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Naufragio

Bruselas desmiente al delegado del Gobierno en Galicia y confirma que se bajará al 'Pitanxo' en 2023

José Miñones aseguró el pasado jueves que no se había tomado ninguna decisión

El 'Villa de Pitanxo', durante una travesía por la Ría de Vigo. Grupo Nores

Será a cargo de una compañía externa, pero sí habrá una misión submarina para grabar los restos del pesquero Villa de Pitanxo, hundido en aguas del Gran Banco de Terranova el 15 de febrero, con el fin de arrojar luz sobre las causas del naufragio. Y es oficial, como acaban de confirmar a FARO, del grupo Prensa Ibérica, fuentes oficiales de la Comisión Europea. Una declaración remitida por escrito y que desmiente de forma tajante al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. El pasado jueves, para enojo de las víctimas, Miñones aseguró que no había una decisión tomada respecto de esta operación, aunque dos días antes Bruselas lo había avanzado a una delegación de familiares.

"Los servicios de la Comisión han sido informados de que la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) ha iniciado el procedimiento para contratar a una empresa", ha asegurado a este periódico una portavoz oficial. Esta compañía externa deberá disponer de un robot submarino (remoted operated vehicle, ROV), que irá vinculado a un buque nodriza a través de una especie de cordón umbilical. Será este robot el que aporte las imágenes de un pecio que reposa a unos 820 metros de profundidad. Esa misión al fondo del mar también tiene fecha: "está prevista para la primavera-verano de 2023", inciden las mismas fuentes, que aclaran que el contrato todavía no se ha firmado.

"La Comisión confía en que esto aporte elementos adicionales de utilidad que aporten luz sobre el trágico accidente". El siniestro del Pitanxo se cobró la vida de 21 de sus 24 tripulantes, en el peor naufragio de un pesquero desde 1978; tanto la armadora, Pesquerías Nores, como el patrón, Juan Padín, están bajo investigación penal por la comisión de cuatro presuntos delitos: homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.

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