El comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que el Estado "violó los derechos" de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull al vulnerar el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e impedirles ejercer, a través de la suspensión de sus funciones públicas, durante los dos años que estuvieron recluidos sin condena firme. En ese periodo, y a pesar de ser elegidos en las urnas por la ciudadanía, el Estado les negó la posibilidad de llevar a cabo la labor encomendada. "La decisión de imputar a los autores por el delito de rebelión que resultó automáticamente en sus suspensiones de sus funciones públicas previas a la condena no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos" reza la literalidad del escrito. El dictamen de Naciones Unidas fue recibido en las filas independentistas con gran alegría por cuanto entienden que supone un sonoro bofetón al Estado español.
En el dictamen, el órgano de la ONU subraya que el instrumento que permitió al Estado apartar a los entonces presos de la vida política, la acusación del delito de rebelión por la que, finalmente, no fueron condenados, ha sido puesto en duda por varias instancias internacionales que han destacado el marcado tono pacífico de las movilizaciones independentistas de otoño del 2017 y que condujeron a una declaración de independencia.
El comité sanciona que los delitos por los que se pueden vetar los derechos fundamentales de participación en la función pública y la concurrencia a procesos electorales tienen que estar ampliamente delimitados y ser "previsibles", es decir, que esté "formulada con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella y que esta no puede conferir una discrecionalidad ilimitada o generalizada a los encargados de su aplicación.
El delito de rebelión, según el artículo 472 del Código Penal se limita a aquellos que “se alzaren violenta y públicamente”. Y el comité "toma nota", a diferencia de la justicia española, de que los ahora expresos "instaron a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y recuerda que hay una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas y que los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión como tal”.
Y no solo eso, el órgano de la ONU, el comité, como una especie de prueba del nueve, se apalanca sobre la propia sentencia del juicio del 1-O para dictaminar la existencia de la violación de derechos, ya que "los tribunales internos del Estado finalmente condenaron a los autores por el delito de sedición en lugar del delito de rebelión por entender que no concurrió el requisito de violencia que exige el artículo 472 del Código Penal". Y para hacer visible la gravedad del caso recuerda que "los derechos garantizados por el Artículo 25 del Pacto están estrechamente relacionados con la libertad de expresión, de reunión y de asociación" base en toda sociedad democrática.
El dictamen no ha sido suscrito unánimemente ya que de los 18 miembros que lo constituyen, 17 si se excluye al español Carlos Gómez, por evidente conflicto de intereses, el portugués José Santos y el egipcio Waffa Bassim emitieron un voto particular.
"Vergüenzas del Estado"
El 'president' Pere Aragonès afirmó este miércoles que el dictamen "deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado". En un mensaje en su cuenta de Twitter, Aragonès apuntó que "la represión y la vulneración de los derechos fundamentales son líneas que jamás deberían de haberse cruzado". Para el presidente de la Generalitat, no sólo "se han violado gravemente los derechos humanos" de los cuatro expresos, sino de "todos los catalanes".
Dos de los denunciantes, Turull y Rull, por su parte, celebraron como una "victoria" del independentismo contra el Estado el escrito del organismo de la ONU. Rull, además señaló que "en un Estado de derecho homologable habría consecuencias fulminantes".
