Una política preventiva que dificulte la corrupción, las “mordidas”, que facilite los controles internos en las instituciones, vertebrarlos, e incrementar los mecanismos de transparencia es la gran asignatura pendiente de la democracia en España, de los partidos que han aprovechado para financiarse perpetuando las estructuras franquistas, máximo exponente de este grave problema en el país, explica el magistrado Joaquín Bosch que ofreció sus reflexiones sobre la cuestión en Zamora.
–¿Qué le llevó a escribir este estudio sobre la corrupción?
–Allá donde he ido como juez me ha tocado imputar a alcaldes y concejales por esos delitos, hemos normalizado una situación que no lo es. En España, hemos tenido condenados, en prisión provisional o encausados en casi todos los territorios autonómicos, a unos niveles que no tienen precedentes en la Europa democrática, presidentes, consejeros; presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades. Creí necesario trasladarlo a la sociedad.
–¿Es un mal intrínseco?
–Analizo casos desde la Edad Media, con actas de procesos judiciales, pero es muy importante la etapa del franquismo para entender la corrupción actual. Antes la hubo y bastante, también en el siglo XIX, pero la de hoy se parece mucho más a que hubo en la dictadura de Franco, los grandes hábitos y dinámicas comisivas actuales son muy parecidas.
–¿A pesar de la democracia?
–La corrupción turística, los pelotazos está documentado que vienen de la dictadura, del desarrollismo, cuando los dirigentes locales entregaban terrenos y propiedades a la hija de Franco y al Marqués de Villaverde, a cargos. Conductas que se replicaron en muchos espacios de la costa con dinámicas urbanísticas que continúan hasta nuestros días. En algunos aspectos de tipo económico hay similitudes, pero es absurdo culpar a Franco, la culpa es de los gobernantes democráticos y responsabilidad de la ciudadanía acabar con esto.
–¿Por qué la transición no puso fin a esas prácticas?
–No se reorganizaron las estructuras institucionales para dificultar la corrupción absolutamente instalada en todos los rincones públicos en la dictadura. Se tenía que haber cortado de raíz. Los partidos mantuvieron básicamente la legislación que permitía la corrupción con mucha facilidad para financiarse. Será muy difícil que termine si los partidos no renuncien a la corrupción en la contratación pública y a colonizar organismos que deben controlar su gestión.
–¿Existe una conexión tan sólida con la política?
–La democracia aprovechó esas estructuras desde el minuto uno. Los hechos probados de las sentencias analizadas en mi libro “La patria en la cartera” recogen esa corrupción que financia a los partidos desde finales de los años 70 y 80 del siglo pasado: caso Filesa, caso Naseiro, caso Gürtel, casos en Cataluña... Muchos miles de millones los financiaron y generaron auténticos enriquecimientos personales y empresariales. Los principales partidos se financian ilegalmente, UCD, PSOE y el PCE.
–¿Por qué está tan poco penalizada? Pocos años de cárcel e inhabilitaciones que la Ley permite suspender.
–A los juzgados llega solo la punta del iceberg, son delitos muy difíciles de detectar, muy difíciles de perseguir y probar por la falta de medios de la Justicia. En muchas ocasiones, cuando se desenmaraña la trama corrupta y se llega a los jefes los delitos han prescrito directamente. Las penas serían suficientes si se pudieran detectar la multitud de casos que nunca se percibe.
–¿Y el dinero robado?
–Acaba volatilizado en paraísos fiscales o a través de empresas pantallas y tramas de testaferros, por eso es mucho más importante vertebrar un sistema institucional que haga muy difícil la corrupción, más efectivo que el castigo, que llega tarde y alcanza a pocos. En España es muy fácil corromperse y muy difícil que tenga consecuencias. Países con niveles bajos de corrupción como Dinamarca o Alemania en el siglo XIX tenían una situación muy parecida a España, nos quedamos atrás, sobre todo, con el franquismo. Si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea, cercana a la de Finlandia. Nos cuesta unos 60.000 millones al año.
–¿La falta de consenso para renovar el Consejo del Poder Judicial responde a ese freno político al control de la corrupción?
–Es complejo y va más allá de ese problema. Hay más intereses porque afecta a los intentos de control partidista en la cúpula judicial que tradicionalmente se han producido en nuestros país. El principal partido de la oposición actúa de forma muy irresponsable. Hay que buscar una fórmula que no haga del Consejo una correa de transmisión de los principales partidos.
El PP actúa de forma muy irresponsable al no pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial; detrás está siempre el intento de control político
–Pero el Poder Judicial juega un papel esencial en ese control.
–Un sistema Judicial con recursos, independiente y sin injerencias partidistas es un instrumento importantísimo en la lucha contra la corrupción, lo dicen los organismos europeos. España es una anomalía en el ámbito judicial para perseguir estos delitos. Tener un Tribunal de Cuentas Independiente, sin injerencias partidistas; una Fiscalía no vinculada al poder político dificultaría la corrupción.
–¿Qué reformas se lo pondrían más difícil al corrupto?
–Que haya cerca de 100.000 cargos de designación a dedo en puestos muy importantes, esenciales para que esto cambie, que deberían ocupar funcionarios independientes e imparciales, porque harían saltar las alarmas, implica una colonización de espacios de control sobre la corrupción de la Administración Pública. Si los técnicos los ocuparan, crecería mucho la calidad institucional y se dificultaría mucho la corrupción. Pero a los grandes partidos no les resulta tan fácil cambiar esas dinámicas que tendría consecuencias en los equilibrios de su vida interna.
–¿Demasiadas personas “a comer del pesebre”?.
–Nuestras administraciones públicas mantienen muchas redes clientelares, un fenómeno muy español que ya estaba establecido en el siglo XIX, que Benito Pérez Galdós explica en sus novelas de los cesantes. Ha habido una mayor profesionalización de la Administración, pero todavía estamos lejos de Europa y que esas 100.000 personas dependan de un resultado electoral es demasiado cercano a la España de Pérez Galdós.
–¿No hemos evolucionado?
–Si nos fijamos más en la conducta, que en la ideología, veremos continuidades en abstracto muy claras, como las redes clientelares. En el franquismo, para acceder a puestos públicos, empleos, subvenciones, contratas, la puerta que lo abría todo era el carné de Falange y del Movimiento Nacional, y tuvo continuidad en democracia, como en el caso de los ERE.
–La ciudadanía parece resignada.
–Hay cierta aceptación, el número de cargos políticos muy relevantes implicados en temas de corrupción es enorme y parece que hemos aceptado que eso sea lo normal cuando no lo es. El Tribunal de Cuentas Europeo observó que, con la misma orografía, las autopistas en España costaban el doble que en Alemania, donde son más caros materiales y mano de obra. Aquí era fácil realizar manipulaciones administrativas sobre el precio del mercado.
Las redes clientelares del franquismo se han perpetuado; el "carné" para acceder a cargos, contratas, etc. sigue vigente
–¿Las famosas “mordidas” ?
–Sí, Cuando pabellones cubiertos, piscinas, cargamentos de mascarillas multiplican por tres, cuatro o cinco el precio de mercado es necesario poner la lupa para ver si estamos ante casos de corrupción, las sentencias determinan que es ahí, en esos sobrecostes, donde está la corrupción. Si la legislación no permite las artimañas en la contratación de inversiones públicos, se dificultará la corrupción con modificados de los mismo, de los fraccionamientos, que se puede camuflar. La corrupción precisa del sobrecoste, “mordida”, para un reparto fraudulento entre empresario político y político corrupto.
–¿Cómo ejercer el control?
–Son esenciales políticas preventivas que dificulten las “mordidas” y faciliten los controles internos e incrementen los mecanismos de transparencia. Es más difícil la corrupción, niveles más bajos, en las democracias más transparentes, donde la ciudadanía puede saber cómo funcionan las instituciones; con espacios de control sobre lo que pasa, las tesorerías de los partidos; de adjudicación pública sin sobrecostes.
–Otro factor importante: el empresario que hace caja de forma exponencial.
–Sin corruptores no habría corruptos. En España se ha puesto mucho el foco legislativo y mediático en los políticos, pero no se ha analizado mejor a nivel legal, ni se han realizado muchas investigaciones sobre el papel del empresario corrupto y hay niveles muy elevados, es parte del problema. Estudios de la UE nos indican que tenemos los porcentajes más altos de empresarios que dicen que aquí la corrupción es práctica habitual.
Los cien mil cargos públicos a dedo ocupan puestos de funcionarios que deberían controlar la corrupción
–Al final, el gran empresario quita y pone dirigentes, ¿cómo acabar con ello?
–Con una mayor atención legislativa que incluya incompatiblidades e imposibilidad de contratar con la Administración a aquellas sociedades que hayan incurrido en casos de corrupción y de irregularidades administrativas. A menudo, en los hechos probados de las sentencias sobre corrupción, se repiten las mismas sociedades. La CNMC ha demostrado prácticas fraudulentas en las que las empresas de la construcción y suministros del país se reparten el mercado. Hay que buscar medidas más contundentes para impedir que contraten con la Administración si no se respetan las reglas del juego.
–Dice que los indultos por corrupción multiplican por doce los del resto de delitos, ¿cómo corregirlo?
–Con una reforma legal para que la fundamentación de razones de entidad o interés público de la Ley se cumpla, que se regule la motivación y que tenga un control judicial, que lo revisen los jueces para no dejar en papel mojado una condena. Con los indultos en corrupción el poder se acaba perdonando a sí mismo.
–¿Detrás de esos indultos se ha perdonado a grandes empresarios, políticos y jueces..., al Ibex 35 que todo lo puede?
–La gran mayoría son políticos. Según las investigaciones el problema de España está muy centrado en la corrupción en lo político, hay porcentajes muy altos que nos aproximan a Centroamérica y eso es muy peligroso. Las “puertas giratorias” provocan complicidades entre grandes empresas del país, muchas con intereses directos en la Administración pública que se llevan contratos importantes. El 40% de expresidentes y exministros de la democracia han accedido a una gran empresa sin formación para ello, se dice que se les paga por las puertas que les pueden abrir para obtener un trato favorable.
–El ciudadano siente que el rey emérito, Juan Carlos I, se va de rositas tras delinquir.
–Analizo los problemas con la jefatura del Estado, con imputaciones de corrupción que vienen de atrás, el caso de María Cristina de Borbón dos Sicilia; de Alfonso XIII, juzgado en ausencia en la II República, y el denominador común es la inviolabilidad, privilegios no justificados que pueden existir.
–¿Esa inviolabilidad es reminiscencia del absolutismo que sigue arrastrando España?
–Sí, la idea central del absolutismo es que los reyes lo eran por derecho divino, pero hoy, en una sociedad democrática, esas concepciones son insostenibles y todos los cargos estatales deben actuar con transparencia, dar explicaciones y rendir cuentas, y esto también debe afectar al jefe del Estado, al Rey. Si un cargo político recibe un soborno y es condenado, no tiene sentido que el jefe del Estado no. La inviolabilidad del rey es un comodín que genera impunidad, esto explica lo que ha ocurrido con el rey emérito. Sin reformar la Constitución, que debe hacerse, se pueden incluir elementos de transparencia en la gestión y rendición de cuentas de la monarquía.
–¿Por qué no se incluyó como delito penal la apología del franquismo en el Código Penal?
–Porque nuestra Constitución no prohíbe expresamente los discursos y las organizaciones que ataquen el sistema democrático, como en Alemania que está castigado hacer el saludo nazi, alabar a Hitler o que pueda existir un partido nazi. Por eso se opta por la Ley administrativa, la de Memoria Democrática con sanciones económicas para quienes realicen actos de enaltecimiento de la dictadura humillando a sus víctimas.
La herencia franquista, la configuración de partidos y sus injerencias en el Poder Judicial dificultan la lucha contra el cohecho
–¿Implica que la ilegalización de Vox, como piden algunos ciudadanos por su ideología franquista, es imposible?
–Sí, no está prohibida la apología del franquismo, no es delito. El Gobierno en un primer proyecto lo barajó, pero lo descartó porque podrían surgir problemas de constitucionalidad, podría reformarse la Constitución.
