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Caso Púnica: la Audiencia Nacional celebra hoy el primer juicio para determinar si gastar en reputación online es delito

El expresidente de la diputación de León se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel | En la primera vista oral del caso se condenó a dos años de prisión a Granados por el 'chivatazo'

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

La Audiencia Nacional tiene previsto comenzar a celebrar este jueves el segundo de los juicios del caso Púnica, procedimiento iniciado hace justo ahora ocho años con el arresto de medio centenar de personas, entre ellas, Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, exconsejero de Justicia y al que entonces se consideraba mano derecha de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. La pieza que se empieza a juzgar esta semana es la relativa a la diputación de León, pero más allá del caso concreto, será la primera en la que los tribunales responderán a la pregunta de si se pueden pagar los trabajos para mejorar la reputación online de cargos públicos con dinero público.

Cuántas piezas tiene Púnica

La operación Púnica saltó el 27 de octubre de 2014. La mayoría de los detenidos eran cargos públicos del PP, aunque también hubo algún alcalde socialista. En cualquier caso quien sobresalía entre toda esas personas era Francisco Granados, que dio nombre al operativo, ya que en latín el granado es 'punica granatum".

La corrupción destapada en el caso es variada. La causa se ha dividido en 12 piezas. Un par de ellas se centran primordialmente en el pago con dinero público de trabajos para mejorar la imagen digital de cargos públicos. Eso es la pregunta fundamental que se responderá en el juicio que comienza este jueves, por los contratos firmados por la Diputación de León. También es la principal acusación que se ventilará en la pieza relativa a la financiación ilegal del PP de Madrid y la de Murcia.

Otras piezas, todavía pendientes de juicio, se refieren al presunto pago de comisiones a Cofely, filial del gigante francés GDF Suez, para adquirir certificados de eficiencia energética de la iluminación de municipios; a través de la contratación de orquestas de música para fiestas locales con Waiter Music; con contratos menores con ayuntamientos madrileños para contratar los servicios de basuras, por ejemplo, y la corrupción detectada en la localidad de Valdemoro, en la que el propio Granados fue alcalde y cuyo sucesor, José Carlos Boza Lechuga, estuvo entre los detenidos.

Solo un juicio hasta ahora

Hasta ahora solo se ha juzgado una pieza: la del chivatazo que recibió Granados por parte de un guardia civil destinado en Valdemoro que le advirtió de que estaba sometido a vigilancia al ser investigado. El ex secretario general del PP madrileño fue condenado a dos años de prisión por ese episodio. No obstante, este jueves no se sentará en el banquillo en la pieza de León.

De las 12 abiertas solo dos continúan en instrucción: es la abierta por corrupción presuntamente cometida en Valdemoro y la de responsabilidad civil y recuperación de activos. Las demás (las ya citadas más Eico-Madiva, la del pago de comisiones por la construcción de colegios concertados y la abierta por la actuación de Granados como consejero de la Comunidad de Madrid) están pendientes de elevar a la Sala de lo Penal, al haberse ya concluido la investigación.

De 5 a 8 años de cárcel

En el juicio relativo a la Diputación de León, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre cinco años y medio y ocho años de prisión por los trabajos de reputación online que hizo el considerado conseguidor de la trama Alejandro de Pedro al presidente de la Diputación de León entonces, Martín Marcos, que sustituyó a Isabel Carrasco, cuando fue asesinada en 2014. Fue ella quien contrató a De Pedro y al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, para quienes el ministerio público pide sendas penas de 5 años y medio de prisión.

Después siguieron trabajando con Marcos, que se enfrenta a ocho años de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.

De Pedro y Alonso Conesa llevaban desde 2010 siendo contratados por administraciones públicas. Según Anticorrupción, el objetivo de sus contratos "era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público". Para ello utilizaban periódicos digitales, en su mayoría "zombies", que hacían de "motores de réplica" de la noticia positivas, pese a que no tenían "interés periodístico".

Recursos pendientes

En la pieza relativa a la financiación ilegal del PP madrileño, en la que serán juzgados, entre otros, Granados y el exgerente del partido en Madrid Beltrán Gutiérrez, también se analizará la contratación con De Pedro para mejorar la reputación online de la que era presidenta madrileña Esperanza Aguirre y de varios de sus consejeros. Todos los beneficiados con los trabajos han sido exonerados por el juez instructor, Manuel García-Castellón, decisión recurrida por Anticorrupción en el caso de los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar. No ha impugnado, en cambio, la de Aguirre o la de su sucesor, Ignacio González, al entender que los hechos que podían atribuírseles habrían prescrito y no contar con la misma carga probatoria en los posteriores.

La que sí será juzgada será la que era directora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, que en su recurso planteaba precisamente la incongruencia de que se libraran del banquillo justo aquellos cuya imagen fue mejorada a través de estos trabajos de reputación online.

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