Una década desde que un wasap alertó al PSOE de que estaban rodeados por los ERE

Casi diez años después, tres más tarde desde que la Audiencia de Sevilla condenara a la cúpula socialista durante veinte años en Andalucía por el mayor caso de corrupción de la historia del PSOE, el tribunal ha ordenado la entrada en prisión de ocho de los nueve condenados a penas de cárcel por malversación en el caso ERE. Además de Griñán, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández, José Antonio Viera; los exviceconsejeros Jesús Rodríguez y Agustín Barberá y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano.

Entran en prisión en la llamada pieza política de los ERE, que juzgó el procedimiento específico por el que la Junta repartió más de 680 millones de euros durante una década para financiar expedientes de regulación de empleo y ayudar a empresas en crisis. Más de 6.000 prejubilados cobraron esa ayuda pública, muchos la siguen percibiendo, mediante un sistema que la justicia considera “ilegal”, “discrecional” y “arbitrario”.

Una década de calvario

Cuando aquel wasap bomba encogió el corazón de muchos socialistas, Griñán acababa de dimitir como presidente y todos los miembros del Gobierno que habían tenido relación con los ERE habían sido cesados. Nadie admitió que era por eso pero no hacía falta. Era el motivo: tratar de blindar al Ejecutivo socialista de la erosión.

La dimensión del caso ya comenzaba a intuirse, pero nadie en el PSOE podía pensar que algunos de los mayores responsables del partido iban a terminar en la cárcel. “Es tremendamente doloroso”, zanjaban un miembro de la ejecutiva federal de PSOE minutos después de conocerse la ejecutoria que ordena la entrada en prisión sin esperar ni a indultos ni a que el Supremo y el Constitucional resuelvan los recursos elevados por las defensas.

“Es un daño irreparable y además en una entrega innecesaria por capítulos, cuando además nunca Griñán ha perdido la esperanza de que la justicia acabara dándole la razón”, señala un dirigente socialista. “Nadie quiere ni pensar que esta decisión se haya acelerado por el ruido levantado por ERC”, señala alguien muy próximo al expresidente andaluz, refiriéndose a la solicitud del partido independentista catalán de sumar la reforma de malversación en la supresión de sedición en el Código Penal. Una salida que podría beneficiar a Griñán, a quien no se le acusa de enriquecimiento propio sino de terceros, y un debate que ha coincidido con los tiempos que manejaba la Audiencia para decidir sobre su entrada en prisión.

Fin del aforamiento

Aquel auto de 2013 fue anulado por la Audiencia de Sevilla por no estar suficientemente fundado. La juez Alaya había hecho una especie de señalamiento, una ‘preimputación’, porque los exaltos cargos estaban aforados ante el Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como diputados. Chaves ocupaba un escaño en el Congreso y debía responder ante el Supremo. Griñán iba a ser designado como senador por la comunidad y también tenía aforamiento.

Precisamente todo cambió para Griñán cuando el caso salió del Supremo y fue devuelto a los juzgados de instrucción de Sevilla. Hasta entonces nadie le imputó malversación. Un delito que quedaba restringido a los responsables del área de Empleo, que habían ejecutado las partidas y entregado las ayudas. En junio de 2015, empujados por las direcciones regional y federal del partido, los imputados en el Supremo se dieron de baja de militancia y entregaron sus escaños.

El “caiga quien caiga” que enarbolaron Susana Díaz y Pedro Sánchez para apartar a los implicados tuvo sus efectos de forma especialmente negativa en el caso de Griñán. El juez del Supremo había hecho un relato muy duro de su papel en el caso ERE, acusándolo de ignorar informe de la Intervención determinantes e insistiendo en la acusación de que actuaba “a sabiendas” que se ha mantenido hasta ahora.

Sin embargo, lo exculpaba de malversación: "Debe dejarse constancia de que, cuando menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de malversación". “No se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas", zanjó el instructor.

Giro en 2016

Fue casi un año más tarde, en mayo de 2016, cuando en los juzgados de Sevilla el instructor Álvaro Martín imputó a Griñán la pena de malversación, por consentir el lucro de terceros mediante un acto de prevaricación. La Audiencia de Sevilla ratificó esta pena y el Supremo también, aunque la sentencia no fue unánime. Dos magistradas firmaron un voto particular que rechaza la condena de Griñán y de los otros cuatro excargos de la Junta de Andalucía, ya que considera que la sentencia supone “un arriesgado salto en el vacío”, pues atribuye a los cinco acusados que eran ajenos a la Consejería de Empleo “un dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”. "No compartimos la respuesta mayoritaria de este Tribunal”, advirtieron.

El entorno de Griñán confía en que su edad, 76 años, su trayectoria pública ejemplar y un informe médico que acredita su padecimiento y su delicado estado de salud, para que el paso por la cárcel sea corto. El temido momento ha llegado. La Audiencia da diez días a los condenados por malversación para que suspendan su libertad. "Si eso ocurriera no tendría más remedio que acatar la sentencia y mi vida habría terminado", declaró Griñán en una entrevista en Onda Cero.