El camino hacia la absolución de todos los acusados del caso Cursach sigue despejándose. Las acusaciones particulares, único sustento del juicio tras la liquidación total de la Fiscalía, han decidido rebajar también sus imputaciones. Este movimiento de los empresarios denunciantes reduce la lista de acusados a cinco: el propio Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, dos agentes de la Policía Local de Palma y un alto cargo del ayuntamiento de Calvià. El macroproceso de corrupción queda así reducido a casi nada. Para más inri, dos inspectores de la Policía Nacional dedicaron en el juicio cuatro horas en lanzar durísimas acusaciones contra los investigadores -el juez Penalva, el fiscal Subirán y los agentes del grupo de Blanqueo- de manipular pruebas y testigos contra los encausados. En la instrucción, dijeron, "las piezas se encajaban a martillazos", con un "uso torticero de la ley" y "abusos procesales". "Parecía que el fin estaba predeterminado", concluyeron.

Tras la deserción de la Fiscalía, que el viernes anunció que retiraría todos los cargos contra todos los acusados al no apreciar ninguna prueba de delito alguno, el caso siguió desinflándose con nuevas renuncias de las acusaciones particulares. El abogado del empresario Ángel Ávila retiró los cargos contra Cursach y siete policías, y ya solo pide una condena de 9,5 años para Sbert. El letrado de otro empresario de Palma siguió el mismo camino y redujo su acusación a solo dos policías, para quienes reclama 6,5 y 9,5 años respectivamente. La abogada Teresa Bueyes, que actúa en nombre de un empresario de Magaluf, no compareció y por el momento no ha modificado su postura: más de 39 años de cárcel para Cursach y Sbert y 13 años de inhabilitación para un funcionario del Ayuntamiento de Calvià.

Engordó así el listado de procesados que están ya absueltos de facto. La renuncia de la Fiscalía del pasado viernes exculpó a siete policías y otros cinco -Feliciano Franco, Gabriel Torres, Bartolomé Capó, Felipe Florit y Rafael Amengual-, todos de la Patrulla Verde, quedaron liberados de imputaciones. Los abogados continuaron renunciando a sus testigos, ya innecesarios porque de nada deben defenderse. De los 24 sospechosos que se sentaron en el banquillo el primer día del juicio ya solo quedan cargos en pie contra cinco de ellos.

Con este panorama, el juicio del caso Cursach se ha convertido ya en el calentamiento del que sentará en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia al exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional por cometer delitos durante la instrucción. Sus supuestos desmanes en las pesquisas coparon toda la sesión de la vista oral.

El tribunal escuchó durante cuatro horas a los dos inspectores de la Policía Nacional que investigaron esas presuntas irregularidades. Sus pesquisas son una de las piedras angulares de la causa abierta en el TSJB, para la que elaboraron ocho informes, y ambos cargaron con dureza contra los investigadores del Caso Cursach. En su comparecencia, explicaron que entraron en la investigación a raíz de una denuncia de la madama, la testigo que decía haber regentado un burdel al que acudían policías y políticos invitados por Cursach, contra dos mandos de la Policía Nacional por amenazarla para que retirase sus acusaciones. "Se demostró que era falsa", afirmaron. "Luego entró otra denuncia por las filtraciones y se incautaron unos móviles", narraron en referencia al decomiso de los teléfonos de dos agentes de Blanqueo en los que se encontraron "de forma casual" cientos de mensajes de grupos de WhatsApp en los que Penalva, Subirán y los policías comentaban las pesquisas.

Estos mensajes y sus investigaciones les llevaron a la conclusión de que la investigación del caso Cursach estaba plagada de irregularidades. Buena parte de sus acusaciones se centran en el papel que testigos como la madama jugaron durante la investigación. Por un lado, explicaron que "casi todos los testigos" entraron en la causa por intereses personales y que eran utilizados como "misiles teledirigidos" contra los investigados. Se refirieron especialmente a la propia madama, a ‘El Ico’ y al extrabajador de la discoteca Tito’s que dijo haber visto desembarcos de droga y orgías para policías en el establecimiento. 

 Los inspectores de la Policía Nacional afirmaron que los mensajes de WhatsApp revelan que Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo repasaban con ellos lo que debían declarar y a quién acusar. "Le decían el nombre de quien iba a entrar a un careo y lo que tenía que decir", dijeron sobre ‘El Ico’. También señalaron que las acusaciones que lanzaban estos testigos eran aceptadas como ciertas sin realizar comprobaciones: "La declaración de una persona con dudosos intereses era utilizada para convertir a alguien en presunto culpable. No se investigaba, y lo poco que se investigaba, si no interesaba, no se aportaba. Se encajaban las piezas a martillazos", sentenciaron.

Sobre las agresiones que denunciaron varios de estos testigos, que han acabado en condenas ratificadas por el Tribunal Supremo, afirmaron que eran «falsas» y que se utilizaban para justificar la permanencia en prisión preventiva de los acusados. Como ejemplo, afirmaron que las lesiones que la madama atribuyó a una paliza eran en realidad fruto de un accidente doméstico. 

"Clima de terror"

También señalaron que algunos de los empresarios personados como acusación particular, como Ángel Ávila o José Manuel Bover, utilizaron esta investigación para una suerte de ajuste de cuentas con el Grupo Cursach tras años de enfrentamientos. De ellos dijeron que llevaban testigos a la causa y que llegaban a consensuar con los investigadores sus apariciones en programas de televisión para hablar del caso. Además, afirmaron que gozaban de un gran poder de actuación: "Tenían amedrentado a todo el mundo. Una denuncia de ellos y te ibas a prisión", dijeron. 

"La tesis que mantenemos es que se utilizaba sistemáticamente la detención y la prisión para ablandar. Había un clima de terror. Hay gente que ha pasado un verdadero calvario", concluyó uno de los policías.