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En el Parlament

Tirón de orejas de la Fiscalía al Govern por la gestión política de los Mossos

Pedro Ariche Axpe, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, ha afirmado que causa "perplejidad" el baile de mandos y ha recordado que no son "admisibles" las "solicitudes de información" de investigaciones judicializadas

Pedro Ariche Axpe, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, en el Parlament. PARLAMENT DE CATALUNYA

Pedro Ariche Axpe, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, ha aprovechado algunos minutos de su comparecencia en el Parlament de Cataluña, en la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, para dar un público tirón de orejas al Govern acerca de la gestión política de los Mossos d’Esquadra. Hasta la fecha, ningún portavoz del ministerio público había valorado la última crisis desencadenada en la cúpula de la policía catalana tras la destitución del comisario jefe, Josep Maria Estela, una dimisión que ha reavivado las sospechas de injerencias políticas en el funcionamiento del cuerpo policial. "Causa perplejidad" el "cambio continuo" de jefes al frente de los Mossos, ha lamentado.

"Cada relevo" supone un "cambio de proyecto", de "reestructuración", de "modelo organizativo" y, también, un "cambio de interlocutores". "Imagínense", ha interrogado a los portavoces parlamentarios presentes en la comisión, que en los últimos años hubiera habido "cinco cambios de fiscal superior". "Causaría perplejidad", ha reiterado. En realidad, ha habido seis cambios desde el 1-O de 2017. Estos son los nombres de los distintos comisarios que han capitaneado la policía catalana en los últimos cinco años: Josep Lluís Trapero, Ferran López, Miquel Esquius, Eduard Sallent, Josep Lluís Trapero, Josep Maria Estela y, desde hace dos semanas, Eduard Sallent, otra vez.

Ariche no ha pedido al Govern que cese el baile de mandos en la policía catalana. "Porque no podemos pedirlo". Pero sí ha subrayado que para el buen funcionamiento entre policías y jueces y fiscales resulto "necesaria" una "cierta estabilidad".

La sospecha de injerencia política

Y sobre una de las cuestiones de fondo sobre la crisis de la policía catalana –quizá la más relevante–, la sospecha de que la injerencia política sobre todo pretende intervenir en las investigaciones criminales. El intendente Toni Rodríguez, exjefe de la Comisaria General de Investigación Criminal, ha denunciado que fue destituido, tras la marcha del mayor Josep Lluís Trapero, a finales de 2021, porque mantenía una enfrentamiento con el actual comisario jefe, Eduard Sallent, debido a que este último solicitaba información sobre la marcha de investigaciones de anticorrupción que afectaban al propi Govern: especialmente al entonces ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, pero también a la expresidenta del Paralament, Laura Borràs.

Cuando los Mossos funcionan como policía judicial "dependen funcionalmente de jueces y fiscales", ha recordado. "Rechazamos, y no son admisibles, injerencias de ningún tipo en el trabajo de los policías que desempeñan esas "responsabilidades". Injerencias que procedan de políticos o, como ha sucedido en algún caso, que procedan "de otros departamentos".

Tampoco son admisibles "injerencias" o "solicitudes de información" por parte de otros departamentos policiales a los policías a los que el juez o el fiscal "ha encargado la investigación". "El funcionario policial responde e informa única y exclusivamente al fiscal o juez que lo dirige", ha remarcado. "Y debe atender únicamente a sus órdenes, e indicaciones. Sin injerencias", ha advertido.

Rodríguez, en su denuncia, asegura que el malestar con Sallent procede, en gran parte, de su negativa a atender una solicitud de información. Sucedió en 2019, cuando Rodríguez, a las órdenes de la fiscalía, había comenzado una investigación por prevaricación contra Miquel Buch. El ministerio público sospechaba que Buch había creado una plaza de asesor de la 'conselleria' para un sargento que, en realidad, lo que hacía era desempeñar tareas de guardaespaldas de Carles Puigdemont en Bruselas. Según Rodríguez, Sallent quiso conocer detalles que estaban bajo secreto de sumario y tuvo que solicitar la ampara judicial para poder proseguir con la investigación porque temía que lo apartaran del caso tras negarse a facilitar la información confidencial.

Ariche ha lamentado asimismo que todavía, tras más de una década desde el despliegue de los Mossos, no existan unidades policiales adscritas a las fiscalías territoriales. Una falta "especialmente" notoria en "la fiscalía provincial de Barcelona", ha razonado. "Es chocante que sí exista una unidad de la Policía Nacional pero no de los Mossos". 

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