cautela y con intención de adelantar lo menos posible sus próximos pasos. Uno en falso puede complicar la toma de posesión de los designados por el Ejecutivo, cuyos méritos (15 años como juristas de reconocida competencia) deben ser avalados en un pleno del propio tribunal; también, la próxima elección del presidente, puesto para el que el progresista Cándido Conde-Pumpido se perfila como quien tiene más opciones.

Las fuentes consultadas señalan que, una vez recibida la comunicación oficial de Moncloa con la designación, lo que se espera este miércoles, el alto tribunal se dirigirá a la mayor brevedad al propio Consejo General del Poder Judicial, con la intención de que proceda a realizar sus propios nombramientos, con lo que se terminaría con la inédita y problemática situación surgida de producirse una renovación no por tercios, como marca la Constitución, sino por sextos. Para esperar al CGPJ, el tribunal de garantías podría no dar otro paso hasta después del próximo 22 de diciembre, cuando está fijado el pleno en el que se debería producir la designación por el Poder Judicial.

Cambio de situación

Desde la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el propio Consejo, lo que habría permitido que los dos magistrados que le corresponden fueran elegidos por los nuevos 20 vocales, desde el propio Constitucional han surgido voces que descartaban ya cualquier tacha de inconstitucionalidad en la decisión del Ejecutivo de designar a sus magistrados sin esperar al órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo, cuando el núcleo duro de los conservadores del Consejo se había obstinado en impedir la elección de los dos que corresponden al órgano de gobierno de los jueces con la cuando menos poco creíble versión de no encontrar candidato.

En este sentido, las fuentes del Constitucional señalan que "la facultad del Gobierno de nombrar es independiente de la del Consejo, y no hay norma alguna que establezca que el Consejo debe nombrar primero", aunque "durante 40 años, siempre se hayan acompasado los nombramientos para celebrar una toma de posesión conjunta, esperando, si era necesario, algunos días o incluso semanas". El problema es que "nunca se había retrasado uno de los órganos constitucionales varios meses" y eso hace que justo sea "difícil decir qué puede pasar".

Sin previsión

El Consejo ha pospuesto a su pleno de diciembre la designación de los dos magistrados que le corresponden, pero el ambiente que se respira en el órgano no hace presumir que ese plazo, a diferencia de los anteriores, sí se vaya a cumplir. Y el Constitucional tampoco puede prolongar eternamente la situación de interinidad que le había impuesto su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, en el sentido de no pronunciarse sobre asuntos de calado hasta su renovación.

Ahora la cosa está en cómo se articula el relevo de los magistrados que fueron en su día nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy: el propio presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, que serán sustituidos por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díaz. En su día los primeros fueron nombrados con Xiol y Santiago Martínez-Vares; el mandato de los cuatro está caducado desde el pasado 12 de junio.

Confabulación

El relevo solo será posible si el pleno del TC facilita ahora la toma posesión a los dos nuevos magistrados. Pero existe el temor de que la mayoría conservadora ponga alguna traba para impedir el relevo, lo que de primeras supondría que la sensibilidad mayoritaria sea la progresista. De ahí que haya quien en el mismo Constitucional vea la situación con cierto escepticismo y la compare con una especie de círculo vicioso.

Apuntan a que "el PP impida la renovación del CGPJ, porque tiene mayoría. La mayoría de vocales del PP, la del TC, donde también tiene mayoría. Y la mayoría del magistrados del PP impedirá también la toma de posesión de los nombrados por el Gobierno, para perpetuar en el cargo a los elegidos por el Gobierno de Rajoy, caducados hace seis meses", lo que ven como una especie de "confabulación contra la Constitución".

A la composición actual del Constitucional también le falta un magistrado del cupo del Senado que sustituya al conservador Alfredo Montoya, que renunció por enfermedad, al no recuperarse lo suficiente de un ictus que sufrió el verano de 2021.