La voladura del PP al acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado al Gobierno sin alternativas para lograr su actualización en lo que resta de legislatura. Aunque, de cara a su propio electorado, los populares mantienen que las negociaciones están suspendidas y que pueden volver a retomarse si el Ejecutivo renuncia a reformar el delito de sedición, ese camino es intransitable. Con las conversaciones abiertas, y el pacto fuertemente hilvanado, Sánchez ya había avalado este cambio en el Código Penal, subrayando, además, que era un compromiso "personal". Por eso en Moncloa hablan de "excusas" e insisten en denunciar que Alberto Núñez Feijóo "incumple" la Constitución y que "no podemos permitir que eso se naturalice".
Con ello persiguen debilitar al líder de la oposición, no urgir a un acuerdo que en Moncloa, más allá de apuntar que no hay que cerrarse puertas, nadie ve. En estos momentos lo único que se contempla es lograr desbloquear la elección de los cuatro magistrados con el mandato concluido del TC y conseguir así una mayoría progresista en el Constitucional. El Gobierno confía en que ahora, tras descarrilar los contactos con el PP, el CGPJ escoja a los dos miembros que le corresponden del TC. Aunque la ley fijaba el 13 de septiembre como plazo para su elección, el sector conservador se declaró en rebeldía y pidió tiempo y pactar con el bloque progresista el procedimiento para designar su cuota.
Superada ampliamente esa fecha y sin visos que se pueda reconducir el pacto entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, los ocho miembros del clan conservador han optado por contribuir a elegir a los dos representantes del Consejo en el TC. El miércoles por la noche estuvieron reunidos y este jueves lo harán los vocales del sector progresista.
"Tienen que cumplir la ley"
El Gobierno ve en esto un síntoma de que el CGPJ "se está moviendo", a parte de que fuentes del Ejecutivo remachan que "tiene que cumplir la ley". La previsión es que en cuanto lo hagan -y en Moncloa ya no esperan mucha más demora- el Consejo de Ministros apruebe sus dos representantes en el TC. No cabe hacerlo uno sin el otro -Ejecutivo y CGPJ- porque la Constitución establece que la renovación del Tribunal se realiza por tercios.
Si se culmina este desbloqueo el Gobierno ya contaría con una mayoría progresista en el Constitucional. El CGPJ seguiría en barbecho. Significaría volver al escenario que Moncloa ya tenía asumido antes del verano, cuando percibió que el PP de Feijóo tampoco se mostraba favorable a la renovación del órgano de los jueces y dio por supuesto que seguiría así hasta las próximas elecciones generales. Después, la presión de Bruselas y la dimisión de Carlos Lesmes forzaron una negociación que el PP rompió de manera unilateral tres semanas después por el fuelle en el debate público de la reforma de la sedición.
Sin el concurso de los populares, el Ejecutivo carece de recursos para actualizar el CGPJ, que ha cumplido cuatro años caducado. Este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dejó en el aire la posibilidad de recuperar la propuesta de hace dos años y rebajar la mayoría para elegir en el Congreso a los integrantes del órgano de los jueces. No lo descartó pese a las muchas preguntas que se le hicieron sobre ello. Pero fuentes de Moncloa aseguran que no se están planteado esta opción que además, en su día, Bruselas frenó.
Para reactivar el difunto pacto del CGPJ sólo valdría la presión de la UE, que no ha parado de insistir -inmediatamente después del estallido del acuerdo lo volvió a hacer- en que se debe renovar. El Ejecutivo sostiene que la ruptura unilateral le ha pasado factura a Feijóo y que allí "están espeluznados". Desde el PP se replica que la Comisión Europea culpa a los dos de la voladura de las negociaciones.
