El ámbito académico, que suele analizar los asuntos de forma más sosegada que la política, también quiere participar en el debate sobre la reforma del delito de sedición, una cuestión polémica que ha servido para hacer colapsar este jueves el pacto ya casi cerrado entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lejos de estas tensiones, un grupo de penalistas que integra jueces, fiscales, catedráticos y profesores de toda España han elaborado un estudio que propone, entre otras reformas, la eliminación de este delito -encajado actualmente entre los que se cometen contra el orden público- y su sustitución por otro que castigue ataques graves al orden constitucional democrático, y con penas más leves, de entre 4 y 10 años.
El texto, "Una propuesta alternativa de regulación de los delitos contra las instituciones del Estado", ha sido elaborado por el Grupo de Estudios de Polémica Criminal, al que pertenecen casi doscientos expertos que comenzaron a trabajar en este asunto tras darse a conocer la sentencia del 'procés' independentista por el Tribunal Supremo.
Su presentación, a cargo de los catedráticos de Derecho Penal de las Universidades de Málaga y Catilla-LaMancha, José Luis Díez Ripollés y Nicolás García Rivas, coincide con el punto álgido de la discusión política de este asunto. La propuesta se hará llegar al Ministerio de Presidencia, que ha manifestado interés por su contenido, y a todos los grupos parlamentarios.
García Rivas ha explicado que el delito de sedición tal y como fue reformado en el Código de 1995 ha quedado obsoleto. En dicho momento se separaron dos conductas que hasta entonces estaban "hermanadas" -por dirigirse contra el orden constitucional- y se colocó la sedición entre los delitos dirigidos contra el orden público con unas penas muy elevadas, a juicio de los expertos.
"Pequeña rebelión"
La propuesta mantiene la rebelión como el delito más grave contra el orden constitucional -aunque proponen reformularlo para centrarlo en castigar actos violentos o insurrecciones armadas- y crea en este mismo epígrafe un nuevo tipo de ataque grave al orden constitucional (que englobaría lo que ahora mismo se llama sedición), para castigar las conductas cometidas contra la autoridad o para impedir el cumplimiento de las leyes cuando el objetivo sea ir contra el orden democrático.
Esta "pequeña rebelión" conllevaría penas de entre 4 y 6 años de cárcel para las conductas más leves -consecución por la vía de hecho- y de entre 6 y 10 años si los sujetos actúan con violencia e intimidación. En el caso de que el ataque se cometa por personas constituidas en autoridad, se impondría la pena de prisión en su mitad superior, entre 8 y 10 años. En todos los casos, las penas propuestas son menores a las de la sedición actual, que contempla castigos no menores de 8 años y eleva el tope para las autoridades a 15 años.
Preguntado por cómo hubiera resultado la sentencia del 'procés' si estar esta propuesta ya en vigor, García Rivas responde que la sentencia del Supremo, al hablar de los objetivos de los líderes del "procés" contra el Estado Español como "ensoñación", no permitiría aplicar los tramos más graves del tipo de nuevo delito. Sí encajarían las condenas previstas en los tramos inferiores, de entre 4 y 6 años de cárcel.
Por su parte, Díaz Repolles ha señalado que la propuesta va más allá de los delitos de rebelión y sedición y realiza un planteamiento general de los delitos contra las instituciones del Estado que incluye modificaciones de los tipos penales relativos a las manifestaciones y reuniones ilícitas y de las conductas contra la jefatura del Estado.
