La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau por la concesión de subvenciones por el procedimiento de concesión directa, es decir sin publicidad pública, a entidades afines desde el 2016 al 2020. Según las fuentes jurídicas consultadas, el tribunal ha aceptado el recurso presentado por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática contra el archivo, bajo el argumento de no haberse practicado declaraciones testificales y por el rechazo a que se reclamara una serie de documentación. Por lo tanto, el proceso vuelve otra vez al juzgado que los instruyó para que se realicen las pruebas que ahora los magistrados han acordado que deben realizarse.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona archivó la causa abierta a Colau el pasado mes de julio. Este proceso judicial se abrió por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, todos ellos por las presuntas irregularidades en las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a diversas entidades afines. Entre ellas el Observatori DESC --donde la alcaldesa trabajó antes de entrar en la política--, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) --de la que era portavoz y cabeza visible--, Alianza contra la Pobreza Energética o Enginyers Sense Fronteres.
El sobreseimiento
Los abogados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, solicitaron el archivo del caso y la propia fiscalía avaló esta petición. El fallo del juzgado que acordó el sobreseimiento de la investigación subrayaba que no apreciaba "que la conducta descrita pueda subsumirse en ninguna de las conductas que nuestro código penal tipifica como tales, y ello desde la propia narración de los hechos u operaciones presuntamente ilícitas, y de los documentos, declaraciones y pruebas realizadas, así y con relación a este punto se relata en la querella".
El juez también se remarcó que la interventora del ayuntamiento, funcionaria de carrera y que no depende de ningún partido, atestiguó que "no observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades pero que nunca transcenderían el ámbito penal". Finalmente, el tribunal constata que en ninguno de los expedientes aportados a la causa, que son base de la acusación, se detecta "irregularidad alguna", siendo aprobados por mayoría al pleno municipal.
