La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya tiene fecha para sentarse en el banquillo de los acusados por el presunto fraccionamiento de 18 contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Independientemente del resultado de la vista oral, el futuro de la jefa de Junts en la Cámara catalana depende de la aplicación del reglamento y de la interpretación que haga la Mesa y la bancada independentista de los artículos por los que se ve afectada al ser acusada de prevaricación y falsedad documental. Borràs se niega a dimitir y defiende su inocencia, así que intentará aguantar en el cargo. Este es el periplo parlamentario al que se enfrenta a partir de ahora:
¿Puede ser apartada del cargo?
El artículo 25.4 del reglamento explicita que en los casos en que un diputado sea acusado por delitos "vinculados a la corrupción", la Mesa del Parlament, "una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata".
Todos los partidos, salvo Junts, consideran que los delitos que se achacan a Borràs están relacionados con la corrupción, aunque la presidenta niega que pueda quedar sujeta a estas consideraciones porque insiste en que la suya es una causa política. La corrupción en sí no aparece en el Código Penal, pero el Consejo General del Poder Judicial sí incluye en esta categoría el delito de prevaricación.
En la Mesa, hay cinco votos del PSC, ERC y la CUP a favor de suspenderla -directa o indirectamente- y dos de Junts, pero la presidenta no podrá votar por conflicto de intereses, así que el partido sólo registrará un voto en defensa de Borràs, el de la secretaria Aurora Madaula.
¿Cómo pretende Borràs evitar ser suspendida?
En el caso de que se planteen dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable, como es previsible viendo la voluntad de la presidenta, la Mesa del Parlament puede solicitar un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados que está presidida por uno de los hombres de confianza de Borràs, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts).
El precedente del 'caso Juvillà' marca que este dictamen, sea favorable o no a Borràs, se someta después a votación en el pleno sin el pronunciamiento de la presidenta, ya que ella abogó a un conflicto de intereses para vetar el voto delegado del cupero. Aquí es donde entran en juego ERC y la CUP, que siempre se han desmarcado de la corrupción y desligan el caso Borràs de los procesamientos a independentistas en el marco del 'procés'.
La vía que podría emplear Borràs es que el dictamen se centre en el artículo 25.1 del reglamento y no en el 25.4 que la suspende de forma inmediata, porque fija que los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados". En este caso, no se mencionan delitos vinculados a la corrupción y para que sea apartada se requiere de los votos de la CUP porque PSC, Vox, Cs, PPC y En Comú Podem suman 61 y la mayoría es 68 (con los anticapitalistas alcanzarían 70). Esta visión comprometería a Esquerra, que debería decidir de qué lado está y, a la vez, dividiría al independentismo en el hemiciclo y Borràs podría lanzar el mensaje de que sus socios la suspenden públicamente.
¿Cuándo y quién apoyó la suspensión por corrupción?
La inclusión del artículo 25.4 en el reglamento fue a cargo de la CUP, que transaccionó el texto con Junts pel Sí (ERC y Junts). El 26 de julio de 2017 se abrió el melón del reglamento para allanar la ruptura en pleno pulso soberanista para sacar adelante las leyes de desconexión y los anticapitalistas aprovecharon este margen de maniobra para aprobar la suspensión de un diputado de sus funciones cuando se le abra juicio oral por una causa vinculada a delitos de corrupción. Nunca se ha llegado aplicar, así que el primer precedente, por lo tanto, sería el de Borràs, despojándola de sus funciones en el Parlament.
¿Qué opinan los letrados?
Los letrados, a petición de Borràs, elaboraron un informe que proponía varios cambios en el reglamento y uno de ellos se refería precisamente al artículo 25.4. Apostaban por suprimirlo, alegando que "no tiene ningún precedente ni referente en nuestro derecho parlamentario". "Contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental (el de participación política) que presenta serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental", sostuvieron entonces los servicios jurídicos. En un informe previo, de 2018, se sugería que el redactado era ambiguo y que cabía clarificarlo.
El pasado marzo los grupos parlamentarios constituyeron la comisión que debe modificar la normativa interna para adaptarla a la actualidad. El teletrabajo, la transparencia, el plan de igualdad y el 'cordón sanitario' a la extrema derecha se sitúan como las prioridades de consenso a reformular y todos los partidos, salvo Junts, insisten en que no tienen ninguna intención de modificar el artículo 25.4. En todo caso, una reformulación del texto tampoco llegaría a tiempo para blindar a Borràs, según varias fuentes parlamentarias.
¿Quién asumiría las funciones de Borràs?
Con el reglamento vigente, Borràs no podría ejercer como diputada ni como presidenta del Parlament, pero conservaría su acta como parlamentaria porque se trata de una suspensión temporal y acotada al plazo entre la apertura del juicio oral y la posterior sentencia. En el caso de que fuera absuelta, sí podría volver a ejercer porque no habría corrido la lista, ya que no se emitirán nuevas credenciales.
Ahora bien, en el momento en que quede sin atribuciones, la presidencia de la Cámara catalana quedará vacante y la vicepresidenta primera, Alba Vergés, deberá asumir sus competencias de forma interina. Esto siempre que Junts quiera mantener la plaza que ocupa Borràs vacía, porque si opta por conservar el puesto y ejercerlo, puede proponer a cualquier otro diputado de sus filas y votar su candidatura en el pleno.
Otra opción, más compleja, pasa por la renuncia de la vicepresidenta primera y por poner en su lugar a alguien de Junts -siempre sometido a votación- ejerciendo así como interino y que se reorganicen las cuotas de poder en este órgano. Según el acuerdo entre ERC y Junts tras las elecciones del 14-F, los primeros ostentaban el mando de la Generalitat y los segundos lideraban el Parlament.
