El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha rechazado el último recurso presentado por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para quien la fiscalía reclama seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros por el presunto amaño de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para favorecer a un amigo y colaborador suyo, Isaías Herrero. La acusación le atribuye un delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público y se la exculpa de malversación de fondos y fraude administrativo, infracciones penales que hubieran incrementado la petición de pena de prisión.

En esta ocasión, el juez instructor del caso, Carlos Ramos, ha inadmitido a trámite el recurso de apelación presentado por Borràs contra el auto en el que rechazaba su recusación para poder juzgar a la presidenta del Parlament. La providencia dictada por el magistrado sostiene que "el alto tribunal europeo ha declarado que las recusaciones basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso — es el caso de las invocadas por la representación de Borràs— pueden ser inadmitidas razonadamente por el propio magistrado recusado, sin que ello sirva para cuestionar su imparcialidad".

El togado precisa que "la preocupación de un instructor porque el procedimiento no sufra dilaciones indebidas a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa de ningún interés espurio".

Los últimos cartuchos

Borràs ha agotado así los recursos que tiene para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. El único trámite que queda para que esto suceda es la apertura del juicio oral. Cuando se dicte, la causa será remitida a las defensas de los tres imputados (uno quedó ya excluido) para que presenten sus calificaciones. Tras ello, el TSJC fijará la fecha del juicio. Cuando se dicte la apertura del juicio oral se abrirá el debate político en el Parlament sobre la continuidad o no de Borràs al frente de la Cámara catalana.

El artículo 25 del Reglamento del Parlament -reformado a instancias de la CUP- expone que cuando se dicte la apertura de juicio oral, la Mesa del Parlament, una vez sea firme la apertura del juicio oral en casos de corrupción (podría encuadrarse en este apartado los delitos atribuídos a Borràs), acordará suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de "manera inmediata". La apertura de juicio oral no puede ser recurrida.

"Es precisamente pensando en la dignidad del Parlament que considero que no debo dimitir", espetó a principios de mes Borràs en un discurso, intentando enmarcar su caso en la "persecución al independentismo", poniendo en duda la instrucción y cargando contra las fuerzas políticas -entre ellas, ERC y CUP- por reclamar su cese "aprovechando la autoritaria acción de la justicia española como excusa". "No tengo ninguna intención de dar un paso al lado como me exigen los que con poca capacidad para disimular me quieren apartar de la vida política", subrayó.

Junts, a la espera de ERC

Junts, que ha reunido este lunes a su ejecutiva, apoya a su presidenta y espera a los movimientos de ERC, decisiva en cuanto a las decisiones que deba adoptar el Parlament. Esquerra sugiere que la presidencia provisional -hasta que el juicio finalice y se emita sentencia- debería recaer en una persona de Junts. Pero fuentes del partido de Borràs no quieren adelantar acontecimientos. En Junts, además, existen posiciones diferentes sobre la contundencia de la réplica a ERC si los republicanos facilitan que Borràs sea despojada de las funciones de presidenta mientras dura su causa judicial.