La Junta de Portavoces del Congreso decidió este martes incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene la convalidación o derogación del penúltimo decreto ley aprobado por el Gobierno, en vigor desde el 21 de septiembre. Versa sobre la bajada del IVA del gas del 21 al 5%

Esta decisión tan formal y de trámite tiene su "aquél": al incorporarse a la agenda de una sesión dedicada en principio sólo al debate y votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que es uno de los avatares más importantes de la Cámara, la oposición se ha quedado sin fuerzas para estudiarlo. Derivada: será avalado sin problemas, en un visto y no visto.

El PSOE y Unidas Podemos, según fuentes de ambos grupos consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, no han recibido la más mínima señal de preocupación al respecto, al menos hasta el momento de la publicación de este texto. Fuentes del PP y de Cs dan por hecha la convalidación. Y fuentes de hasta tres grupos habitualmente alineados con el Gobierno no ponen objeciones al contenido. Otras fuentes de otros grupos incluso admiten que no lo han podido revisar todavía. “Espero que no haya sorpresas”, apunta una de estas últimas fuentes.

Sorpresas que se han hecho asiduas durante la legislatura porque no sería la primera vez que un decreto que versa sobre un tema concreto, por ejemplo la regulación del uso o no uso de las mascarillas o recientes medidas contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania, añade en sus disposiciones adicionales, transitorias o finales cambios en normas muy diferentes. En el de las mascarillas el Gobierno incorporó una reforma del modelo de pensiones, y en el aprobado el 1 de agosto en el Consejo de Ministros la variedad fue tal (gratuidad en el transporte o topes en el alquiler) que para la oposición se hizo imposible la derogación.

El que reduce el IVA del gas natural incurre en la práctica, aunque es cierto que los cambios por la puerta de atrás no son ni de calado ni muy criticables. Por un lado, retoca la Ley de Montes, de 2003, para reforzar la prevención y la lucha contra los incendios. Recalca el papel de la Agencia Española de Meteorología y, por tanto, de sus predicciones. Asimismo, amplía el plazo para que los habitantes de la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán disfruten de préstamos y créditos bancarios.

Nada que reprobar, a priori, de manera que el decreto que el Congreso está a punto de avalar no va a generar controversia. Su viaje por el hemiciclo será tranquilo; cuando acabe el debate, conocida la votación, seguirá en vigor. Salvo que varios grupos cambien inopinadamente de criterio, no se dan indicios de que suceda lo contrario. El Gobierno descarta, por ahora, una negociación frenética, incluso la propia negociación, pues parece que el decreto está atado y bien atado.

No siempre fue así

Las fuentes socialistas apuestan por un desenlace pacífico, aunque la prudencia se ha adueñado del grupo parlamentario de tal forma que no descartan categóricamente que surja una sorpresa. El decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto y que el Congreso avaló el 25 estaba también atado una semana antes del debate y la votación. Sin embargo, tres días antes, ERC, primero, y después otros grupos como EH Bildu desplegaron una serie de exigencias y pusieron al Gobierno de los nervios. El Congreso se mueve ahora por estos ambientes. Nada puede darse por hecho hasta que esté hecho.

Aquel decreto, compuesto por medidas sobre transporte, becas y eficiencia energética, salió adelante no sin angustia. Fue el cuarto aprobado por el Gobierno con propuestas específicamente pensadas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. Antes vieron la luz otros tres similares en marzo, abril y junio. Casi uno al mes. El ritmo prosigue, incluso se incrementa, porque al que baja el IVA del gas hay que unir el que salió del Consejo de Ministros este martes, repleto de más medidas para evitar que las facturas del gas y de la luz ahoguen las economías de las familias. Fue el que glosó el presidente del Gobierno en la comparecencia del pasado 13 en el Congreso.

Ese llegará al Congreso en un tiempo máximo de 30 días, es decir, que habrá que convalidarse o derogarse en el pleno previsto para finales de noviembre, quizá el mismo que dé vía libre al proyecto presupuestario si anteriormente ha superado las enmiendas a la totalidad y la negociación de las enmiendas parciales. 

Puede que ocurra con él lo mismo que el que la Cámara debatirá y votará el jueves próximo: que al ir a rebufo de los trámites presupuestarios, y de sus frenéticas negociaciones, atravesará el hemiciclo discretamente, sin acrimonia de nadie; sin sobresaltos sobre su destino, sin críticas ni aspavientos.

Encima es un decreto que no puede generar tacha… O eso parece. El decreto ley 17/2022 (ya van 17 este año), gracias entre otras medidas a la rebaja del IVA (que afecta a los suministros de gas natural, incluidos los de las calderas de las comunidades de vecinos), implica un ahorro de 210 millones de euros para los consumidores. Además, sale en defensa de la cogeneración, ya que abre la puerta a que cese por un tiempo su actual régimen retributivo regulado para que pueda beneficiarse del Mecanismo Ibérico. Entre otros aspectos, potenciará el crecimiento de la generación de energías renovables.

Buena suerte tendrá este decreto, nada hace presagiar lo contrario. En gran parte es por el contexto en el que llegará al Congreso, en donde los grupos están sin parar con los presupuestos del año que viene. Los grupos más grandes, PSOE y PP, tienen al 90% de sus filas entregados a ellos. Los más pequeños, al 100%. Lógico que no haya fuerzas para nada más.