El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha asegurado que no existe "expediente alguno" sobre el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa relativo a una presunta intervención o escucha de sus comunicaciones con la herramienta Pegasus tal y como ambos denuncian.

Así lo asegura el secretario general del CNI, Arturo Relanzón, en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, que ha sido remitido a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en respuesta al recurso que Torra y Costa interpusieron por presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de este órgano dependiente del Ministerio de Defensa.

El CNI niega la existencia de "expediente alguno (...) en relación con la actuación material constitutiva de vía de hecho consistente en la intervención, escucha, sustracción , recopilación, tratamiento , uso, difusión y/o almacenamientide la información y comunicaciones de los recurrentes".

Torra y Costa demandaron al Gobierno por vulneración de derechos fundamentales tras tener conocimiento de que supuestamente formaban parte de las decenas de independentistas espiados con Pegasus.

Por otra parte, en otro escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que el recurso que ambos han interpuesto de forma conjunta ante la jurisdicción contencioso-administrativa debe ser rechazado al considerar que, en todo caso, correspondería "su conocimiento a la jurisdicción penal".

Considera además que procede acordar la suspensión del procedimiento mientras no se resuelvan definitivamente los procedimientos penales tramitados en los Juzgados de Instrucción de Barcelona relativos a los hechos denunciados.

Con su demanda ambos políticos de JxCat pretenden que se reconozca el espionaje a sus móviles, así como que este fue ilegal y que están en su derecho a conocer toda la información, datos o documentación que se haya podido obtener mediante el software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí y que en principio solo se vende a los Estados.

También apelan a su derecho a que se elimine toda la documentación e información privada que el Estado pueda haber obtenido a través del espionaje.