El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un paso más en la investigación del espionaje con Pegasus sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Defensa, Margarita Robles, y se intentó con el de Agricultura, Luis Planas.

Tras escuchar a los testigos que ya han comparecido en la causa considera imprescindible tomar declaración a Grande-Marlaska y Robles, para lo que ha acordado dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique los asuntos, actos, documentos, informaciones, declarados secretos o reservados, y que pudieran verse afectados por dichos testimonios. 

Calama acuerda estas diligencias a la vista de las declaraciones testificales que prestaron ante él la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado, y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que optó por hacerlo por escrito, pese a que el magistrado le propuso utilizar una videoconferencia, para poder repreguntarle.

Ninguna de las dos entidades a las que se ha permitido ejercido la acusación popular, Prolege y Apedanica, han reunido ya los 10.000 euros respectivos que se les impuso de fianza, por lo que aún no están realmente personadas.