El Gobierno llegó este miércoles al debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado con total tranquilidad. Sabe que, en la votación de este jueves, los grupos no impedirán la tramitación de las Cuentas, las últimas de Pedro Sánchez esta legislatura. El Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos ha vuelto a armar la mayoría de la investidura con la que superarán todos los vetos. La previsión es que los Presupuestos se aprueben definitivamente en diciembre.

Todo apunta que el año 2023 seguirá marcado por la guerra en Ucrania y sus consecuencias y, también, por el ciclo electoral. La oposición acusó este miércoles al Ejecutivo de elevar el gasto social "endeudando" a España para llegar "dopado" a esas citas con las urnas: en mayo habrá comicios locales, autonómicos y europeos y a finales de año se celebrarán las elecciones generales. La persona encargada de defender los Presupuestos en la tribuna fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que intentó neutralizar ese reproche principal tirando de datos. Montero apuntó que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid elevan el gasto en un 11%. "¿Es eso también electoralismo?", preguntó a Cuca Gamarra, portavoz del PP.

Cruce irónico

En un cruce de críticas en el que despuntó la ironía, el sarcasmo y hasta alguna que otra broma, Gamarra reprochó a Montero el haber construido unos Presupuestos "al servicio del interés particular del Gobierno". "Compra la supervivencia del Gobierno con el dinero de todos", le llegó a espetar desde la tribuna de oradores. Minutos después centró su crítica. Se trata de unas cuentas públicas "electoralistas", le dijo e hizo hincapié en que el Ejecutivo llegará a las urnas "dopado". "Sólo responden a la necesidad de supervivencia", insistió una última vez. No fue su única crítica.

Gamarra sostuvo que los Presupuestos están basados en un "cuadro macroeconómico descuadrado" que está poniendo en duda la "credibilidad" de España. "La economía va mal, la inflación va mal y el déficit va mal, y estos presupuestos sólo garantizan que las cosas con ustedes van a ir peor", subrayó. "Ni usted misma, y lo sabe, confía en ellas", le replicó a Montero a continuación antes de hacer notar la ausencia de Sánchez en el hemiciclo. El jefe del Ejecutivo está en un gira por Kenia Suráfrica. "¿Y el señor [Alberto Núñez] Feijóo dónde está escuchándole a usted? Ah, en el Senado", le respondió la ministra de Hacienda, que más de un momento del debate se creció y se notó que se gustaba a si misma

Montero lamentó las artimañas del PP para intentar acusar al Gobierno de hacer "electoralismo" con los Presupuestos. Aprovechando que la Comunidad de Madrid presentó este miércoles sus Presupuestos, la ministra de Hacienda señaló que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado una subida del gasto social del 11% cuando las previsiones de crecimiento que manejan son entorno al 1,8%. No fue el único ejemplo que puso. "¿Compraba votos el señor Feijóo cuando era presidente en Galicia y propuso un bono de 100 euros para completar el bono social térmico? […] ¿O [Alfonso Fernández] Mañueco cuando anuncia un bono joven rural para viajar gratis y un cheque bebe?", le preguntó.

Salvar las Cuentas

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, replicó en muchos momentos los argumentos del PP. Y, además, afeó al Ejecutivo que haya logrado un acuerdo con ERC, PNV y EH Bildu para que los Presupuestos continúen su tramitación en el Congreso. En su intervención inicial, Montero ya alabó ese amplio consenso logrado con los socios de la investidura y que llegó a comparar con los Pactos de la Moncloa que cumplen ahora 45 años.

Los reproches llegaron también de Junts, que el pasado año sí que aprobó los Presupuestos. La portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras, recordó a Montero que no negociarán con el Gobierno mientras se mantengan abiertas causas judiciales contra el independentismo. En este sentido, lamentó que el compromiso del PSOE de desjudicializar la política sea "un cuento más". También puso el foco en la reforma del delito de sedición para tildar de "error histórico" que se pretendan rebajar las penas de cárcel y no eliminar este delito del Código Penal.