Uno es un ex piloto israelí que terminó negándose a lanzar bombas sobre Gaza. Otro, un activista, israelí también, que promueve la descolonización de Palestina. La última, una hija de víctimas del holocausto nazi en Lituania que ahora vive en España muy crítica con el Gobierno de Tel Aviv. Los tres tienen en común que son judíos que se oponen a lo que llaman “apartheid” israelí en Palestina. Se consideran judíos antisionistas; es decir, en contra del movimiento político nacionalista que promueve la ocupación del territorio palestino para la consumación del Estado de Israel.
Los tres han cargado este martes, desde el Congreso de los Diputados, contra el intento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de cambiar la ley nacional de contratos para castigar a las empresas consideradas “antisemitas”. La Asamblea de la Comunidad de Madrid ha conseguido llevar al Congreso una enmienda a la norma que, de ser aprobada, podría eliminar la financiación de ONGs o empresas que se pronunciaran contra la ocupación, según denuncian los activistas. En ella, se pide sancionar a todas las compañías que sean racistas o xenófobas en general y, muy en particular, a las que se consideren antisemitas. Usan en el texto una definición del término “antisemita” que abre la puerta a castigar ciertas críticas al Estado de Israel, denuncian.
La proposición de ley presentada cita como “ejemplos contemporáneos de antisemitismo en la vida pública, en los medios de comunicación y en las escuelas” actitudes como las siguientes: “Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nacionalsocialistas alemanes de los años 30”; “considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel”; “acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel que a los intereses de sus propios países”.
“Esta ley estúpida ‘no pasará’”, ha dicho Yonatan Shapira, el ex militar israelí, durante un acto en el Congreso de los Diputados organizado por Unidas Podemos. “Yo tengo cosas muy duras que decir sobre mi Gobierno, pero eso no me hace antisemita, me hace ‘anti-políticas’ de mi Gobierno”.
Shapira ha contado en la sala Clara Campoamor de la Carrera de San Jerónimo cómo pasó de lo que llama el “lavado de cerebro sionista”, en el que se crió, a ser un activista contra la ocupación de Palestina. Él creció pensando que tenía que defender a Israel de sus enemigos, y por eso se hizo piloto de un helicóptero Black Hawk, desde el que se atacaba a los palestinos. Todo cambió para él hace 18 años, cuando un F-16 israelí soltó una bomba de una tonelada sobre la casa de tres plantas de uno de los líderes del grupo islamista Hamás. La casa se convirtió en medio de la noche, recuerda, en un boquete en el suelo. Fallecieron 15 personas, la mayoría niños. “Habían muerto carbonizados; se habían convertido en cenizas”. Él y otros 30 pilotos presentaron una carta de renuncia ante el Ejército. “Para mí, esos niños eran yo mismo de pequeño”. Desde entonces, hace proselitismo de la causa palestina y califica al Ejército israelí como terrorista. En el conflicto palestino-israelí han muerto en los últimos 15 años más de 6.000 palestinos, de ellos cerca de 1.200 niños, y 200 israelíes, de ellos 15 menores, todo según datos de Naciones Unidas. “Yo, dentro de la definición de la propuesta de ley, sería considerado antisemita”.
Isabel Díaz Ayuso, que se ha declarado en repetidas ocasiones “amiga de Israel”, obtuvo el apoyo de la Asamblea madrileña a principios de octubre para llevar su propuesta a la cámara legislativa nacional. El PSOE voto sí a la iniciativa, pero alegó que era con el propósito de ampliarla y mejorarla: “Hay una oleada preocupante de antisemitismo”, dijo el diputado socialista Miguel Ángel González Caballero, que advirtió de que “no se debe confundir antisemitismo con la crítica a un Gobierno", según informó Elena Marín. Más Madrid se opuso, bajo el argumento de que la iniciativa resultaba demasiado restrictiva porque se limitaba a poner el foco en el antisemitismo y no en la discriminación de otros colectivos por razón de su sexo, raza, religión u opinión.
Eitan Bronstein es documentalista y activista israelí y cofundador de la organización contra la ocupación De-Colonizer. Ha estado detenido en varias ocasiones en Israel por negarse a combatir contra los palestinos o los libaneses. Se crió en un Kibutz israelí, pero ahora vive en Bruselas. Asegura que su país tiene una política sostenida dirigida a calificar “cualquier crítica a Israel o llamada al boicot sea considerada como una forma de antisemitismo, y eso es una enorme mentira”.
“Yo soy judía y no considero que Israel represente mi derecho de autodeterminación”, ha explicado Liliana Córdova sobre una de las cuestiones que se podría calificar de antisemitismo si la ley sale adelante (“denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista”). Córdova, residente en Madrid y criada en Argentina, es hija de supervivientes de la ocupación nazi de Lituania. Lleva la Red Judía Antisionista Internacional. Afea que se haya usado en la proposición de ley una definición muy mejorable de antisemitismo, la de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en lugar de otras como las que han elaborado académicos y se ha plasmado en la Declaración de Jerusalén, entre otras. “No tengamos miedo de ser llamados antisionistas, o militantes de la causa palestina o judíos que se odian a sí mismos”, ha asegurado. “Hay una intención coordinada por la diplomacia israelí para confundir las críticas legítimas y la solidaridad con el pueblo palestino con el antisemitismo porque Israel quiera tener una patente de corso en una situación de irrespeto del derecho internacional”.
De momento, la propuesta de la “ley Ayuso” sobre el antisemitismo está a la espera de ser tramitada en el Congreso. El proceso puede ser largo y nada garantiza que salga adelante.
