Sesenta y ocho días... de resistencia de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra 337 de los últimos soldados españoles que defendieron su posición en el archipiélago de Filipinas, en el Pacífico, aun cuando la guerra había acabado. Aquello fue el desastre del 98, el último suspiro del imperio español. Allí en Estados Unidos incitaba a la guerra el magnate de prensa William Randolph Hearst; y aquí, ante lo que ven como la caída del imperio judicial -el dominio de la derecha sobre su feudo tradicional- algunos convocan a la "resistencia" frente a los que asaltan el poder judicial. Un Gobierno que no ha logrado en cuatro años la renovación del CGPJ y que lleva 68 días sin nombrar a dos magistrados que le corresponde designar para sustituir los que nombró Mariano Rajoy en 2013, caducados el 12 de junio de 2022, es, según la derecha mediática que emula a Hearst, el asaltante.
El 20 de julio pasado, el Senado aprobó la ley que permite hacer a este CGPJ realmente existente los nombramientos de los otros dos magistrados caducados el 12 de junio. De ese modo, tanto el Gobierno como el CGPJ llenarían las cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional (TC).
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció, en un corrillo del acto de apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, que pensaba dimitir si no se hacían los nombramientos en el TC, esto es, cumplir la ley. Al día siguiente, jueves 8, el sector conservador que domina el CGPJ aceptó hacerlos, pero se enzarzó en una larga reunión sobre el "reglamento" para esas designaciones, cuando era muy sencillo: nombrar un magistrado conservador y otro progresista.
Visita del comisario de Justicia
Los vocales procedieron en dicho cónclave a nombrar una comisión negociadora pero los conservadores no podían dar los nombres de los suyos. Al establecer una fecha de reunión, los conservadores dijeron carecer de agenda para acordar un encuentro. Después de un contacto no presencial pospusieron una semana un nuevo encuentro esta vez cara a cara. Y en el mismo dijeron que no tenían nombres de candidatos, que nadie del Tribunal Supremo estaba interesado en ir al TC. En todo caso, sería, dejaron saber, imposible hacer los nombramientos en lo que queda de septiembre. A estas excusas se añadió el hecho de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitará Madrid el 29 y 30 de septiembre, con lo cual, se sugirió, era el momento para abordar la renovación del CGPJ.
Problema: ya no es posible negociar la renovación del CGPJ si no se hacen los nombramientos en el TC. Porque es este CGPJ en situación de prórroga el que tiene que hacerlos desde el 20 de julio pasado. Y no solo el CGPJ, según se ha apuntado. También el Gobierno debe nombrar a dos magistrados y espera a hacerlo -dado que el 8 de septiembre hubo un compromiso en el CGPJ de cumplir la ley- junto con el CGPJ para que los cuatro nuevos magistrados tomen posesión conjuntamente, habida cuenta de que el actual presidente caducado del TC, Pedro González-Trevijano, ha amenazado (ilegalmente) al Gobierno y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de denegarles la posesión si no son elegidos los cuatro.
El sector conservador, que cuenta con 10 vocales, más el presidente, no es sólido. Cuatro vocales (Vicente Guilarte, Nuria Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea) se han desmarcado últimamente (rechazo de dar luz verde al nuevo fiscal general del Estado. Álvaro García, como idóneo; condena de la vocal Pilar Sepúlveda por apoyar con su firma el indulto a José Antonio Griñán). Y, además, el presidente ya no les sigue en su resistencia "filipina".
Victoria moral
Pero el sector recalcitrante no tiene a un PP que le frene.
Lesmes permitió a este grupo, cuya voz cantante en el pleno extraordinario del 8 de septiembre fue su antigua mano derecha, José María Macías, desobedecer al legislador y hacer los nombramientos en fecha posterior al 13 de septiembre. Así, le daba una victoria moral para salvar la cara.
Pero a la vista de que el sector recalcitrante amenaza, como en una partida de póquer, llevar el bluf hasta el final, Lesmes quiere poner los nombres de candidatos en el pleno ordinario del jueves 29 de septiembre y convocar un pleno extraordinario el 3 de octubre para votar. Y advierte de que cuenta con los cuatro magistrados que se han separado del sector recalcitrante.
Con todo, Lesmes ha intentado no ponerse al sector conservador y Alberto Nuñez Feijóo definitivamente en contra. Por ello, al afirmar que dimitirá si el 3 de octubre no se concretan los nombramientos del TC, al tiempo le ha hurtado a los vocales del CGPJ la decisión de quién será el sucesor de Lesmes caso de que, efectivamente, dimita. Para ello ha designado sucesor al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ, basado en un informe encargado a sus letrados, al presidente de sala del Supremo más antiguo. Se llama Francisco Marín Castán.
La última trampa
¿Hay algún precedente que haya influido en este informe "técnico"?
Pues si hubiera influido la sucesión debería ser diferente.
Porque en junio de 2012, el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Dívar, renunció a su cargo y fue sustituido en el CGPJ por el vicepresidente del CGPJ (entonces existía ese cargo), Fernando de Rosa, y en la presidencia del Supremo por el magistrado de la Sala Primera, Juan Antonio Xiol.
Ahora, en cambio, resulta que la presidencia del TS y del CGPJ es inescindible.
Cuando llegó al TS y CGPJ, Lesmes creó el cargo de vicepresidente del TS y del CGPJ. Una maniobra típica de quien ya se perfilaba como todo un zar. Elegía a una persona progresista no por serlo sino porque era su amigo y así mataba dos pájaros de un tiro. Un papel de zar que ahora confirma eligiendo a su sucesor. Pero el vicepresidente, Ángel Juanes, se jubiló en octubre de 2019. Y aunque el CGPJ podía sustituirle -entonces no tenía prohibido hacer nombramientos- decidió que el nuevo CGPJ hiciera la designación por cinco años nada más renovarse.
¿Por qué ahora Lesmes no ha repetido la designación de sucesor como se hizo en 2012 con Dívar y afirma que no se puede escindir la presidencia del TS y CGPJ?
Es sencillo: porque si se aplica el mismo concepto -magistrado presidente de sala más antiguo en el Supremo- en el CGPJ el vocal más antiguo es Rafael Mozo. ¿Y cuál es el problema? Pues que es progresista.
Con todo, lo que chirría es el argumento del sector más recalcitrante capitaneado por Macías: no tenemos candidatos.
"Ciencia conservadora"
¿Pero no ha declarado Enrique López que el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial? O Pedro González-Trevijano, cuando ha declarado que "casi todos los jueces son conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora".
"Es que no va de méritos y capacidad. Y aquí la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no quiere, por ejemplo, a los conservadores Francisco Marín Castán o Diego Córdoba porque son de la asociación Francisco de Vitoria. El PP quiere 'uno de los nuestros', lo que equivale a decir de la APM", dijo una fuente judicial a este periódico.
Da la impresión de que en esta partida de póquer hay tapados. Lesmes tiene su tapado. Aquí el que pide ir al TC no sale en la foto.
Atrincherados en el CGPJ después que se ha acabado la guerra porque el Gobierno les ha devuelto la capacidad de hacer los nombramientos en el TC, los miembros del sector recalcitrante han hecho de su capa un sayo.
