El Congreso se ha convertido en testigo mudo de la crisis provocada por el Gobierno y el PP, incapaces durante casi cuatro años de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ser la Cámara en la que deben formalizarse las designaciones de los nuevos vocales, no deja de sorprender que no se oiga su voz.

Se las ha apañado, sin embargo, para influir en un proceso repleto de sinsentidos. Como poder legislativo, ha impulsado dos leyes capaces de cambiar el marco, aunque leyes contradictorias. Primero, limitó las funciones de los vocales del Consejo cuando estuvieran en funciones. Luego, les restituyó una de las funciones suprimidas. Es todo un poco loco.    

Con sutileza

Durante estos cuatro años de bloqueo y crisis, la presidenta del Congreso, la diputada socialista Meritxell Batet, ha asistido al cruce de declaraciones y reproches entre los dos principales partidos españoles, el suyo y el Popular, desde la impasibilidad a la que le obliga la neutralidad de su cargo. Es la tercera autoridad del Estado. Lo ha intentado, pese a todo, de forma sutil.

Fuentes parlamentarias indican a El Periódico de España que ha planteado en diversas ocasiones, en conversaciones informales, la necesidad de impulsar alguna clase de acuerdo. Se ha topado, sin embargo, con la preferencia del Gobierno de negociar la renovación desde dentro, a través siempre de Félix Bolaños. Fue el negociador como secretario general de Presidencia y es el negociador ahora que es ministro de Presidencia.

El PP ha tenido dos interlocutores: Teodoro García Egea y Esteban González Pons. En menor medida ha ejercido como representante la actual secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Hace justo un año, la diputada riojana de los populares intentó en un encuentro con Bolaños que el PSOE aceptara la admisión a trámite de una proposición de ley del grupo destinada a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Bolaños dijo que no. 

Un mes más tarde se vieron el ministro y el entonces secretario general del PP, García Egea, para pactar el reemplazo del cupo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Congreso. Lo lograron, sí, aunque con polémica, porque uno de los elegidos fue el controvertido Enrique Arnaldo. Los socialistas le aceptaron y también, pero a regañadientes, Unidas Podemos, lo que provocó un conflicto interno en la confluencia cuando tuvieron que votar. El acuerdo alentó esperanzas de que por fin se renovaría el órgano de gobierno de los jueces. No pasó nada de eso.

Algunas de las reuniones comentadas se celebraron en salas y despachos del Congreso. Podría decirse que ha sido una localización más de esta película eterna y embrollada que es el desatasco del Consejo del Poder Judicial. Lo que pasa es que la Constitución reserva a la Cámara Baja un papel protagonista que no ha tenido.

Prueba de ello han sido las cuatro cartas que hasta el lunes presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, envió a las presidencias del Congreso y del Senado: tres en 2019 (10 de enero, 10 de julio y 23 de diciembre) y una en 2020 (15 de julio). En todas ellas, el juez informaba a las máximas autoridades del Parlamento español que urgía la renovación del gobierno de los jueces.

También reconocía en los escritos que las circunstancias no lo estaban poniendo fácil. 2019 fue un año marcado por dos elecciones generales, y por tanto, por la paralización institucional. A 2020 lo enturbió la pandemia, completamente. Desde entonces y hasta el comunicado en el que anunció su dimisión, se ha prodigado en pronunciamientos públicos muy críticos con el estancamiento. Por ejemplo, en las aperturas de los cursos judiciales.

Señalan fuentes parlamentarias que Batet, destinataria de tres de las cuatro cartas (la primera fue dirigida a Ana Pastor, entonces presidenta de la Cámara), no replicó con las mismas formalidades. Lo que hizo consistió en transmitir los acuerdos de la Mesa al respecto, acuerdos que siempre manejaron los mismos términos: instar a los grupos parlamentarios a la obtención del consenso necesario para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir: tres quintos, 210 diputados, PSOE (120), PP (88) y alguna de las formaciones integradas en el Grupo Plural o en el Grupo Mixto.

Otras fuentes, preguntadas sobre si en las reuniones de la Mesa los integrantes suscitaron debates o discusiones, dicen que no recuerdan ninguna sesión encendida, salvo las citadas apelaciones al consenso. Como apunta una de las fuentes consultadas, “quedó claro en todo momento que las batutas las llevaban Moncloa y Génova (sede del PP en Madrid)”. Había, por tanto, poco margen, por no decir ninguno.

Desde el minuto 1

Una de las fuentes sitúa el origen de la situación en un informe de los letrados del Congreso fechado en marzo de 2019, un mes antes de las elecciones generales. Según consta en el documento, al que ha accedido este medio, los propios letrados establecieron que los procesos de renovación de RTVE y del CGPJ, abiertos durante aquella legislatura, la XII, no podían decaer al disolverse las Cortes Generales con motivo del decreto de convocatoria electoral. La Mesa que surgiera en la legislatura siguiente tendría, por tanto, que calificar los procesos en curso y facilitar que continuaran.

En un informe posterior del 3 de abril, los servicios jurídicos de la Cámara enumeraron una serie de precedentes, entre ellos uno muy parecido al que ahora nos ocupa. De la legislatura VIII a la IX se postergó la renovación del Consejo del Poder Judicial. El mandato de cinco años había caducado sin que antes de la convocatoria de las elecciones se procediera al reemplazo.  

Se formó la Mesa de la XIII legislatura en mayo de 2019, volvió a descomponerse por la repetición electoral de noviembre y se volvió a formar en diciembre. Es la que gobierna el Congreso en estos momentos. La misma Mesa que, desde su minuto uno, ha visto cómo han ido sucediéndose emplazamientos a los grupos, en especial a los del PSOE y PP, para sustituir a los vocales del CGPJ. En balde.

Contradicciones

Pero ello no ha evitado que calificara positivamente dos leyes destinadas a modificar el marco normativo, lo suficientemente deteriorado por el bloqueo judicial. La primera, aprobada en marzo de 2021, se propuso regular qué funciones podían asumir los 20 vocales del CGPJ cuando estuvieran en funciones, como ahora. 

Indicaba la norma: “Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento”. Por ello, quitó de entre sus potestades los nombramientos de determinados puestos de la escala judicial, como por ejemplo los del presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las Audiencias o magistrados del Tribunal Constitucional.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se apoyaron en sus aliados habituales para tramitar rápidamente la propuesta y convertirla en ley.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se enmendó y puso en marcha una iniciativa para, previa modificación de la ley del poder judicial, restituir la potestad de los nombramientos, pero sólo en un caso, el de los magistrados del Constitucional que dependieran del órgano de gobiernos de los jueces. Se puso un plazo hasta el 13 de septiembre, pero ha expirado sin que haya acuerdo. Y este disenso, más el que tiene petrificado al CGPJ desde diciembre de 2018, es el que está en el origen de la dimisión de Lesmes.

No ha sido este un paso extraño aislado. En mayo de 2021 el PSOE y Unidas Podemos retiraron una proposición de ley encaminada a reducir el umbral de consenso parlamentario para la renovación del Consejo. De 210 votos a favor a 176, el de la mayoría absoluta, en segunda votación.

“Esta norma tiene por objeto adecuar el sistema de designación de vocales (...) al pluralismo existente en el seno de la sociedad española y en el seno del Poder Judicial”. A los grupos que componen el Gobierno les valdría el apoyo de todo el elenco de socios parlamentarios. No sería imprescindible el PP. La Unión Europa, sin embargo, protestó por la maniobra, y de ahí la retirada.