El Ministerio de Hacienda ya tiene ultimado un nuevo documento para abordar la reforma de la financiación autonómica. Un borrador que enviará a las comunidades autónomas y con el que seguirá el intercambio de papeles que empezó con mucho retraso en diciembre de 2021, cuando el sistema actual, vigente desde 2009, llevaba más de un lustro caducado. El informe técnico, que pivota sobre la población ponderada como eje central para el reparto de recursos del Estado entre las comunidades, es genérico y lo suficientemente amplio, aseguran desde el Ministerio, como para que todas las comunidades puedan encajar sus aspiraciones. Un primer borrador se remitió a las comunidades que respondieron con sus propuestas. Ahora, vuelve a las autonomías.
El Gobierno pondrá la pelota, de nuevo, con una oferta en la que ha tratado de incorporar las principales reclamaciones de cada territorio, en el tejado del PP, descontando que Alberto Núñez Feijóo se enfrenta a diferencias profundas entre sus diferentes barones sobre cómo debe ser el futuro modelo, según publica esta martes El Periódico de España. Él mismo como presidente de Galicia abanderó un frente de las regiones despobladas, que piden que se prime la dispersión o el envejecimiento, aglutinando a comunidades como Asturias, Castilla y León, Castilla- La Mancha o Extremadura. Enfrente, Andalucía, Valencia o Murcia, las más perjudicadas por el actual modelo. Como presidente del PP dejó atrás ese discurso semanas atrás, cuando se abrió a defender una financiación para el arco mediterráneo, consciente de lo que su partido se juega en la Comunidad Valenciana. También Juan Manuel Moreno ha hecho bandera de este asunto en Andalucía.
Los intereses en el PP son muy distintos entre Galicia o Castilla y León frente a Andalucía y Murcia o respecto a Madrid, donde el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, va por libre. Génova tratará de afinar la música entre las distintas comunidades para que no haya contradicciones pero deja claro que Feijóo no impondrá a los gobiernos autonómicos ningún documento y que dará vía libre para que cada presidente defienda sus propios intereses, respetando la autonomía de cada territorio. A ese guirigay de voces tratará el Gobierno de endosar la responsabilidad de la falta de una reforma que empieza a ser acuciante para algunos territorios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre asegura que la financiación cose un traje prêt-à-porter, no se trata de sastrería a medida, y que todos los territorios tendrán que ceder en sus aspiraciones de máximos y buscar vestir la propuesta.
Sin reunión en Génova
Según ha sabido este periódico, aún no ha existido ninguna reunión de coordinación entre los consejeros de Hacienda sobre este asunto y el responsable económico del PP, Juan Bravo, exconsejero de esta cartera en la Junta de Andalucía, ha estado volcado en una propuesta de plan energético que remitió al Gobierno este lunes. Cuando llegue el documento del Ministerio de Hacienda, se convocará a los consejeros autonómicos.
Desde la dirección nacional del PP tratan de minimizar las diferencias entre territorios y aseguran que las mayores tensiones están en las comunidades del PSOE. La respuesta desde la dirección nacional es clara: exigen al Gobierno que ponga más recursos en el sistema para que ninguna comunidad pierda. Así creen que sí sería posible el acuerdo. Desde el área económica del PP apuntan al último dato de recaudación del Gobierno, con 119.251 millones ingresados por impuestos y cotizaciones sociales, 22.000 más que hace un año, cuando la ministra Montero estimó que la inflación elevaría la recaudación en 9.000 millones de euros. Aseguran que la llave para sellar un nuevo modelo está en que se incrementen para todos los territorios los recursos del sistema. Aún así será difícil mantener la ordinalidad del sistema; un status quo a la que se aferran las comunidades que están por encima en el ranking de las que más reciben.
Sin fe en el acuerdo
Ni el Gobierno ni la oposición tienen fe en que se vaya a cerrar un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que permita reformar un elemento crucial en la arquitectura del Estado autonómico. PP y PSOE deberían llegar a un acuerdo por arriba para pactar el nuevo sistema, los dirigentes autonómicos tendrían que ser capaces de cerrar un pacto con Pedro Sánchez en una Conferencia de Presidentes y territorios como Cataluña, donde la tensión entre los partidos independentistas de la Generalitat está desbocada, aceptar un nuevo reparto de recursos. Hasta ahora, ERC ni siquiera había participado en los trabajos previos de forma conjunta con el resto de comunidades.
El sudoku ya es de por sí complicado pero en plena carrera electoral, con municipales y autonómicas en mayo, generales en 2023, una advertencia de deterioro económico inminente, la inflación descontrolada y hasta amenaza de recesión en Europa, nadie apuesta porque este problema político tenga una solución. Sin embargo, dejarlo a un lado y orillar la reforma tampoco es un camino para el Gobierno, que vio como comunidades clave como Valencia elevaban la tensión y la presión por su reforma. El presidente Ximo Puig no ha dejado de clamar porque se corrija un sistema que condena a la desigualdad a las comunidades y con el que Valencia, Andalucía y Murcia son las más perjudicadas. El barón socialista siempre advierte de que las diferencias ya enquistadas entre comunidades están generando serias dificultades a las que menos reciben, advirtiendo también de la competencia fiscal desleal que se permiten aquellas que juegan con más recursos, como es el caso de Madrid.
