Tres meses de 2022 (octubre, noviembre y diciembre), siete meses de 2023 (febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre). Esto es lo que queda de legislatura. El tiempo de juego que resta. En el Congreso, en los corrillos y conversaciones, la cuenta atrás es ya inevitable.

Los períodos de sesiones parlamentarias son dos anuales: de febrero a junio; y de septiembre a diciembre. En los cálculos realistas de varias fuentes parlamentarias consultadas, los plazos se estrechan considerablemente. Este mes de septiembre, a efectos legislativos, significará poco. El martes que viene, primera sesión del primer pleno del curso, los diputados debatirán la toma en consideración de la proposición de ley para fijar impuestos a los beneficios de las compañías energéticas y de las entidades bancarias. Nadie en el Congreso cree que la propuesta sufrirá una tramitación lenta. 

Antes de que vuelva al pleno para su aprobación definitiva, habrá comenzado la negociación de los presupuestos del ejercicio 2023, el último año de la legislatura. El portavoz del PNVAitor Esteban, destacó en una entrevista en TVE que el Gobierno había efectuado un contacto inicial, pero genérico. Tres fuentes de otros tantos grupos parlamentarios informan a El Periódico de España de que no han recibido noticias del Ejecutivo o del PSOE a este respecto. A finales de mes, el Consejo de Ministros debería remitir el proyecto al Congreso, y a partir de entonces, procedimiento y negociaciones.

Primero, salvar las enmiendas a la totalidad; después, negociar. En despachos sin prensa y en la Comisión de Presupuestos en abierto. Artículo a artículo, enmienda a enmienda, tras las comparecencias explicativas de los cargos de la administración, los diputados irán perfilando el proyecto. Llegará el momento de la aprobación en el pleno, y si sale, trampolín hacia el Senado.

En la Cámara Alta no es menos alambicada la negociación. La mayoría del PSOE es aún más frágil porque Unidas Podemos carece de representación. La dependencia de ERC, de EH Bildu, PNV y otras formaciones nacionalistas, independentistas y regionalistas ha provocado y provocará sobresaltos. El límite temporal es diciembre, incluso las fechas navideñas. Los presupuestos vigentes fueron aprobados el 28 de diciembre de 2021.

Aunque por reglamento es posible suspender todos los trámites legislativos para dar impulso al proyecto presupuestario, la ley anual más relevante de cualquier gobierno, no es un precepto obligatorio. Podrían el Gobierno y sus aliados impulsar la cada vez más arrinconada ley de vivienda. Es una de las banderas de la coalición, en especial de Unidas Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, negoció con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la redacción. En su pasado reluce el compromiso contra los desahucios y las soluciones habitacionales. Ninguna de las fuentes de PSOE y Unidas Podemos consultadas durante los últimos meses por este medio duda de que no sea una prioridad de legislatura. Tampoco dudan de que creará encono y problemas, y no sólo entre socialistas y “morados”, sino también con aliados preferentes como ERC y socios ocasionales como PDeCAT. 

Ni por la izquierda ni por la derecha tiene salida esta ley, al menos de momento. PP y Cs presentaron enmiendas a la totalidad; al PNV no le gusta nada. Tampoco a EH Bildu. Sin embargo, el bloque progresista del Congreso, el mayoritario, coincide en que hay que aprobarla como sea. Que ocurra durante el otoño o durante el invierno es otra cuestión, pero antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 debería entrar en vigor.

El rubicón electoral

Mayo de 2023 es un mes que en el calendario de las formaciones políticas está encerrado en un círculo rojo. El último domingo se celebrarán elecciones en Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Y habrá urnas para decidir las composiciones de todos los ayuntamientos de España. Aunque falta saber la fecha de los comicios para la Presidencia de la Comunidad Valenciana, se trata ya de una cita de elevadísima exigencia. Una competición electoral clave para el futuro de Pedro Sánchez.

Cuando coinciden en el mismo año autonómicas, municipales y generales (lleva pasando desde 2011), las primeras y segundas anticipan el desenlace de las terceras. Hace 11 años, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se estrelló con tal estrépito en las regionales y locales que pronosticó la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. En 2015, el PP acusó la gestión de la crisis financiera y comprometió el resultado de su líder, quien ganó en diciembre con tan poco margen que no pudo formar gobierno hasta después de la repetición de junio de 2016. 

En 2019, las generales fueron antes que las autonómicas y municipales, un mes antes exactamente. Como hubo que repetirlas en noviembre, los comicios de mayo, en los que el PSOE fue la fuerza más votada, sirvieron de puente entre las dos victorias de Pedro Sánchez.

Las perspectivas de mayo 2023 para el presidente de Gobierno, cara a revalidar mandato, son oscuras actualmente. El PP de Alberto Núñez Feijóo encabeza las encuestas. Quedan ocho meses, un mundo, pero ni los vientos de recesión o crisis económica ni los de la demoscopia soplan a su favor. 

El efecto de unas elecciones autonómicas y municipales en el calendario legislativo hay que verlo desde una óptica política. Si bien la actividad se suspenderá durante la semana de la jornada electoral, los días previos o posteriores pueden servir de aliciente para aprobar nuevas normas o de cortapisa. Si al Gobierno le interesa movilizar a la mayoría aliada para sacar adelante leyes emblema, empujará hacia ello. Si no, parará motores. No suelen ser meses dados a la profusión legislativa, no obstante.

El verano de 2023, ¿persiana bajada?

El Gobierno, ahora mismo, quiere llegar a final de año con los presupuestos aprobados, con la ley de vivienda pactada y con la ‘ley mordaza’ derogada. Cuenta, además, con el despliegue de cuantos decretos sean necesarios para resistir la onda expansiva de la guerra de Ucrania. Ya van tres decretos relacionados (los dos anticrisis y el del ahorro energético). Y no hay que olvidar la ley de los impuestos a las eléctricas y a los bancos.

Los ritmos con la ley del aborto generan más incertidumbre, aunque el Gobierno ha abogado por el trámite de urgencia, lo que contrae los plazos a la mitad.

Con todo, la presencia de las elecciones de mayo influirá en el calendario, en la aceleración o en la ralentización de los planes normativos del Gobierno. Una fuente de un grupo del bloque progresista apuesta por un otoño intenso; por tres meses plagados de leyes y presupuestos. Legislar durante la primera mitad del año que viene lo ve incierto.

Así están muchos diputados ya, inmersos en una cuenta atrás. Quedan diez meses como mucho. Para una planificación legislativa ambiciosa es un tiempo cortísimo. Queda tan poco, de hecho, que ni siquiera tiene sentido licitar ya el contrato de reemplazo de los móviles de los diputados, protesta una fuente.