El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo sólo una breve mención en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nación. Breve, pero clara de la posición del Gobierno. Defendía la doble estrategia para conseguir que en el futuro Canarias y Baleares tengan un sistema eléctrico enteramente renovable. “100% renovables. Renovables. Ni nucleares ni centrales térmicas”, sentenció cosechando los aplausos de su bancada en el Congreso.
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas que conducirá al apagón nuclear total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla la clausura escalonada de las plantas entre 2027 y 2035.
El Ejecutivo ha venido manteniéndose firme en los últimos meses en su posición de que se cumplirá el calendario de cierres acordado y subrayando que el debate en plena crisis de precios energéticos sobre apostar más por la nuclear en España es artificial porque ninguna compañía muestra interés cierto en realizar nuevas inversiones en este tipo de energía.
El Partido Popular y Vox han aprovechado el Debate sobre el Estado de la Nación para volver a meter presión sobre un aplazamiento del apagón nuclear e incluso apuntando -más explícitamente desde el partido de ultraderecha- también la necesidad de mantener en funcionamiento las centrales de carbón.
“¿Por qué se empeña en cerrar las nucleares antes de lo necesario?”, espetó la portavoz popular, Cuca Gamarra, tras acusar a Sánchez de empeorar la crisis energética “atacando” a la nuclear, al gas y a las centrales térmicas y con el choque diplomático con Argelia. Desde el PP se recordó la decisión de la Unión Europea de considerar inversiones verdes las realizadas en nuclear y gas y se hizo una petición: “Súmese, señor Sánchez. Es una oportunidad para bajar el recibo de la luz”.
Vox directamente abogó por “abolir” las normas que promueven la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, recordando que otros países europeos están reactivando sus centrales de carbón o están retrasando cierres de centrales nucleares ya programados para hacer frente a la crisis energética. “Rectifique hoy mejor que mañana”, apuntó Santiago Abascal, presidente de Vox.
Presión en el Congreso por la crisis
El Gobierno acaba de poner en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. Y el nuevo plan está planteado sobre la base de que todas las plantas irán cerrando de manera escalonada entre 2027 y 2035, para cuando se espera el apagón nuclear definitivo en el país.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, se ve un escenario de cierres progresivos “claramente definido” y sin “ninguna expectativa de cambio”, y se insiste en que ninguna compañía ha manifestado interés alguno en realizar nuevas grandes inversiones para prolongar la vida de las centrales existentes y ni mucho menos por nuevas instalaciones.
Pero en plena crisis energética, con los precios de luz y gas marcando máximos, y con la independencia energética de los países en la picota por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania y su incidencia en la seguridad de suministro, de los partidos políticos de la oposición ya se lleva tiempo metiendo presión sobre la necesidad de reabrir el debate sobre el calendario de cierres fijado en España.
El Congreso de los Diputados ha rechazado en los últimos meses hasta tres mociones (de PP, Vox y Ciudadanos) en las que se reclamaba al Gobierno un alargamiento de los plazos de los cierres de las centrales como vía para reforzar la soberanía energética del país. El objetivo del trío de mociones de los tres partidos era prolongar la vida de las plantas por encima de lo ahora previsto y retrasar el apagón nuclear más allá de 2035 para reforzar la autonomía energética, frente a la dependencia del gas. La moción del partido de ultraderecha iba más allá y proponía incluso derogar los objetivos de recorte de emisiones y la legislación contra el cambio climático.
Ahorro energético
En paralelo, Sánchez alertó del riesgo de que Vladimir Putin utilice como “otra arma de guerra” un corte de suministro de gas hacia Europa y de las enormes consecuencias económicas que tendría. Desde el Gobierno y el propio sector energético se subraya que para España no hay riesgo de suministro por baja dependencia del gas ruso y por la diversificación de los países de origen de las importaciones, pero sí del golpe que supondría para la economía española a través de la subida de los precios energéticos.
Ante esta situación, Sánchez adelantó que el Gobierno pretende lanzar un plan de ahorro energético en los próximos meses para prevenir este impacto económico, en el que se incluirán medidas de impulso del teletrabajo, de fomento del transporte público u otras como “bajar un poco la temperatura de la calefacción o subirla en el aire acondicionado”, acelerar el despliegue de renovables y del autoconsumo. “Debemos hacerlo y lo vamos a hacer”, sentenció el presidente.
