Titular “Podemos abre un nuevo frente con el PSOE” cada vez que irrumpe una diferencia entre los socios de la coalición está ya más desgastado que la suela de unas viejas zapatillas de ‘running’. Por ejemplo, en estas dos primeras semanas de septiembre han trascendido cuatro desacuerdos.

Primer desacuerdo: el PSOE registró una enmienda a la Ley de Bienestar Animal para dejar excluidos a los perros de caza y otros animales que desempeñan labores específicas de deporte, pastoreo, rescate o seguridad de los cuerpos policiales. Unidas Podemos protestó porque no quiere desnaturalizar este punto y porque, alegaron, ni siquiera fueron avisados.

Segundo: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la limitación del precio de una hipotética cesta de alimentos, pero no el PSOE. El titular de Agricultura, Luis Planas, afirmó en el Congreso que esa medida ni mucho menos estaba en los planes del Gobierno.

Tercero, éste en forma de triángulo. Mientras el PSOE apoyó sin reservas los convenios para la ratificación de los ingresos de Suecia y Finlandia en la OTAN, Unidas Podemos, 33 diputados/as, se rompió en dos partes desiguales. Los “morados” se decantaron por la abstención, incluido el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, pero siete de sus representantes quebraron la disciplina y votaron en contra.

Cuarto: el pleno del Congreso debatirá el jueves próximo si continúa la tramitación de la ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, más conocida como “ley Darias”. Varias formaciones con representación parlamentaria, Cs y PDeCAT entre ellas, han registrado sendas enmiendas a la totalidad, es decir, propuestas de cancelación del trámite. Unidas Podemos ha desvelado que está meditando el voto. En otras palabras: que no le gusta la ley del todo y sopesa unirse a los grupos que pedirán al Gobierno que vuelva con otro proyecto.

Un diputado que negocia cada semana con el Gobierno cree, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que se trata de una muestra más del “juego táctico” en el que se ha implicado Podemos con el fin de adquirir un perfil propio. Diferenciarse del PSOE, y además vislumbrarse como la fuerza política progresista que logra los avances sociales más notables, son objetivos que persiguió Pablo Iglesias y que persiguen Ione Belarra e Irene Montero. 

Fuentes de la coalición consultadas por el grado de verosimilitud del dilema de Unidas Podemos piden esperar a la reunión que el grupo tendrá el próximo miércoles, 24 horas antes del debate.

El “juego táctico” choca con los frecuentes llamamientos que a la discreción y la lealtad han efectuado diversos dirigentes socialistas. En privado, fuentes del PSOE recalcan que las maniobras de los “morados” causan ya hartazgo y enfado. En público, las peticiones de calma son también claras, pero más amables. El pasado 29 de agosto, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, pidió al socio en el Gobierno que aparcara el “ruido” en torno a la gestión legislativa. Fuentes de la confluencia reconocen que les molesta el empeño de sus colegas socialistas de seguir actuando y comportándose como si el Gobierno fuera sólo suyo.

Que los dos partidos que forman el Gobierno discutan y confronten sus puntos de vista está dentro de la lógica, pero, como han afirmado diversos portavoces parlamentarios, Aitor Esteban, del PNV, por ejemplo, sería aconsejable que antes de batallar por la narrativa y de incurrir en prácticas con tinte electoralista, la coalición lleve al Congreso iniciativas ya pactadas y enmiendas conjuntas. Cuando lo dijo, se refirió a la propuesta para topar los alimentos, que tildó de “parche”. 

Largo historial

Un vistazo a algunas de las últimas leyes aprobadas enseña disensos y dificultades en cada tramitación. Pocas veces, sin embargo, cuando ha tocado aprobar definitivamente una norma, han relucido las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Sólo en la ley audiovisual se desmarcaron los “morados” debido a una modificación de última hora de los socialistas, lo que elevó el volumen de la intriga a niveles máximos, pero el PP permitió la salvación.

Porque el PSOE también pone sus obstáculos; los incordios, por llamarlos así, no se pueden atribuir sólo a los "morados". En la ley de garantía integral de la libertad sexual, la del “sólo sí es sí”, el grupo socialista defendió con ahínco una enmienda encaminada a abolir la prostitución. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el PNV no la querían. Una norma que había seguido un trámite más o menos pacífico de pronto se dio de bruces con una diferencia de calado que a punto estuvo de arruinarla. El PSOE retiró la enmienda y la sustituyó por una proposición de ley, ya registrada y fuente, más que probablemente, de futuras turbulencias.

Antes de aquello, a primeros de junio, la ley de los planes públicos de pensiones estuvo cerca de descarrilar porque a la falta de apoyos entre las formaciones de izquierda, se sumó el malestar de Unidas Podemos, que defendió acabar con los topes máximos de cotización a la Seguridad Social. El PSOE votó a favor por error y se montó un buen lío porque el Ministerio había descartado semejante extremo. El pasaje quedó suprimido y Unidas lo acató, pero la tensión pudo tocarse con los dedos.

La agenda legislativa está cristalizando, no hay duda, pues ahí están todas las leyes bandera aprobadas y algunas que quizá se aprueben este otoño. Ahora bien, a qué precio. Las convalidaciones de los decretos leyes (reforma laboral o los tres que ha generado ya la guerra de Ucrania) se cumplen de milagro y los proyectos legislativos deparan sorpresas, incluso en normativas que deberían abstraerse del desenfreno táctico de la política española, como la reciente ley de Ciencia.

Así que si uno mira este particular retrovisor, verá “pelea” por todas partes: en los presupuestos de 2021 y 2022, en la posición sobre el estatus del Sáhara Occidental y la relación con Marruecos (en la votación de la proposición no de ley el PSOE se quedó solo), en la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en la reforma de tributos como el de Sociedades o en gravámenes a las rentas altas, en las comisiones de investigación al rey emérito, en la legalización del cannabis o en la reciente polémica sobre aumento sí o aumento no del gasto militar.

Disputas que no se saben... o que se saben poco

En el Congreso, la relación es fluida. Las personas que la engrasan a diario son, básicamente, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, cargo que esta legislatura funciona más como negociador político que como facilitador de trámites; más como dirigente de grupo, el suyo, que como representante ‘neutral’ del Gobierno. 

Ambos se encargan de analizar las sesiones plenarias de las semanas en curso y de las semanas que vendrán. Distinguen las leyes que crearán problemas y las que no, o las que generarán superables vicisitudes. A veces ocurre que las tensiones y discrepancias se gestionan en privado. La razón tiene que ver con la ausencia de rédito político.

Por ejemplo, en la recientemente aprobada ley concursal, los socios de la coalición mantuvieron una sorda lucha por dar a los trabajadores el control de la empresa que haya quebrado y se encuentre en proceso de disolución; tendrían derecho de tanteo y un sistema de capitalización. Aquí la formación de Ione Belarra ganó la batalla.

Apenas se conoció la pugna porque la ley concursal, aunque esencial en contextos de crisis, no es muy rentable electoralmente. También es cierto que los negociadores huyeron del relumbrón mediático. Como hicieron para pactar las enmiendas a la ley de memoria democrática, ya aprobada en el Congreso. O como hicieron para culminar la ley contra la discriminación, o “ley Zerolo”, cuyo recorrido antes y durante la ponencia se vio salpicado por multitud de obstáculos. Unidas Podemos quiso retrasar la ley, pero el PSOE se llevó el gato al agua. Ya está en vigor.

¿Un silencioso otoño?

Habrá que ver qué método impera en los platos fuertes que vendrán con el otoño. Los cruces de declaraciones no auguran discreción. Las negociaciones de los presupuestos de 2023 y de la ley de vivienda serán arduas. El primero es un proyecto que quiere tener listo el Gobierno para el comienzo del año que viene. El segundo es un proyecto que, si ven que es imposible su aprobación, y ahora mismo lo es, es probable que el PSOE aparque. Unidas Podemos no quiere que pase tal cosa. 

Igual de enrevesada se prevé la negociación de la nueva ley de información reservada (la de secretos oficiales), ya que en el plazo para la desclasificación de documentación sensible se ha concentrado un profundo malestar. Y en la reforma de la ley del aborto.

Entre los diputados y diputadas de las fuerzas de izquierdas empieza a cundir esta pregunta: ¿Cómo es posible que la gestión del Gobierno, más allá de ramalazos de actitud (prepotencia y ambigüedad negociadoras) o de sus habituales trucos parlamentarios (decretos mix de un sinfín de temas u olvidos de ciertas leyes), esté tan mal valorada?

Varias elucubraciones, entre ellas ésta: las discordancias y diferencias constantes entre PSOE y Unidas Podemos habría agotado ya a la ciudadanía ideológicamente afín.