Unos cuantos interrogantes rodean al plan del Gobierno para acabar con el delito de sedición en el Código Penal, tal y como está ahora configurado. Uno de ellos tiene que ver con el momento. Según ha afirmado el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, y según ha destacado el presidente de Unidas Podemos en la Cámara, Jaume Asens, se dan “ahora” las mayorías parlamentarias para llevar a cabo la reforma. ¿Antes no?

El propio Asens ha asegurado que confía en que la proposición de ley registrada este viernes en el Parlamento se haga realidad gracias al respaldo del bloque de la investidura, es decir, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, etc. Es el bloque principal que está legislando desde que Pedro Sánchez pudo renovar la Presidencia del Gobierno en enero de 2019. 

Otro gran interrogante tiene que ver con los plazos. López ha sido ambiguo. Se ha limitado a decir que “cuanto antes”. Asens, en cambio, ha sido más concreto, aunque tampoco mucho. “Más pronto que tarde”, ha afirmado antes de recalcar lo siguiente, en donde se intuye una clave del proceso abierto: “Podríamos empezar el próximo ciclo político, el año que viene, con la ley aprobada si las negociaciones van a buen puerto y se llega a un acuerdo con los grupos de la investidura. Antes de final de año, podría ser posible. No quiero pecar de optimismo pero no se puede descartar”.

Posibles fechas

Que se cumpla el deseo del presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso muestra un borrador de calendario más o menos así (es una opción): debate para la admisión a trámite en el último pleno de mes; procedimiento exprés en la comisión parlamentaria correspondiente para que en la sesión plenaria del 15 de diciembre se apruebe el dictamen; envío al Senado y tramitación a toda velocidad, y sin cambios, para que el 22 de diciembre la propuesta quede lista para la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este cálculo puede hacerse realidad, corriendo mucho, sí, pero puede hacerse realidad.

Ayuda mucho, sin duda, que el formato sea el de la proposición de ley y no el de proyecto de ley. Éste, incluso con procedimiento de urgencia, requiere informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (en funciones desde hace cuatro años) y del Consejo de Estado. El de la proposición de ley, no. Preguntado por ello, López ha dicho que durante los últimos 30 años se han cursado 10 proposiciones para modificar el Código Penal. “Es frecuente”, ha zanjado.

¿Por qué tanta prisa? Ni López ni Asens han respondido con claridad. ¿Puede ser por la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el último domingo de mayo de 2023? El portavoz socialista se ha expresado con énfasis y grandilocuencia a este respecto: “Este es el PSOE de siempre, el que arriesga, el que pone por encima de sus siglas al país. Hacemos política para mejorar la vida de la gente aunque nos cueste votos”, ha proclamado. O sea, en público, no influyen la proximidad de los comicios. En privado, los cargos socialistas opinan otra cosa.

¿Puede ser porque ERC ha pedido el fin de la sedición a cambio de apoyar los presupuestos del año que viene? López y Asens, categóricamente, lo han desmentido. “Esto es de sentido común”, ha enfatizado el portavoz socialista.

Por tanto, nada que ver con la negociación presupuestaria a pesar de que se están negociando ahora los presupuestos. Y nada que ver con las peticiones de Esquerra a pesar de que Esquerra ha abogado ahora por la conveniencia de medidas de “desjudicialización” para, al menos, sentarse a la misma mesa con interlocutores del PSOE y del Gobierno y ver cómo los 13 diputados independentistas pueden dar el sí a las cuentas del año que viene.

200 años

En mes y medio el Gobierno pretende “derogar” el delito de sedición, que lleva 200 años figurando en el Código Penal sin que la redacción haya variado un ápice. El término “derogar” lo ha empleado Asens porque lo que consta en la proposición de ley es la sustitución del “envejecido” tipo por otro llamado de “desórdenes públicos”, y eso equivale a la derogación, a su criterio.

En verdad el nombre de la proposición de ley es mucho más largo: “Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. O sea, que el texto toca muchas cosas, y cosas a las que obliga la UE con sus directivas. 

En la misma propuesta caben, por tanto, reformas para una nueva tipología de delitos de fraude y blanqueo, para la inclusión de sanciones por abuso de mercado y para la provisión de medios y medidas que protejan el mercado interior. También se incorporan modificaciones del Código Penal para atajar delitos contra la integridad moral, como la ocultación de cadáver, por ejemplo, y de contrabando de material de defensa de doble uso. Y sí, para acabar con la sedición, para reemplazarlo.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha reseñado que el objetivo es “afrontar algunos retos pendientes en la legislación penal”, en relación, en concreto, con “cierto tipo de penas y delitos que el derecho comparado invita a revisar”. Más adelante ha ahondado en esto: “Buscamos actualizar tipos penales que en la mayoría de los Estados de la Unión Europea son inexistentes y con penas desproporcionadas en comparación con países vecinos”.

Así, sobre la sedición, ha señalado que se trata de añadir “una nueva regulación del delito de desórdenes públicos” en la que quedarían definidos ejemplos concluyentes de ello, casos de la actuación en grupo, atentado contra la paz pública o existencia de violencia e intimidación. Se apareja una modalidad agravada si el delito se cometiera en multitud. Los castigos serán de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación, y si es una autoridad la que lo hace, de 6 a 8 años. El que está vigente alcanzaba los 15 años.

Comprensión socialista

Es una reforma de alcance que viene a satisfacer una demanda de gran parte de la clase política catalana. Asens, sin ir más lejos, ha recordado que su formación, En Comú Podem, lleva tres años pidiéndola. Y ha puntualizado que si lo pedía es porque había “un compromiso público” del presidente. Por tanto, la proposición de ley no puede sonar a “novedad”.

Pero suena a novedad a pesar de que, como ha recalcado López, los altercados del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia desataron un “enorme debate” sobre los tipos delictivos que aplicar. Pudo comprobarse entonces que “al no existir la sedición en el entorno europeo, la colaboración judicial con otros países no fue posible”. “No había delito homologable”, ha concluido, y de ahí, según sus palabras, que no pudieran cursarse extradiciones. Carles Puigdemont sigue huido de la justicia en Waterloo (Bélgica).

Y suena a novedad porque fue hace tres años cuando el debate regresó a raíz de las condenas a los dirigentes independentistas, octubre de 2019. Los indultos del Gobierno sacaron de la cárcel a Oriol Junqueras o a Jordi Sánchez, pero sobre ellos pesan aún largas penas de inhabilitación. Estas se acortarían con el nuevo tipo en vigor porque las medidas penales son retroactivas si benefician al reo.

Con todo, López ha defendido la medida con uñas y dientes (dialéctica y argumentalmente hablando, claro). Se ha centrado sobre todo en el estado de ánimo que impera actualmente en Cataluña, lejos de la tensión y de altercados como los que se produjeron tras las condenas de octubre de 2019. La convivencia no está ya “fracturada”, ha insistido el portavoz del PSOE. A su entender, es “gracias al liderazgo de Pedro Sánchez”.

Una reflexión más, en clave interna: “El votante socialista entenderá lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y los resultados que buscamos. No es sólo que estemos cambiando la definición del delito de sedición, sino que llevamos haciendo política desde el minuto uno. Este es el Gobierno que más ha hecho por la convivencia y nuestros electores lo entenderán”. Primer examen: mayo de 2023.